El Gobierno de Ayuso debe todavía el alquiler del “hospital milagro” de Ifema

En lo peor de la pandemia, con los hospitales madrileños completamente colapsados y unas previsiones pesimistas de la evolución del virus en la región, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Unidad Militar de Emergencias (UME) improvisaron en menos de 48 horas un hospital de campaña en el recinto ferial de Ifema, al norte de la capital. Más de mil camas donde se trató a pacientes que presentaban un pronóstico leve. El “hospital milagro”, como lo bautizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió poco después en el gran escenario de propaganda de la dirigente del PP, que trataba de tapar los agujeros negros de su gestión en el epicentro de la epidemia en España y pasar página de la crisis de su Gobierno por la situación de las residencias. La presidenta de Madrid ha repetido hasta la saciedad que Ifema “sorprendió al mundo”. Hasta el punto de que su director, Antonio Zapatero, fue ascendido una vez desmantelado el centro a viceconsejero de Sanidad en la primera remodelación del gabinete que Ayuso efectuó en mitad de la crisis. De momento, la Comunidad no ha pagado un euro de esa factura.

El hospital cerró por todo lo alto el 1 de mayo en un acto multitudinario que fue foco de polémica por no respetar las medidas de seguridad. Era un día de celebración y de homenaje para este hospital que “salvó miles de vidas”, había justificado la presidenta. Ahora, nueve meses después, el Gobierno regional y la dirección de Ifema –cuyo consejo de administración está formado por la propia Comunidad de Madrid (31%), el Ayuntamiento de Madrid (31%), la Cámara de Comercio (31%) y Montemadrid (7%), una fundación sin ánimo de lucro–, aún no se han puesto de acuerdo en cuánto debe pagar el Gobierno autonómico por haber utilizado las instalaciones al improvisar allí una infraestructura sanitaria que funcionó durante 41 días.

Durante ese tiempo se usaron al menos cuatro pabellones. El 5 de forma temporal los primeros días, hasta que se habilitaron el 7 y el 9, que fueron los que acogieron el hospital de campaña. A la factura habría que sumar, el 8 y el 10, que fueron usados como almacenes en los que se depositó todo el material sanitario que llegaba desde China. Si se utilizasen los baremos normales del recinto ferial cuando está operativo para exposiciones o congresos, el coste de esos cuatro pabellones ascendería a 14 millones de euros. Según las tarifas publicadas en la página web de Ifema el alquiler de toda esa superficie asciende a 341.812 euros por día.

Tanto el Gobierno regional como Ifema descartan que vayan a aplicarse en este caso los precios habituales del recinto ferial pero tampoco facilitan un presupuesto aproximado de lo que debe pagar la Comunidad de Madrid. El importe no “está todavía cerrado”, reconocen ambas partes. Fuentes del Ejecutivo de Ayuso aseguran que no se trataría de “un alquiler” al uso, “sino de una solicitud de indemnización por su habilitación con uso sanitario, conforme a la legislación expropiatoria”. En Ifema, por su parte, aseguran que aún no se ha determinado el importe a la espera de que se defina “la interpretación que se le va a dar por parte de la administración” al uso que se hizo, al tratarse de un hecho que se produjo “en términos fuera de la normalidad”.

No hay acuerdo sobre la cantidad que la administración debe pagar por el uso de estas instalaciones. Y una de las consecuencias directas es que la dirección del recinto ferial no ha podido por el momento cerrar los números del año pasado. “El cierre de las cuentas de 2020 no está concluido precisamente porque no está claro todavía lo del hospital, entre otras cuestiones contables”, aseguran desde Ifema a elDiario.es. “Estamos tratando de ver cómo se califica, es un tema que no está cerrado”, insisten.

La discusión no es menor y en cierta manera el Gobierno regional debe discutir consigo mismo, ya que representa el 31% del consejo de administración de la sociedad que gestiona el recinto ferial. La cuestión es que a día de hoy la dirección que lleva el día a día de la entidad es autónoma, después de que el Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento lograse despolitizarla nombrando a un nuevo equipo directivo independiente que ya cerró el ejercicio de 2019 con más de 22 millones de euros de beneficios. La crisis sanitaria de 2020 ha supuesto un desplome de los ingresos que continúan muy bajos en lo que va de año y los 432 trabajadores del recinto ferial se enfrentan ahora a un Expediente de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE, que será efectivo en los próximos días.

Acuerdo para cerrar el año sin pérdidas

La dirección de la Institución Ferial de Madrid comunicó el 5 de febrero al comité de empresa que ya había presentado el ERTE. El presidente del comité de empresa, Carlos Rodríguez (UGT), asegura a este diario que no ha habido acuerdo entre la empresa y los trabajadores porque no se han abierto si quiera unas negociaciones. El expediente de regulación temporal entrará en vigor el próximo lunes y el planteamiento de la empresa es que el cierre de 2021 no incurra en pérdidas, lo que supondría que la entidad perdería su autonomía cierra dos años consecutivos en números rojos.

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que los consorcios pueden ser gestionados como entes independientes siempre y cuando no incurran en pérdidas durante dos ejercicios seguidos, algo que se considera según esta norma una mala gestión. Si esto ocurriera, la dirección de Ifema volvería a manos de la administración pública, en este caso, la Comunidad de Madrid.

Desde el comité de empresa se quejan principalmente de que la plantilla ya hizo un esfuerzo a finales de 2020 para que en ese año el ente cerrase en positivo, algo que afirman se les aseguró desde la dirección. Los trabajadores renunciaron al 10% de su salario anual al dejar de percibir el 20% de la nómina los meses de noviembre y diciembre, así como la paga extra. “Nos dijeron que con este acuerdo lograríamos salvar el año y nos hemos encontrado con que no”, lamenta Rodríguez.

De hecho, desde Ifema aseguran que a día de hoy no tienen “la confirmación de que se vayan a tener pérdidas” en 2020 debido a que desconocen todavía cuánto pagará la el Gobierno regional por las instalaciones reconvertidas en centro sanitario, entre otras cuestiones. Fuentes del recinto ferial esgrimen para justificar ahora el ERTE que en enero solo se han facturado 100.000 euros, frente a los 17 millones de hace justo un año y que las previsiones para este 2021 son “malas”. Con esta medida, la empresa pública pretende lograr un ahorro de unos 8 o 10 millones de euros de los 24 que supone la masa salarial para la empresa pública. Eso en el ejercicio en curso, el cierre de 2020 depende del alquiler del “hospital milagro” que Ayuso trató de vender al mundo y que diez meses después todavía no tiene precio.