La Justicia respalda el plan de Carmena para poner freno a los pisos turísticos en el centro de Madrid

La Justicia salva el plan de Manuela Carmena para poner freno a los pisos turísticos en el centro de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado en conjunto 15 recursos contra la fórmula ideada por la anterior corporación, que hace en la práctica ilegales el 95% de los apartamentos de este tipo que operaban en la almendra central, ha adelantado ABC y confirmado elDiario.es.

El actual equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, avanza que sigue adelante con sus planes de derogar este plan pese al pronunciamiento judicial para regular la actividad a través de una ordenanza más laxa. “Algo que sea legal no significa que sea eficaz. Entendemos que la solución no pasa por prohibir sino por regular las condiciones”, asegura el área de Desarrollo Urbano.

Los mayoría de los magistrados -excepto dos que han emitido voto particular y son favorables a anular íntegramente el plan- argumentan que tras la regulación hay una “razón imperiosa de interés general” para “establecer límites al acceso de la actividad económica” de los pisos turísticos.

Según uno de los fallos, al que ha tenido acceso este medio y cuya argumentación es extensible a los otros 14, el plan está justificado por la necesidad de “luchar contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento” y “es proporcionada al objetivo perseguido, dado que no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva”. “Un control a posteriori”, dice el fallo, “se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz”.

El Gobierno de Ahora Madrid aprobó el Plan Especial de Hospedaje para frenar la conversión de viviendas habituales en pisos de uso turístico en marzo de 2019, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, que prometieron poner fin al plan si ganaban las elecciones. La regulación obliga a todos los apartamentos que se dediquen a esta actividad durante más de 90 días al año a tener un acceso independiente. Esta exigencia deja de facto fuera del plan a la mayoría de las viviendas, excepto una minoría situadas en plantas bajas.

El Ayuntamiento de Madrid no ha concedido ninguna licencia para alinear las viviendas con el marco legal en lo que va de mandato, por lo que la totalidad del parque de viviendas turísticas en la capital es ilegal. Son unas 14.000, según datos municipales, aunque con el estallido del coronavirus muchos están vacíos o se dedican al alquiler por meses.

El área de Desarrollo Urbano, dirigida por Ciudadanos, asegura que en 2020 hizo 945 inspecciones en viviendas de uso turístico. En todas ellas abrió expediente de cese y clausura. El camino administrativo es largo porque los propietarios recurren las órdenes que ponen fin a su actividad. El Ayuntamiento defiende que la prohibición hace “imposible el control” de este negocio porque “condena la actividad económica a la clandestinidad administrativa” y vincula el aumento de estos pisos de 8.000 a 14.000 con la regulación actual.

La exalcaldesa Manuela Carmena se ha mostrado “muy satisfecha” en su cuenta de Twitter por la sentencia. Para el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo, muñidor del plan cuando era delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, el Gobierno de Almeida “ha mirado hacia otro lado ante el problema de las viviendas turísticas” y estas sentencias le dejan “sin excusas para aplicar la normativa que pone coto a este tipo de actividad”, al menos hasta que mantengan la normativa vigente. Los fallos “dejan muy claro que las viviendas de uso turístico no pueden poner en peligro el derecho a la vivienda, que es prevalente respecto a otros usos”, según la edil socialista Mercedes González, que considera que el fallo acredita que los ayuntamientos “no solo pueden sino que deben” regular este fenómeno.

Las sentencias no son firmes. Los recurrentes -asociaciones de propietarios de pisos turísticos en su mayoría- pueden interponer recurso de casación contra los fallos. El Consistorio recuerda que acaba de poner en marcha un plan de alquiler que pretende rescatar estas viviendas, ahora paradas, para convertirlas temporalmente al alquiler de larga estancia a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.