Tres desahucios con menores en Madrid: los activistas paran dos pero la Policía desaloja otro piso de Argumosa 11

Tres desahucios de familias con menores. Así se presentaba el miércoles en Madrid, en el que los activistas de la Plataforma Antidesahucios ha conseguido paralizar las ejecuciones en dos de ellos. En Argumosa, el bloque del barrio de Lavapiés convertido en símbolo de la especulación inmobiliaria, la Policía ha desalojado una nueva vivienda. Los dos que se han conseguido parar estaban previstos en Divina Pastora 3 (Fuencarral) y Benimamet 85 (San Cristóbal de los Ángeles).

Aunque algunos activistas habían acudido a las 6.00 de la mañana -estaba previsto a las 10- a la calle Argumosa, en el distrito centro, para frenar el desahucio, pero la Policía Nacional ya había acordonado la zona con varias unidades de antidisturbios. Esto último ha pillado desprevenidos a los activistas. Según ha podido saber este periódico, este martes tuvieron una reunión con el concejal Pepe Aniorte para tratar el caso de las vecinas desahuciadas de este mismo bloque hace unos meses y, al preguntar por el caso de las vecinas Miriam y Juan, les dijeron: “No os preocupéis, que va a ir bien”.

“Nos tranquilizamos porque creían que no iban a mandar antidisturbios, pero he sido el primero que se ha llevado la sorpresa”, admite uno de los presentes en dicho encuentro.

Se trataba del cuarto intento de desalojo de esta familia, una pareja con dos hijos menores de edad (nueve y diez años), que ya había sido paralizado en dos ocasiones en los juzgados y una tercera mediante resistencia vecinal en la puerta. Miriam, de 20 años, tiene además una enfermedad esquelética (osteoporosis) y otra crónica (fibromialgia), de la que tiene brotes en situaciones de estrés. En plena ejecución del desahucio se ha producido uno de esos episodios y ha tenido que ser trasladada al hospital . “No hemos podido hablar con ellos ni saber dónde van a dormir esta noche”, comentan desde la PAH, donde afean que “el Ayuntamiento no ha aparecido por allí” mientras que “el Samur Social ha dicho que solo podían ofrecer una colchoneta en el suelo en un espacio compartido, y eso con niños pequeños no es aceptable”.

En este caso, activistas de este colectivo apuntan que la familia pagaba “sus rentas sin problema hasta que les subieron la mensualidad de 300 a 1.000 euros”, algo que los propietarios niegan. “Ellos no pueden asumir eso”, sostienen en la PAH, donde agregan que los dueños “dejaron de coger el dinero [los 300 euros de alquiler] y les denunciaron por impago”. La propiedad del bloque Argumosa 11 se reparte en tres partes iguales, fruto de la herencia de Isidoro Aguado, promotor de esta obra en los años treinta del pasado siglo.

Un tercio está en manos de su nieta Estrella, de 90 años, aunque la encargada de gestionarlo es su hija, del mismo nombre. Francisco, otro nieto, falleció y dejó en herencia su tercio a sus dos hijos, Fátima y Pedro. Este último, es el tutor de su hermana, incapacitada por minusvalía. Y el tercio restante pertenecía a Máximo, el tercer nieto, que lo dejó a sus hijos y estos vendieron su parte a Inversión en Proindivisos SL. Este último es propietario del edificio de Miriam y Juan y los activistas defienden que en esta sociedad “los socios son familiares [primos segundos], aunque actúen como persona jurídica”.

“De aquí tiene que salir una solución”

En cambio, Ricardo y Josefina sí han logrado parar el desalojo en su piso en Beninamet 85, en San Cristóbal de los Ángeles, en el extremo sur de Madrid. Se trataba del séptimo intento de desahucio para esta familia con tres hijas de diez y cinco años, además de una recién nacida hace dos semanas. “No creemos que sea una paralización normal, de aquí tiene que salir una solución de algún tipo, ya sea a través de vivienda social pública o del fondo de inversión, que tiene miles de pisos”, explicaba a este periódico Mercedes Revuelta, activista de la PAH. De momento, les queda “la alegría de haberlo parado y haber visto la presión de la gente del barrio”, que incluso han acampado la noche de antes a las puertas del edificio para evitar el desahucio.

Los dos tenían trabajo, pero lo perdieron con la llegada de la crisis económica. Ricardo era mediador cultural municipal pero, con los recortes de gasto social, fue despedido. Josefina ha ido cambiando de trabajos. Vivían en un piso que alquilaban a un particular y, ante la imposibilidad de pagar el alquiler, decidieron irse a vivir a una vivienda que llevaba un lustro vacía, según los vecinos.

