El Gobierno de Garrido destituye a la asesora condenada por contratar a dedo cuando era alcaldesa
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destituido a la asesora condenada por prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de Alpedrete. La Audiencia Provincial dictó el pasado 30 de octubre la pena de inhabilitación para el cargo público durante siete años para María Casado Nieto, conocida como Marisol Nieto, por contratar a dedo a dos personas en 2010 pese a que conocía, por dos informes desfavorables, que no podía hacerlo.
La salida del Ejectuvo se ha formalizado este martes, según fuentes de la Consejería de Educación, que aseguran a eldiario.es que se ha procedido al cese en el “acato y respeto de las decisiones judiciales”. Hasta ahora, Casado trabajaba para la viceconsejería de Educación y percibía más de 53.000 euros anuales por el desempeño de esta función, sobre todo enfocada a tramitar las obras en los colegios públicos de la región.
La asesora es también la portavoz del PP de Alpedrete y fue alcaldesa del municipio durante 12 años hasta 2015. El Partido Popular de Madrid, a raíz de la condena en firme por prevaricación administrativa, ha abierto un “expediente informativo” a la edil. “Nos reuniremos con ella de forma inmediata para que aporte las pruebas que considere oportunas”, abundan fuentes del partido.
Según consta en la sentencia dictada por la sección 23, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Casado contrató en 2010 a dedo a dos peones en el Departamento de Obras del Ayuntamiento pese a que dos informes de la secretaria y de la interventora municipales advertían que debía abrir un procedimiento público para esos puestos. “Pese a tener cumplido conocimiento de que la contratación de personal requería la apertura de un procedimiento público, la acusada llevó adelante su decisión de contratar directamente mediante Decreto como oficiales de primera a dos personas, prescindiendo por completo del cauce legal que sabía que debía seguirse”, concluye la sentencia, que revoca una absolución previa en órganos de instancias inferiores. Según CCOO, sindicato autor de la demanda, con uno de los contratados mantenía un “vínculo familiar”.
