Los “homenajes” a la Constitución: la contrarreforma de PP y Ciudadanos en el callejero madrileño

Los gobiernos madrileños de PP y Ciudadanos han emprendido su propia reforma del callejero de la capital. Las formaciones de Pablo Casado e Inés Arrimadas quieren dejar la huella del “constitucionalismo” con homenajes a sus figuras y al texto que consagró la Transición en una ciudad convertida en un campo de batalla ideológico. Los cambios serán visibles, de momento, en la estación de Atocha, puerta principal de entrada a Madrid desde todas partes de España, y en una glorieta al norte de la capital, que cambiará su nombre por iniciativa del PP por el de Torcuato Fernández-Miranda pese a la oposición vecinal. El contexto no es inocuo: en la capital aún humea la polémica por la eliminación a petición de Vox de una placa instalada en la Transición que reconocía al socialista Francisco Largo Caballero amparándose en la Ley de Memoria Histórica. El asunto está en manos de los tribunales.

“Que cada ciudadano recuerde que Atocha es un punto de encuentro al igual que lo es la Constitución española”, afirmaba con semblante ceremonioso esta semana el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Anunciaba así el nuevo apellido para la estación de Atocha Renfe, a partir de ahora Atocha-Constitución del 78, dos días después de la debacle de su partido en Catalunya en unas elecciones en las que el independentismo salió reforzado. Tras la decisión, admitía Aguado, hay “una explicación simbólica” porque “algunos cuestionan que vivamos en un estado democrático”, aludió en referencia a unas palabras de Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno de España, que removieron a los partidos de derecha y levantaron ampollas dentro del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De la gresca política tampoco se libra el otro cambio impulsado por el Ayuntamiento de Madrid para renombrar la Plaza de la Pradera del Saceral –en el barrio de Arroyo del Fresno– como Plaza de Torcuato Fernández-Miranda en homenaje a un político que ocupó puestos de relevancia en el régimen franquista –llegó a ser Secretario General del Movimiento entre 1969 y 1974– pero tuvo un papel relevante en el diseño del armazón de leyes para transitar de la dictadura a la democracia desde la presidencia del Congreso.

La idea partió de la concejala de Cultura, Andrea Levy, cuando la izquierda y los historiadores aún se revolvían por la retirada de la placa de Francisco Largo Caballero de la Plaza de Chamberí, cuyo futuro se va a dirimir en los tribunales. Dos juzgados coinciden en que el Ayuntamiento debe “preservar” el bajorrelieve arrancado, obra de unos de los escultores de la Transición, para su “eventual reposición”, aunque uno ha aceptado las medidas cautelares para suspender los cambios y otro no.

El nombre de Fernández Miranda se puso sobre la mesa en un contexto, por tanto, de enfrentamiento. La iniciativa fue apoyada por los mismos tres partidos que habían respaldado la propuesta de Vox de borrar a Largo Caballero: PP, Ciudadanos y Vox. El conocido como “guionista” de la Transición resucitó el bloque de las derechas tras quedar dividido por Largo Caballero. Ciudadanos quiso desmarcarse a posteriori tras la repercusión y la actitud triunfante de la extrema derecha.

A los vecinos no les gustó la idea. Tres asociaciones –Arroyo del Fresno, Montecarmelo y La Flor– no están de acuerdo con perder el nombre original porque es “el único elemento que apela y simboliza la historia antigua” de la zona. Pidieron al concejal presidente del distrito, Francisco Javier Ramírez, que reconsiderara la idea. Sin éxito. La siguiente decisión que tomó el concejal fue colocar una bandera de España en la misma glorieta “coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución”. “Entonces vimos que estaba todo hilado, atamos los cabos”, aseguran desde la asociación de vecinos de Arroyo del Fresno.

Más allá de preservar o no un nombre vinculado a la historia, los vecinos y la oposición denuncian que el cambio pasa por encima de la normativa, que solo permite retirar nombres que existen por “imperativo legal, exigencias urbanísticas, para hacer desaparecer duplicidades o por circunstancias excepcionales debidamente justificadas”. Ninguno de estos supuestos se adapta a la explicación oficial del Ayuntamiento: que las denominaciones históricas son ya “residuales” en el barrio.

Más Madrid considera que Levy ha elegido el nombre que le “apetecía” sin considerar la ordenanza. La concejala Pilar Perea llevó el asunto a la comisión del ramo de esta semana, donde el debate terminó por otros derroteros. La responsable de Cultura recomendó a la izquierda que “se mirara más en Miranda y no en los sátrapas que están arruinando América Latina”. “Me recuerda a esos ortodoxos del régimen que le dijeron al dictador: todos menos Torcuato”, profundizó Levy. El PSOE, por su parte, considera que Ciudadanos se ha saltado su propia palabra de no pronunciarse sobre decisiones relativas a la memoria histórica. La formación naranja dice que en este caso no aplica porque “el nombre anterior no tenía relación con la memoria histórica”.

La modificación del callejero de Madrid ya fue un asunto espinoso durante el mandato de Carmena, aunque entonces estaba respaldado por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno de Ahora Madrid se propuso desterrar el franquismo de las calles de la capital, aunque algunas sentencias pararon los cambios promovidos por una comisión de expertos creada ad hoc para radiografiar los vestigios.

La nueva corporación de PP y Ciudadanos frenó en seco este impulso, al que sin embargo no llegaron a oponerse de forma frontal entre 2015 y 2019. Ciudadanos votó a favor de eliminar los restos del régimen en 52 rótulos; el PP, entonces liderado por Esperanza Aguirre, se abstuvo. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida prometió en junio –recién llegado al Palacio de Cibeles– ejecutar solo los cambios que eran ordenados por la Justicia.

La batalla ideológica no quedó ahí. El Gobierno municipal desarmó la Oficina para la Memoria y ordenó retirar las placas con los nombres de los represaliados entre 1939 y 1944 del cementerio de la Almudena. La corporación alegó que el monumento “no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el comisionado de memoria histórica” y en su lugar colocó un grabado que unifica a las víctimas de ambos bandos: “A todos los madrileños que del 36 al 44 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas. Paz, piedad y perdón”. La resignificación del monumento, que levantó a los familiares de los represaliados por el franquismo, también se llevó por delante unos versos de Miguel Hernández.