El Ayuntamiento de Madrid reclama hasta 18,8 millones a tres bancos por los créditos 'swap' de una empresa municipal
El Ayuntamiento de Madrid demandará en la vía civil a tres bancos (Bankia, BBVA y CaixaBank) por un producto financiero complejo llamado 'swap' que fue contratado en 2009 por una de sus empresas municipales, Madrid Espacios y Congresos, S.A. (Madridec, hoy Madrid Destino S.A.) cuando gobernaba Alberto Ruiz Gallardón en la capital de España.
El Consistorio de la capital a través de la empresa municipal ha pagado en intereses por este concepto a lo largo de la última década 18,8 millones de euros por un préstamo de 120 millones. Las cantidades que la corporación local reclamará ahora en los tribunales a las entidades financieras oscilan entre un 2,1 y 18,8 millones de euros.
Los 'swap' son productos financieros que aseguran un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos sujetos a interés variable. Es decir, si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga el interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ha ocurrió durante la crisis económica, el cliente -en este caso el Ayuntamiento de Madrid- paga muy por encima de lo que pagaría con intereses variables. El tipo fijo del 'swap' de Madridec fue del 3,4225%.
El Gobierno municipal en manos de Ahora Madrid ha decidido ahora reclamar ese dinero que, según entiende, ha pagado de más durante los últimos diez años por esos productos financieros. El Ayuntamiento de la capital se basa en una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que consideró estos productos como “desleales”, apuntan fuentes municipales. A raíz de este informe, el Consistorio ha analizado sus contratos y ha determinado, según han explicado fuentes del área de Hacienda a eldiario.es, que los 'swap' comercializados por las tres entidades bancarias “se colocaron a precios muy por encima del mercado”.
El 13 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Santander, Sabadell, BBVA y CaixaBank –entre las que se encuentran dos de las entidades financieras que ahora quiere demandar el Consistorio– con un total de 91 millones de euros por ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en “condiciones de mercado”.
El organismo regulador determinó que estas entidades financieras se pusieron de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para “elevar el precio del derivado contratado por los clientes como instrumento de cobertura frente al riesgo de tipos de interés”, es decir, para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar y se hizo “por encima del que habría resultado en condiciones de mercado”. La CNMC concluyó que esto “generaba al cliente un coste, en contra de lo pactado con las entidades imputadas”. La entidad reguladora determinó que dicho comportamiento se repitió y extendió desde al menos 2006 a 2016.
El 24 de julio de 2009, Madrid Espacios y Congresos, S.A. contrató tres swaps a tipo fijo (para lo que formalizó los correspondientes Contratos Marco de Operaciones Financieras) con Caja Madrid (ahora Bankia), La Caixa (ahora Caixabank) y BBVA, entidades financieras con las que, a su vez, firmó un préstamo sindicado por 120 millones de euros. El objeto de los tres swaps “era cubrir el riesgo de cambio del préstamo en un 75%”, explican desde el Consistorio a este diario. En 2013, tras la disolución de Madridec, el Ayuntamiento de Madrid tuvo que asumir todas las operaciones financieras citadas a través de una subrogación.
Según el expediente en manos del Consistorio, el préstamo se solicitó para “financiar distintas obras e inversiones, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas relativas a determinadas infraestructuras deportivas”. Por las fechas (2009), el Ayuntamiento entiende que se está refiriendo sobre todo al Centro Acuático. El Centro acuático es una infraestructura que Ruiz Gallardón mandó construir para unos Juegos Olímpicos que nunca llegaron a Madrid. Se empezó a construir con capacidad para 15.000 personas. Tras la segunda negativa a que la capital española albergara los juegos, ya con Ana Botella al frente del Consistorio, las obras quedaron a medias y nunca se han terminado. En 2013, Madridec desapareció y el Ayuntamiento se subrogó la deuda, es decir, pasó a ser municipal.
El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado, tras un concurso abierto, el contrato de defensa jurídica para demandar civilmente a Bankia, Caixabank y BBVA por la contratación de los swaps en 2009. La demanda se interpondrá en las próximas semanas antes de que finalice el mes de mayo, explican desde el Consistorio. Las cantidades a reclamar oscilan entre un mínimo de 2,1 millones de euros y un máximo de 18,8 millones de euros. Ninguna de las entidades bancarias han querido hacer declaraciones.
La corporación local niega que la demanda tenga nada que ver con la campaña electoral pese a que vaya a presentarse ahora. El Gobierno municipal lleva un año trabajando en la demanda, aseguran, cuando “se solicitó un informe a un experto independiente para que valorase si estos contratos en concreto estaban en la misma situación denunciada por la CNMC”. La demanda se ha retrasado, además, porque uno de los despachos que participaron en el concurso abierto presentó un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que finalmente se desestimó, explican desde el área de Economía y Hacienda.
Los 'swap' de MadridEc no son los únicos que tiene contratados el Ayuntamiento de Madrid. También en Madrid Calle 30, la empresa semipública que gestiona la M-30, hay contratados estos productos financieros. Cuando el Gobierno de Ahora Madrid entró en el Ayuntamiento, llevaba dilapidados 247 millones de euros por estos productos, una cantidad que ha ido incrementándose.
A la pregunta de por qué el Ayuntamiento va a actuar solamente contra los productos financieros de Madridec, y no contra el resto contratos, el Consistorio explica que MadridEc forma parte desde 2013 de Madrid Destino, que es una sociedad íntegramente municipal y en cambio, Madrid Calle 30 es una sociedad mixta en la que existe un socio privado, “por lo que las decisiones acerca de sus contratos las tendrá que adoptar su consejo de administración”, argumentan. “La cuestión, en todo caso, no es denunciar cualquier tipo de swaps sino estos en concreto, porque se cree que su precio es artificialmente alto”, añaden desde el área de Economía y Hacienda.
