El Canal de Isabel II acumula un millón de euros en indemnizaciones a trabajadores por sentencias judiciales
La justicia tiene cercado al Canal de Isabel II por una vía más. La empresa pública ha sido condenada a desembolsar más de un millón de euros en indemnizaciones a trabajadores de la matriz, la filial Hispanagua, tres sociedades participadas y contratas tras perder 148 demandas presentadas entre 2012 y 2016, según una respuesta parlamentaria del Gobierno regional a Podemos en la Asamblea de Madrid.
Sindicatos y abogados que han llevado algunas de esas demandas aseguran que las cuantías corresponden, en muchos casos, a un práctica fraudulenta basada en utilizar contratos temporales para cubrir puestos durante años, renovándolos en fraude de ley. Este sistema trasluce en un requerimiento de la inspección de trabajo fechado en agosto de 2017, al que ha tenido acceso eldiario.es, que ha obligado a Canal Gestión Lanzarote –una de las empresas participadas por el Canal de Isabel II incluidas en la respuesta parlamentaria– a hacer indefinidos varios contratos por obra y servicio “por no cumplir tales contratos de trabajo temporales los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la validez de dicha modalidad contractual”.
“Se han hecho contratos, por ejemplo, para cubrir vacantes por traslado o excedencia incumpliendo la ley, que obliga a identificar el puesto de trabajo que se sustituye. Eso lo obviaban y distribuían a la gente en otros sitios con la excusa de la reserva de plaza”, explica Emilio Torres, delegado de CCOO en la empresa pública.
“Han pasado cinco, seis o siete años, esas vacantes no se cubren de forma permanente y se dan contratos temporales durante más tiempo del que es posible legalmente (tres años y uno prorrogable)”, resume el abogado Alfredo Fauro, que asegura que el problema no es reciente ni está ligado a los límites a la contratación pública marcados por el Gobierno a partir de 2012. “He llevado casos de 2006 y 2007”, zanja.
Fuentes del Canal de Isabel II aluden a esas “restricciones establecidas para todo el sector público”. “En los últimos años no hemos podido contratar tantos trabajadores indefinidos como hubiéramos deseado”, justifican. Las mismas fuentes confirman que una parte de las indemnizaciones “tienen que ver con la temporalidad, pero no son todas”. “También aquí se incluyen despidos por expedientes disciplinarios y la cobertura de los trabajadores que ha tenido que asumir el ente en tiempos de crisis cuando han quebrado contratas que estaban haciendo obras”, explican.
El diputado que preguntó al Gobierno regional por estos datos, Eduardo Gutiérrez Benito, asegura a eldiario.es que “la naturaleza estructural de estos puestos se concluye del hecho que son renovados de forma consecutiva”. Emilio Torres, de CCOO, añade que entre esos contratos renovados en fraude de ley también existen algunos de alta dirección por obra y servicio que se han extendido por más tiempo del debido y habiendo finalizado el objeto de la contratación, que debe justificarse en este tipo de relaciones laborales.
Algunos trabajadores, según las fuentes consultadas, han demandado al Canal de Isabel II –entendiendo como tal a la matriz, filiales y participadas– cuando han sido despedidos. En los casos ganados, la justicia obliga a la empresa a compensarlos con una serie de días por año trabajado o bien a readmitirlos. Y en algunas ocasiones ambas cosas. También se da la casuística de empleados que denuncian mientras continúa la relación laboral, de manera que, si ganan, pasan a ser indefinidos, dicen los sindicatos.
Sobre esta cuestión, el director general del ente, Rafael Prieto, aseguró hace unas semanas en la presentación del Plan Estratégico para 2018-2030 que una de las “líneas estratégicas” es reducir la tasa de temporalidad en la plantilla, del el 33%. El objetivo, según Prieto, es bajar a un ratio entre el 10 y el 15%. “La pregunta es cómo van a hacer esa conversión de temporal a indefinido”, dice el letrado Alfredo Fauro.
CCOO cifra en 40 los contratos en fraude de ley que mantiene la matriz Canal Isabel II Gestión, “aunque todos los casos no los sabemos”, matizan desde el sindicato.
Desglose de indemnizaciones
Los datos aportados por el Gobierno regional a Podemos desglosan los pleitos en función de las empresas del grupo, incluidas tres participadas y las contratas. Canal de Isabel II Gestión, con 2.000 trabajadores en plantilla, fue demandada en 45 ocasiones entre 2012 y 2016. La justicia le condenó a pagar a los trabajadores demandantes 217.188, 41 euros, según la respuesta parlamentaria a la que ha accedido eldiario.es. En ese montante se incluyen 75.768 euros “consignados para indemnización”, lo que quiere decir que está pendiente de recurso.
La matriz es la que acumula más pleitos. Por detrás de ella está la filial Hispanagua, con 225 trabajadores y participada al 100% por el Canal, que suma 39. Perder esas demandas ha costado a las arcas regionales 258.444 euros, de los cuales 76.785 están consignados. La justicia detectó irregularidades en 2007 en la facturación de esta empresa, encargada de trabajos de obra relacionados con las infraestructuras de abastecimiento de agua bien con medios propios o mediante subcontratación de otras sociedades, que dejaron un agujero de 700.000 euros y que, según los autos judiciales, el Canal de Isabel II del expresidente Ignacio González conocía.
Al frente de la filial en esta época estaba Gerardo Díaz, investigado, detenido y puesto en libertad con cargos en febrero de 2015 por su supuesta implicación en el amaño de contratos cuando era director de Hispanagua en el marco de la Operación Tosca. Díaz era entonces gerente de Canal Gestión Lanzarote, una empresa participada por el Canal también afectada por demandas de trabajadores. Tras ser destituido de su puesto directivo en Canarias por su imputación, terminó siendo recolocado un año después en Madrid dentro de la Dirección Financiera del Canal de Isabel II.
Las empresas participadas Canal Lanzarote, Canal de Comunicaciones Unidas e Hidráulica Santillana también se han visto obligadas a indemnizar a varios de sus trabajadores. Las tres desembolsaron en conjunto, sentencias mediante, 665.670 euros, de acuerdo a los datos incluidos en la respuesta parlamentaria. El documento no desglosa cuánto de ese dinero total es resultado de una solución pactada entre empresa y trabajador porque las cifras se refieren a indemnizaciones y “conciliaciones”. 39 empleados de contratas también llevaron a juicio su situación laboral. En estos casos las indemnizaciones alcanzaron los 105.739 euros en total.
“Estos contratos se mantuvieron especialmente entre 2008 y 2012. A partir de entonces han tenido más cuidado. Eso coincidió con un periodo de jubilación de mucha gente. Se tapaban agujeros como se podía. Es una vergüenza, como nos parece todo lo que ha pasado en el Canal en estos años”, dice Emilio Torres, de CCOO.
El delegado sindical explica que durante años no se convocó ninguna plaza en el ente. A este respecto, fuentes de la empresa pública concretan que entre 2014 y 2015 se han convocado 90 puestos indefinidos y tienen “previsto incorporar próximamente 220 trabajadores indefinidos”. “Además -añaden- se está trabajando con la Comunidad de Madrid en la autorización de un número aún mayor de plazas indefinidas que permitan reducir al máximo el número de trabajadores con contrato temporal en la empresa para cumplir con el plan estratégico 2018-2030”.
