IU solicita a la Comunidad información sobre 1% para campañas publicitarias y pide la dimisión de Carabante
El grupo parlamentario autonómico Unidas Podemos-IU ha solicitado este martes al Gobierno de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid el listado de todos los contratos licitados por la Consejería de Transportes entre 2009 y 2013 que contengan “cláusulas del 1% o cantidad superior para ser destinados a publicidad”. La petición la ha registrado la diputada de IU, Sol Sánchez, que se hace así eco de las informaciones que eldiario.es publica este lunes: los funcionarios de la Consejería denunciaron hace seis años lo que consideraron malas prácticas en una cláusula administrativa incluida en los pliegos de contratos públicos.
Sol Sánchez ha pedido también la dimisión del actual concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Carabante presidió una reunión con la Junta de Personal (el comité de empresa de los funcionarios) en la que Carabante reprochó a los trabajadores si no tenían otros asuntos de los que preocuparse y los despachó con gritos y sin ofrecer la información, detallan varios trabajadores a eldiario.es.
“Es inadmisible obligar a empresas adjudicatarias de contratos a pagar un 1% extra para campañas publicitarias inexistentes. Por acción u omisión, Borja Carabante debe dimitir o ser cesado de forma inmediata”, ha declarado Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid.
“La actuación ante los hechos del entonces Viceconsejero de Transportes, Borja Carabante, y actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida, es altamente sospechosa, máxime cuando ignoró las alertas puestas encima de la mesa por los representantes sindicales de la Junta de Personal”, defiende IU. “No puede estar al cargo de un área de gobierno tan importante en el ámbito de la contratación pública quien participó en la escandalosa trama de financiación ilegal que está siendo investigada por la Audiencia Nacional”, añade.
Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron hace más de seis años ante responsables políticos lo que les parecía, y era, un evidente caso de corrupción: cómo el PP de Madrid desviaba dinero público para pagar sus campañas electorales a través del 1% destinado a publicidad en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los responsables públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración regional.
A principios de 2013, los funcionarios del Gobierno regional que presidía Ignacio González enviaron una carta denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. La Junta de Personal (una suerte de comité de empresa del funcionariado) aprobó una segunda carta también dirigida al mismo consejero con copia a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios. También mantuvieron una reunión con el entonces número dos de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida, un encuentro que adelantóinfoLibre y cuyos detalles revela ahora eldiario.es.
Todas aquellas alertas fueron ignoradas. Hoy las malas prácticas que estos funcionarios denunciaron, hace ya seis años, están siendo investigadas por la Justicia. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han puesto la lupa en una cláusula administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los pliegos de los contratos públicos. Esa cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Ese dinero finalmente acababa en el partido o en el bolsillo de dirigentes del PP, según el último auto de García Castellón en el que imputa, entre otros, a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
