Detenidos los dueños de la residencia de ancianos de Madrid cerrada por orden de la Fiscalía por homicidio imprudente

Los dos hermanos propietarios de la residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, Arzobispo Morcillo, cerrada por orden de la Fiscalía por la falta de cuidado a los mayores han sido detenidos por la Guardia Civil. El dueño, Juan B.P, fue arrestado unos días después de que el Gobierno regional clausurara el centro, el pasado 15 de julio, por un delito contra la salud y la integridad de las personas. La detención de su hermano, Carlos P.B, se produjo este jueves.

En este caso la detención se ha producido por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el 7 de julio una semana antes del cierre de este centro. Además de por un delito de homicidio imprudente, el arrestado está acusado de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.

Ambos han quedado en libertad con cargos y a la espera de ser citados por el juzgado de Colmenar Viejo que instruye el caso, según informó El País.

Fue un sobrino de la residente centenaria el que denunció que la muerte de su familiar podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz, donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.

La Comunidad de Madrid decidió cerrar esta residencia de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni la alimentación necesaria.

La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria hecha por la fiscal de Alcobendas especialista en discapacidades, en la que constató el estado “deplorable” tanto de los ancianos como de las instalaciones.

Además de urgir al cierre de la residencia, que se hizo efectivo el 12 de julio, la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado, que desembocó en la detención de uno de los dueños del centro en julio.

La Fiscalía precisó en su momento que en la sala donde se guardaban los medicamentos no funcionaba la nevera donde deben conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había roto la cadena de frío en casos como la insulina. También detectaron “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación, así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”.Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras, y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua.

Además de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso una sanción a los propietarios de 127.000 euros. El pasado mes de febrero ya había impuesto una sanción de 24.204 euros a la residencia por falta de mantenimiento y limpieza y por tener menús que no habían sido supervisados por personal cualificado.