Acogimiento familiar, la alternativa a los centros de menores

Hogares frente a residencias de menores. Marcos (nombre ficticio) acaba de acoger a un niño de cinco años. Ha pasado poco menos de un año desde que él y su pareja decidieran optar por el acogimiento familiar: “Nos encontramos en el inicio del proceso, muy ilusionados pero con muchos miedos también”, admite. No tienen hijos. Esta será su primera experiencia como padres y casi de golpe les ha cambiado la vida.

Después de los cursos de formación que han recibido para poder optar a ser familia acogedora, además de demostrar una renta económica mínima y la carencia de antecedentes penales, se les asignó hace apenas quince días al pequeño Hugo (también ficticio). No es una adopción, sino una medida que permite a los menores bajo protección del Estado vivir en un hogar. También es la fórmula más recomendada por los expertos.

Unos 4.000 menores se encuentran en estos momentos tuteados por la Comunidad de Madrid, en diversas medidas de acogimiento, según los datos de Adamcam, asociación de familias de acogedoras y simpatizantes en favor de la acogida. De estos, aproximadamente el 40% lo hace en familias. El acogimiento familiar es el recurso que evita la institucionalización de niños cuyos padres, por circunstancias personales o sociales, no pueden hacerse cargo de ellos y pasan a ser tutelados por la administración. La retirada de la tutela a los padres biológicos puede ser por un periodo de tiempo temporal o permanente, durante el cual debe primarse el bienestar el menor.

“La acogida familiar les permite integrarse en un ambiente que les proporciona la seguridad, el afecto y la estabilidad esencial para su desarrollo”, explica a este medio la presidenta de Adamcam, Elvira Perona, que añade que esta modalidad de acogimiento permite que los menores pasen poco tiempo en las residencias. “Un menor de corta edad no debe estar institucionalizado demasiado tiempo”, insiste.

Cuando la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presentó la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia en 2013, aprobada finalmente en 2015, apuntó a que la norma iba encaminada a “priorizar las soluciones familiares de acogimiento y de adopción frente a las residenciales”. Pero la realidad hoy en la región de Madrid está aún lejos de ese propósito: el 60% de los menores tuteados por la administración se encuentran en residencias. Marcos, que ha podido tener contacto con el centro donde residía Hugo, alaba el trabajo de los educadores sociales que se hacen cargo de los menores, pero su impresión es que las residencias están masificadas.

Una Proposición No de Ley registrada en la Asamblea de Madrid por la diputada de Podemos Isabel Serra, y que será debatida este jueves en la Cámara regional, insta al Gobierno de Cristina Cifuentes a “corregir el desequilibrio” entre la inversión en acogimiento residencial frente al familiar, además de pedir medidas que impulsen la “promoción” de la acogida.

Existen dos tipos de acogida familiar teniendo en cuenta el parentesco con los menores. La primera, la que más se da, es la denominada 'extensa' y se produce cuando quiénes se hacen cargo del menor son familiares biológicos. Luego están las familias denominadas 'ajenas', que son las que no guardan vínculo biológico. Para Perona, no obstante, “se debe mantener y promover la relación de los niños con sus familiares”, sea cual sea la modalidad por la que opte la administración teniendo en cuenta las circunstancias de cada niño.

Dentro de la acogida ajena también existen diferentes modalidades: urgente, temporal y permanente. La urgente es la destinada a la acogida de bebés por cortos periodos de tiempo. En Madrid hay doce familias 'urgentes' y al tratarse de niños de corta edad, “se exige la disponibilidad plena de uno de los padres”, explica Elvira Perona. La estancia temporal se da cuando hay una previsión del retorno del menor con su familia biológica en un periodo de tiempo no muy extenso. Finalmente, la permanente se produce cuando existen pocas posibilidades de que el niño vuelva con la familia biológica. En cualquiera de los casos, la administración será la tutora legal de los menores, es decir, la que tenga la responsabilidad última sobre ellos.

Ayudas a las familias

Marcos y su pareja han optado por la acogida permanente. La estancia del menor con ellos será unos años pudiéndose alargar hasta la mayoría de edad. Quizás esta sea la incertidumbre más grande y la que más dudas despierta a la hora de decidirse por acoger. “Un acogimiento no es una adopción, tienes que tener claro que el niño tendrá contacto con su familia biológica y que no es una medida definitiva”, reconoce. Durante los años que Hugo pase bajo sus cuidados, tendrá un técnico asignado y seguirá manteniendo relación con su familia biológica, unos encuentros que se producirán en entornos regulados por la administración.

En la Comunidad de Madrid hay más de 500 familias de modalidad ajena que acogen en estos momentos a unos 800 menores. “Hay parejas que tienen hasta dos y tres niños”, explica Perona. La propuesta de Podemos pide promocionar más esta modalidad a través de campañas de concienciación social.

