Más allá del discurso de la “libertad”: qué hay en juego el 4M en la comunidad que menos invierte en Educación

Cada elección que pasa en Madrid las partes están más alejadas en su concepción de cómo debería ser el sistema educativo.

Dicen los partidos de izquierdas que en estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que está en juego es básicamente todo el sistema público educativo. Un modelo que actualmente es, argumentan, segregador y excluyente, desigual, que ataca a la escuela pública en favor de la concertada, regala suelo público a empresas privadas y permite a los centros con concierto cobrar cuotas y así elegir a su alumnado, creando de facto una doble red.

La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la amenaza la sufren los derechos y libertades. Los de las familias a la hora de elegir un centro para sus hijos, los de la escuela privada sostenida con fondos públicos para desplegarse por la región. Tan alta es la amenaza, dice Díaz Ayuso, que tras 20 años sin ley educativa propia en Madrid y tras una legislatura en la que apenas ha aprobado una norma en dos años, una de sus últimas acciones al frente del Gobierno de la Comunidad ha sido empezar a tramitar lo que ha llamado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que “pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Lomloe”. La presidenta también defiende que el sistema debe buscar la excelencia y apuesta por ahondar en el bilingüismo y por extender el cheque infantil y los conciertos al Bachillerato, una etapa postobligatoria.

Los representantes de los directores de centros públicos, sin desmerecer las corrientes de fondo, están preocupados por lo inmediato: por el curso que viene, por que las aulas admitan más alumnos por profesor después de haber visto lo que supone reducir la ratio, por la autonomía de sus centros, por la calidad de todo el sistema y no solo de algunos colegios o institutos.

Lo que dicen los números

La Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo muy concreto, forjado durante 20 años de políticas del PP desde que se transfirieron las competencias en 1999. Se observa a través del panorama que dibuja la estadística. En la región apenas hay más alumnado en la escuela pública que en la privada y la concertada (un 54,5% en la pública, un 29,5% en la concertada y un 16% en la privada sin concertar), un reparto de estudiantes atípico en España y que solo tiene parangón en el País Vasco, que también tiene su propio modelo particular con las ikastolas. Además, la presencia del sector público va a menos: hace diez años acogía al 60% del alumnado.

Esta situación tiene un reflejo en cómo se divide la tarta del gasto educativo. Madrid presenta también en este apartado un perfil muy particular: es la comunidad que menos dinero destina a la Educación en general (en términos comparados), pero a la vez la segunda que más dinero envía a la educación concertada. Uno de cada cinco euros del presupuesto madrileño van a parar a escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, hecho que es consistente con la alta proporción de alumnado en estos centros. Euskadi, la otra región con unas características parecidas, también destina buena parte de su presupuesto a esta partida.

La diferencia entre una comunidad y otra es que Euskadi es la comunidad de España que más gasta por alumno, mientras Madrid es la que menos. Así, la Comunidad destina unos 4.727 euros por alumno y año, prácticamente la mitad que el País Vasco (9.298 euros al año por estudiante). Si se atiende a la inversión total –y esto es una característica compartida con el resto de España– la década pasada fue prácticamente perdida en Madrid: los recortes que se aplicaron tras la crisis de finales de la década de los 2000 no se recuperaron hasta 2019. Ese año, la inversión en Educación fue de 5.595 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2009 (5.663 millones de euros). La diferencia es que entonces había un millón de alumnos y hoy hay 1,2 millones, por lo que el gasto por alumno sigue siendo más bajo. Si se prefiere el indicador de porcentaje sobre el PIB, Madrid está en un 2,25% de gasto en Educación, cuando la media nacional es del 4,27%.

Y sin embargo, y pese a la curva que ha seguido la inversión en esta década y que se puede apreciar en los gráficos, la escuela concertada ha vivido ajena a esta situación. Su línea de inversión a lo largo de los años solo ha evolucionado en un sentido, hacia arriba. Los 983 millones de euros que se destinaron en 2009 a los centros privados sostenidos con fondos públicos han ido subiendo hasta convertirse en 1.104 millones de euros en 2019, el último año con datos cerrados. En este caso la subida económica es de un 12% y la de alumnado de un 20%.

Pero no en todos los indicadores aparece Madrid a la cola. Correlación o causalidad, la estadística que sitúa a la región como la que menos dinero público invierte en su sistema educativo se complementa con la del gasto de las familias en educación. Y ahí Madrid arrasa. Las familias madrileñas son las que más fondos propios dedican al futuro de sus hijos, con 1.640 euros al año. La media nacional es de 1.045 euros por curso.

Los detractores del modelo madrileño esgrimen otro elemento que, explican, favorece a la escuela concertada: la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados, una práctica que lleva ejecutando el Gobierno regional desde que tiene las competencias y que ha favorecido al menos a 39 centros, que han visto cómo se les adjudicaba suelo público a cambio de casi nada y con un concierto ya garantizado (una práctica que era ilegal hasta que el exministro Wert la regularizó en la Lomce).

