Siete familiares de ancianos fallecidos durante la pandemia en dos residencias de Madrid han comparecido este jueves ante uno de los jueces que investiga los protocolos del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y que, según han dicho hoy, impidieron su hospitalización. Una de ellas ha afirmado, incluso, que su padre dejó de recibir un tratamiento para una enfermedad una vez impuesto el estado de alarma y después de que las autoridades sanitarias rechazaran su salida de la residencia pública Adolfo Suárez de San Blas.
A lo largo de dos horas, según fuentes presentes en la diligencia, los siete han relatado el estado de salud que tenían sus familiares antes de la irrupción del coronavirus y cómo vivieron los dos meses siguientes a la declaración del estado de alarma. El juez investiga las muertes en la residencia pública Adolfo Suárez y en la privada Amavir de Arganzuela.
Una de ellas, enfermera de profesión, ha relatado que antes de la pandemia su padre acudía cada pocas semanas al hospital para recibir transfusiones de sangre y que, tras el estallido de la pandemia, no fue ingresado y no recibió el tratamiento en la residencia Adolfo Suárez. Cinco días antes de su muerte, ha explicado, llegó a acudir a la residencia para exigir, sin éxito, que se le aplicara el tratamiento.
Los siete comparecientes han relatado que pidieron el traslado de sus familiares a un hospital, recibiendo la negativa tanto de las dos residencias como de los propios centros hospitalarios de referencia. El primer contacto llegó diez días de que su situación empeorara.
Tres de los familiares, según esas mismas fuentes, han relatado hoy al juez Marcelino Sexmero que la negativa vino acompañada de una explicación: que existía un documento de la Comunidad de Madrid que prohibía la derivación de los residentes con las patologías que tenían y sus condiciones en ese momento.
“Ha costado mucho que nos escuchen”
La madre de Ángela murió en la residencia Amavir de Arganzuela y este jueves ha sido de las primeras en comparecer ante el juez después de manifestarse en la puerta de los juzgados. “Ha costado mucho tiempo que nos escuchen a las familias, estamos con expectativas de que esa escucha pueda ayudar a que consigamos lo que queremos: la verdad, la Justicia y la reparación”.
Su objetivo, explicaba antes de entrar en el juzgado a declarar, es que se demuestre la falsedad de “lo que nos han ido contando siempre, de que se hizo todo lo que se pudo, que eran mayores y esas frases que hemos oído, y lo que se ponga sobre la mesa sea la verdad después de haberla investigado”.
El padre de Puri, otra de las comparecientes, falleció en la residencia pública Adolfo Suárez. “Que se nos escuche, no es el final pero es un pasito más. Nos sentimos poco escuchados, solo por la prensa. Llegar a este paso y que nos escuchen me parece importante”, explicaba minutos antes de entrar a declarar.
Todos los familiares se han concentrado a las puertas de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid arropados por miembros de la asociación Pladigmare, acompañados del letrado Andrés Ollero Serrano y con una pancarta en la que podía leerse: “Fueron abandonadas a su suerte”, entre gritos de “Ayuso, dimisión”.
La Fiscalía, ausente
Fuentes presentes en las comparecencias explican a elDiario.es que varios familiares de ancianos fallecidos en estas dos residencias durante la pandemia han roto a llorar ante el juez Marcelino Sexmero mientras explicaban cómo vivieron aquellos días. Desde la plataforma que aglutina a los afectados muestran su sorpresa porque este jueves, y a diferencia de en otros interrogatorios anteriores, no ha comparecido ningún representante de la Fiscalía.
El Ministerio Público madrileño sí estuvo, por ejemplo, cuando el magistrado tomó declaración a antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid como el exconsejero Alberto Reyero o Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en 2020. Interrogatorios en los que el primero detalló cómo se opuso por escrito a los protocolos de no derivación. Por el momento desde la Fiscalía de Madrid no han ofrecido explicación a esta ausencia a preguntas de este medio.
Fue la propia Fiscalía la que en octubre de 2022 ordenó a sus delegados territoriales que tomaran declaración a los familiares de los fallecidos en residencias, al entender que era necesario para obtener “información de mayor calidad”. Hace unos días, en una entrevista en el canal 24 horas, el fiscal general Álvaro García Ortiz explicó que la fiscal superior de Madrid está examinando las conclusiones de la Comisión Ciudadana: “Cuando tengamos eso informado y decidido podremos dar una respuesta a la opinión pública”, añadió.
La Comisión Ciudadana por la Verdad, impulsada por asociaciones de familiares de fallecidos y dirigida por el exmagistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín, emitió un informe en el que, según sus cálculos, afirmaba que un 21,5% de las personas fallecidas en residencias murieron por mala atención y por no haber sido trasladados a un hospital.