El piso era propiedad de BBVA, con quien han estado cuatro años negociando un alquiler social. Aunque tuvieron varias reuniones, ninguna llegó a buen puerto. “La respuesta ha sido: no, no y no. Y eso que hemos hecho ofertas muy variadas, como ceder el piso al Ayuntamiento para que lo ponga en alquiler social -como han hecho entidades como La Caixa o Sareb-, vender al Ayuntamiento para que sea parte del parque de vivienda pública y tuviera un alquiler social o un alquiler social avalado por el Ayuntamiento”, comenta Revuelta, la activista de la PAH.

Desde este colectivo critican que “el BBVA lo vendió con la familia dentro”. El nuevo propietario es Divarian, una sociedad creada hace un año por el fondo de inversión estadounidense Cerberus y, también, por la propia entidad bancaria. Los activistas aseguran que “toda la banca española tiene un tanto por ciento importante de la propiedad de los fondos a los que está vendiendo su cartera de inmuebles” y lamentan que, aunque al principio las negociaciones fueron fructíferas, finalmente “se echaron para atrás”. “No sabemos el motivo, porque hemos puesto soluciones válidas sobre la mesa y no tienen ninguna gana en solucionar este tema”, añaden.

Además, en la PAH apuntan que Ricardo y Josefina han solicitado vivienda pública al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 17 ocasiones, además de llevar cuatro años intentando conseguir alguna solución con la EMSV. También han tenido el respaldo del Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un ente adscrito a la ONU pero de carácter independiente que hasta ha solicitado tres veces la paralización “para no incurrir en mayores daños” y “hasta que tengan una solución”. Finalmente, el juez ha paralizado el desahucio “por razones humanitarias” a unas horas de la ejecución y los afectados se reunirán con Divarian en los próximos días.

“He intentado negociar, pero no quieren saber nada”

El resultado ha sido distinto en la calle Divina Pastora, en el distrito de Fuencarral, al norte de la ciudad, en el polo opuesto a San Cristóbal de los Ángeles. Allí estaba previsto el desahucio de la familia de Josué y Remedios, con tres hijos de uno, cuatro y nueve años, pero el apoyo vecinal y la falta de efectivos policiales han provocado que se aplace dos semanas la ejecución. Apenas una hora después de la llegada de la comisión judicial, seis agentes de Policía Nacional, una pareja de policías municipales y un equipo del Samur Social, se les comunicaba un aplazamiento de dos semanas.

Esta pareja ocupó hace cuatro años el que ha sido su hogar hasta ahora: un piso propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Antes, vivían a 50 metros de alquiler -“tenía una renta razonable porque conocíamos al propietario”- pero, tras quedarse sin trabajo, tuvieron que dejar aquel piso. Antes, cobraba la Renta Mínima de Inserción (RMI), pero le fue retirada al encontrar un empleo y, al perder este, no pudo reactivar la renta.

Al ser cinco personas -la pareja y los tres hijos-, se tomó como una opción provisional la casa de sus padres y continuaron buscando vivienda en el barrio. “Me quedé sin trabajo, me fui al paro sin nada y con niños en casa”, relata Josué a las puertas de su casa tras conocer el aplazamiento: “Hablando con vecinos me dijeron que este piso estaba vacío desde hacía unos ocho años y era público, de la EMSV”.

Una treintena de personas ha acudido a frenar su desahucio. “Han bajado todos mis vecinos, casi todos son del bloque”, se reconforta mientras señala el portal de entrada -“todos los que hay en ese escalón sentados son vecinos”-. “He estado cuatro años viviendo aquí, he intentado negociar, pero no quieren saber nada y no tengo opción: me han dado quince días para buscarme la vida, para irme a la calle”, comenta con nervios. “Yo no aguanto esto. Me pongo muy mal, no tengo cuerpo, no es algo agradable”, añade.

¿Qué harán en caso de que haya ejecución a finales de julio? No lo saben. Josué destaca “ahora mismo es imposible” que encuentren “un alquiler asequible”, pues los precios oscilan en torno a los 600 euros en esta zona, en el norte de Madrid y bien alejada del centro (de hecho, era un municipio independiente hasta mediados de los años 50). Además, “te piden dos o tres meses de fianza”. Y todo ello, en una situación en la que “no hay manera de encontrar trabajo, te lo juro; no soy una persona vaga, ni mucho menos, me pongo a trabajar donde haga falta”. Así, van empalmando trabajos temporales con el paro. Por ejemplo, Remedios, su pareja, estuvo trabajando unas semanas en una empresa de limpieza “pero no les hacía falta gente les acabaron despidieron”.

“Hemos visto que con el nuevo Gobierno nos esperan los desahucios que tenían pendientes”, lamentaba por su parte Angelines, activista de la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS) y recuerda que hace un año se produjo ya el primer intento de desahucio. De cualquier modo, Angelines espera que vayan a poder “seguir negociando este caso, junto a otros más que tenemos en la asamblea del barrio” y tratarán de hablar con la nueva dirección de la EMSV: “Queremos pararlo antes del 26 de julio y, si no, estaremos aquí en la puerta”.