La Ley 26/2015 de Protección a la Infancia y Adolescencia establece que ningún menor de 3 años, o menos, debe estar institucionalizado. Podemos solicita medidas que garanticen que se cumple esa parte de la norma además de instar a que “tampoco lo estén menores de 3 a 6 años a corto plazo”. “Tras entrar en el proceso de acogimiento uno se da cuenta de que se debería potenciar más, hay muchísimos niños esperando a tener un hogar”, explica Marcos. “Durante el proceso hemos conocido a otras parejas que no tenían niños como nosotros, pero también a familias con hijos que solo buscan poder ayudar a los menores”.

La acogida de menores es un acto completamente altruista en nuestro país y que tiene escasas subvenciones públicas, a pesar de que el tutor legal de los menores es la administración. Las familias 'ajenas' pasan un estudio psicológico y social que determina la idoneidad para ser acogedor, además de certificar unos recursos económicos suficientes: en el momento de hacerse cargo del menor, los gastos del mismo correrán por su cuenta. Demostrar solvencia económica es solo necesario para el acogimiento en familia ajena, pero no así en extensa -las que guardan parentescos con el menor-, a pesar de que también se hacen cargo de los gastos del menor.

Actualmente, la Comunidad de Madrid destina una partida de sus presupuestos para las ayudas, que las familias deben solicitar a posteriori y que “siempre llegan tarde”, denuncia la presidenta de Adamcam. La cuantía estos últimos años ha sido de unos 2.000 euros al año por familia que aumentaba hasta los 5.000 euros si el menor tenía algún tipo de discapacidad o dependencia. Para 2017, se espera que aumente hasta los 2.500 euros anuales, aunque la convocatoria aun no se ha hecho pública, pese a encontrarnos a mediados de año.

Podemos en la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a aumentar estas ayudas hasta los “al menos 10.000 euros al año”, además de, “incluir las ayudas económicas para las familias acogedoras como parte del contrato de acogimiento para que no estén sujetas a subvención con revisión anual”, recoge la proposición no de ley.

“Los ingresos de las familias no suelen ser un problema, es un acto desinteresado que hacemos por amor a que un niño pueda crecer mejor, pero es verdad que se acaban asumiendo costes como puede ser la asistencia psicológica de los menores, o el refuerzo escolar que debería asumir la administración”, señala la presidenta de Adamcam que recuerda que la responsabilidad legal es de la Comunidad de Madrid. Existen otros gastos extras, como son médicos, de los que tampoco se hace cargo la Comunidad, unos costes que se cubrieron hasta 2010 pero que se eliminaron con la crisis.

Elvira Perona puntualiza también la “soledad” en la que viven las familias, tanto extensas como ajenas, y considera que se deben revisar las medidas encaminadas a “hacer un plan del caso individualizado” porque “cada niño es un mundo al que hay que proteger”. También denuncia un problema actual al que se enfrentan familias y menores: el cambio sistemático del técnico del menor sin previo, además de la falta de unos protocolos claros.

La mayoría de edad

Elvira Perona, que a través de la asociación que preside se dedica a ayudar a las familias que optan por la acogida, fue acogedora durante diez años. En su caso, la acogida finalizó cuando la menor pasó a la mayoría de edad.

La presidenta de Adamcam considera que el paso de estos menores a la mayoría de edad sigue siendo una asignatura pendiente por parte de la administración. “Cuando un joven deja de estar en acogida al cumplir 18 años no se hace ningún trabajo y se dejan de regular las visitas con los familiares biológicos”. En ese momento, será el joven quien decida si continúa o no con la familia acogedora un proceso que puede ser “traumático”, considera Perona, y que “no está regulado”.

Más dramático es el destino de los menores que pasan a la mayoría de edad estando en una residencia. “Un niño de residencia con 18 años se queda en la calle de la noche a la mañana”. Perona recuerda que la acogida en familias de menores ya adolescentes está contemplada por la ley pero es una circunstancia que se da poco. La responsable de Adamcam puntualiza que se trata un proceso “muy complejo” por las dificultades de los jóvenes a la adaptación.

Más de 2.500 menores tutelados en residencias en España han cumplido o cumplirán los 18 años a lo largo de 2017 y cuando ese día llega tienen que dejar su plaza en los centros libre. La citada ley de 2015 contempla ayudas a los jóvenes hasta los 21 años, además de pisos de emancipación para amortiguar el cambio tras el abandono de familias o residencias.

Aurora Corona, directora del programa de centros de acogida de la Fundación ADSIS, en declaraciones a Europa Press, recuerda que son jóvenes “que se encuentran en situación de abandono, que han vivido situaciones extremas y donde se han agotado todas las posibilidades con las familias”. Por ello, “requieren de una acogida y un trabajo personal para poderse independizar”.

El objetivo de los pisos de transición es que los jóvenes consigan poder emanciparse por completo y enfrentarse a la vida adulta. Según un estudio de Eurostat, lo harán once años antes que la media de los jóvenes españoles.