De escuela concertada y libertad de elección

Es precisamente en la escuela concertada, y todo lo que hay alrededor, donde se da uno de los mayores choques entre unos y otros. Tan es así que fuentes del Ministerio de Educación y del PSOE admiten que buena parte de los contenidos de la nueva ley, la Lomloe, respecto a la escuela concertada, se redactaron pensando en equilibrar lo que denominan los “desmanes” de los distintos gobiernos populares en Madrid.

El Gobierno regional defiende y apoya a la escuela privada sostenida con fondos públicos como garante único posible de la libertad de las familias para escoger modelo educativo, la que parece la principal preocupación de Ayuso a tenor de sus declaraciones públicas. Tanta es su preocupación por el tema que el Ejecutivo está tramitando una ley para consolidar su modelo de cesión de suelo y garantizar la elección de centro por parte de las familias: “Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social”, describe la Comunidad.

Para ello, el Gobierno regional también apuesta por la extensión del cheque escolar infantil y la concertación del Bachillerato. El primer programa consiste en entregar a las familias cien euros mensuales para que paguen un centro de educación infantil privado. El segundo, en ampliar los conciertos educativos a una etapa postobligatoria “para evitar que el alumnado se tenga que cambiar de centro”. En los últimos dos años y mientras esto llega, Ayuso ha financiado también a través de cheque el Bachillerato en centros privados a cientos de alumnos.

Esteban Álvarez, presidente de Adimad (la asociación de directores de institutos públicos de Madrid), no entiende que la prioridad del Gobierno sea aprobar esta ley cuando ni siquiera tiene una que regule el sector en general. “El sistema se rige con un reglamento orgánico de 1996, obsoleto y no adaptado a la legislación vigente. Lo que tiene que hacer Madrid es lo que han hecho casi todas las comunidades, que es ejercer sus competencias y regular de una vez por todas el funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo, no una ley que responde a planteamientos ideológicos”, opina.

El problema que ven los defensores de la pública con la concertada es que pese a financiarse con fondos públicos no juega bajo las mismas reglas, afirman. Si los centros públicos son elegidos por las familias, los centros privados con concierto eligen a sus familias bajo el mecanismo de imponer cuotas supuestamente voluntarias, pero obligatorias de facto, como comprueba anualmente la asociación de colegios privados CICAE –que lamenta que la concertada hace trampas por cobrar a la vez de familias y administración– en un informe sobre la cuestión. Madrid es, junto a Catalunya, la región que pide unas cuotas más altas, con una media de casi cien euros al mes. Esa barrera económica deja fuera de estos centros a las familias más humildes, denuncian asociaciones tan dispares como la asociación de colegios privados o la de AMPAs de la escuela pública Ceapa. “¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieren ir a centros públicos en los nuevos distritos pero no pueden porque no hay”?, se pregunta Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de CCOO.

La desigualdad

La consecuencia de lo anterior es que “Madrid es la comunidad española con una mayor desigualdad educativa, y esto lo dicen multitud de organismos de todo tipo”, asegura Galvín. Uno de los documentos más demoledores en este sentido es un estudio realizado por F. Javier Murrilo y Cynthia Martínez-Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid, que sitúan a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría, como consecuencia directa de las políticas educativas populares.

Muy resumidamente, el informe viene a decir que las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos madrileños, como el distrito único que impulsó Esperanza Aguirre, han generado escuelas de ricos y escuelas de pobres en las que el alumnado no se mezcla. Casi uno de cada dos estudiantes tendría que cambiar de centro, asegura este informe, para que el reparto fuera equitativo a nivel socioeconómico. La situación en la región, sostienen los autores, excede la “inevitable” segregación residencial que se da por el mero hecho de que hay barrios o municipios más ricos que otros.

Esta distribución del alumnado provoca disfunciones como que por ejemplo el sistema público acoja a una mayoría de los alumnos extranjeros, por encima de lo que le correspondería, y mientras los inmigrantes están infrarrepresentados en la concertada.

Entre unas y otras el resultado son “unas desigualdades tremendas entre municipios, entre el norte y el sur, entre Parla y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo”, explica Galvín. Un estudio del PSOE pone cifras a esta desigualdad: la tasa de idoneidad, que mide cuántos alumnos están en el curso que por edad les correspondería, es del 62% en la zona este frente al 80,5% en la oeste y de un 83% en el distrito de Moncloa-Aravaca frente al 51,6% de Vallecas. En Bachillerato, sostiene el análisis socialista, un 86% del alumnado de la zona norte de Madrid promociona frente al 75% de la zona sur.

Bilingüismo y excelencia

El fomento del bilingüismo y los bachilleratos de excelencia son otros dos elementos que enfrentan a unos y otros. La Comunidad de Madrid lleva años impulsando la creación de una red de centros bilingües, públicos o concertados, y un bachillerato específico para los alumnos con mejores resultados en busca de la excelencia educativa. El problema que ven desde los sindicatos y la principal asociación de familias de la escuela pública, la FAPA Giner de los Ríos, a este modelo es que ahonda en la desigualdad entre los centros que lo practican y los que no e incluso entre el alumnado de un mismo centro: hay institutos en los que algunas clases tienen un sistema bilingüe y otras no.

La intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. El PP quiere que empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) “y progresivamente” en el primero también (0-3 años). A cambio, se va a “reformular la carga lectiva en inglés en Secundaria para garantizar la calidad educativa y la correcta impartición de todas las asignaturas”, en lo que puede interpretarse como la admisión (quizá involuntaria) de una de las principales quejas respecto al modelo bilingüe madrileño: todo lo que gana el alumnado en aprender inglés lo pierde en los contenidos de las materias por impartirse en inglés.

El presente

En el muy corto plazo lo que más preocupa a los profesionales de la educación es el curso que viene. La organización de este año académico ya fue un poco caótica, cuenta Álvarez, de Adimad, y la poca información que hay respecto al siguiente no parece muy halagüeña. “Somos la comunidad que más tarde y peor organizó el curso. Una semana antes de organizarlo se modificó toda la estructura. Y de la coyuntura que nos viene no ha planificado nada para el curso próximo mientras otras como Galicia, la Comunidad Valenciana o Andalucía ya están elaborando planes de refuerzo para el próximo curso”, explica en relación a las medidas para luchar contra la pandemia. Madrid también fue la única comunidad que despidió a mitad de curso a más de mil de los profesores de refuerzo que había contratado por la COVID.

Óscar Martín Centeno, representante de los colegios de Primara de la región como presidente del Consejo de Directores, coincide con la preocupación de su colega y explica que hay “muchos interrogantes para septiembre. Necesitamos tener toda la información al respecto cuanto antes mejor, y sobre todo lo que nos interesa es que independientemente de la situación podamos tener una respuesta ágil”, sostiene.

Y lo único que saben los directores de cara al próximo curso no trae buenas noticias. Según la planificación que ha hecho el actual Gobierno para septiembre, los centros educativos volverán a las ratios de alumno por aula prepandemia. Este curso, para poder mantener la distancia de seguridad por la COVID, Madrid desdobló sus aulas. Cada clase pasó a tener la mitad de alumnos cumpliendo, de rebote, la principal reivindicación del profesorado, y a los docentes se les abrió el cielo. “La reducción de ratios va ligada a la calidad de la enseñanza y la mejora de los resultados”, asegura Álvarez. Pero la “libertad” da para lo que da y no parece que sea para pagar más profesores el próximo curso (tampoco es que necesariamente se pueda esperar esta medida del resto de partidos: el PSOE renunció a regular las ratios por ley en la Lomloe).

La información disponible de este curso confirma la afirmación de Álvarez de cómo mejora el rendimiento con pocos alumnos en clase. En 1º y 2º de la ESO más del 90% del alumnado va a superar el curso, según apuntan los datos de los dos primeros trimestres en disposición de Adimad. Nunca se ha dado este resultado. Los directores tienen claro que se debe a la reducción de ratios, que permite un trabajo más individualizado con los alumnos. Adimad le pone cifras: “Tres profesores más en diez grupos equivalen a un 25% de aprobados”, ejemplifica Álvarez. Si esta relación es lineal, es difícil pensar en otra medida que por sí sola tenga tanto impacto en la educación. Y no es solo cuestión de Secundaria. En Primaria se ha visto algo parecido. “En estos meses hemos podido observar que incluso con todos los condicionantes, que han sido enormes, la ratio ha implicado que han mejorado los rendimientos académicos de los estudiantes”, confirma Martín Centeno.

La falta de recursos

La falta de recursos económicos y materiales en la comunidad toman una forma muy concreta en todo lo que está alrededor de la educación, especialmente el apoyo al alumnado más vulnerable, como que tiene necesidades especiales, etc. Ruth López, madre de dos hijos, le pone cara y ojos en un caso entre tantos, pero que ejemplifica bien la situación. Cuando el más pequeño de sus hijos tenía alrededor de dos años la familia detectó que “algo no iba bien”. El pequeño no adquiría lenguaje y se observaba un cierto retraso madurativo.

Tras pasar por un psicólogo y un centro especializado, los expertos dictaminaron que Mikel necesitaba atención temprana con un logopeda y estimulación. La familia pidió dos centros. Y se pusieron a esperar. Hasta hoy. Casi cuatro años después, Mikel sigue sin recibir una plaza pública para la atención que necesita y ya nunca la recibirá porque los seis años es la edad máxima con la que un pequeño puede recibir esta ayuda.

“Cuando vimos que no nos iban a dar la plaza nos dijo la neuróloga que si nos lo podíamos permitir fuéramos a lo privado”, explica López. “Y eso hicimos, con un gran esfuerzo porque hablamos de 500 o 600 euros al mes. Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero una piensa en las familias que no...”, no concluye la frase. “Es un tema muy gordo, la diferencia entre recibir esta atención temprana o no puede ser que un niño aprenda a hablar o no”.

Financiación, reparto del alumnado, bilingüismo, conciertos en Bachillerato, quién sabe si algún día en infantil, libertad de elegir o de ser elegido. Si en algo coinciden las partes es en las diferencias que las separan. Mucho está en juego para la Educación en las elecciones.