Madrid sigue a la caza de rastreadores en "entidades externas" y sin lograr la plantilla recomendada por los expertos

Un enfermero de urgencias del 061 realiza los test PCR.

La Comunidad de Madrid continúa manejando una cifra de rastreadores muy parecida a la prometida en el mes de mayo. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que cuentan con más de 400, sin concretar el dato exacto. Para alcanzar la cifra han encadenado polémicas decisiones, recurriendo a trabajadores de ayuntamientos, licenciados universitarios voluntarios y, ante las dificultades para reclutar nuevos profesionales, el pasado viernes optaron por privatizar contra reloj parte del servicio contratando a Quirón Prevención SL. 

La Comunidad de Madrid busca rastreadores voluntarios mientras planea gastarse 50 millones en un nuevo hospital

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Sanidad continuará "manteniendo contactos con entidades externas a la Comunidad" para aumentar la plantilla de profesionales que realizan seguimiento de contactos de COVID-19, explican fuentes oficiales de la Consejería. El último sector con el que se han puesto en contacto es el de las mutuas "para buscar alguna colaboración", añaden las mismas fuentes. El sindicato Comisiones Obreras ha explicado este miércoles que la Consejería de Sanidad "se ha dirigido a AMAT (patronal de las Mutuas) y a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras [del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] para requerir la puesta a disposición del personal de las mutuas para que presten servicio como rastreadores". 

Según Rafael Perez, responsable de mutuas de CCOO, la Consejería "ha pedido entre uno y tres profesionales en cada una de las 18 mutuas". "Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es requisar recursos ajenos porque no quiere realizar las inversiones a las que se comprometió y buscar tarde y mal personal a coste cero sin ninguna garantía en las condiciones de trabajo", apunta el sindicato en un comunicado. 

Por su parte, tanto la patronal como el Ministerio reducen a un tanteo inicial la petición desvelada por CCOO. Fuentes oficiales de AMAT aseguran que la Comunidad de Madrid se ha "puesto en contacto con las mutuas", aunque contextualizan que esta conversación se ha producido "a efectos de evaluar los recursos con los que se podría llegar a disponer en caso de necesidad". El Ministerio no aporta más información, se limitan a responder que "ha habido una aproximación inicial sin concreción formal".

Tres meses después y en pleno repunte de la pandemia, el Gobierno autonómico continúa diseñando sobre la marcha el equipo de rastreadores, unos profesionales que son esenciales para contener la pandemia. La estrategia de buscar personal externo coincide con el repunte de la COVID detectado en Madrid durante el último mes, entre mediados de julio y de agosto la tasa semanal de casos positivos se ha multiplicado por 19, pasando de las 285 nuevas infecciones detectadas en la semana del 15 de julio a 5.395 en los últimos siete días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. 

La reducción de edad entre los positivos aumenta el trabajo de rastreo

Los especialistas en Salud Pública llevan meses advirtiendo de la importancia de contar con equipos coordinados y consolidados para realizar las labores de seguimiento de contactos. Además, la peculiaridad actual de la pandemia, al reducirse la edad de los contagios, aporta más trabajo a los rastreadores ya que entre los jóvenes aumenta el número de personas con las que se relacionan. "De media se han cuadriplicado [los contactos]", reconocía este martes la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, tal y como publica Europa Press. De acuerdo a los datos autonómicos, la mediana de edad de los casos positivos en Madrid se situaba en 42 años, en la última semana este indicador se reducía a los 36 años. 

Sociedades madrileñas que agrupan a sanitarios especializados en Salud Pública y Medicina Comunitaria ya han denunciado en reiteradas ocasiones que "esperar a que haya un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras medidas más duras, que tienen un gran impacto social y económico", alertaban en un comunicado a finales de julio cinco asociaciones. Según sus cálculos, Madrid debería contar con una plantilla de rastreo que oscile entre 800 y 1.200 profesionales. 

En mayo, antes de pasar a la fase 1, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que contrataría a 400 técnicos en Salud Pública destinados a labores de rastreo. Este miércoles, 12 de agosto, fuentes oficiales de la Consejería aseguran que cuentan con "un equipo de más de 400 profesionales" centrado en realizar el seguimiento de las personas contagiadas y de sus familiares. 

Problemas para reclutar a rastreadores

En las últimas semanas la Comunidad ha tenido que reconocer sus problemas para cubrir las plazas con médicos y enfermeros. En una respuesta emitida a través del portal de transparencia la directora autonómica de Salud Pública, Elena Andradas, aseguró que han tenido que ampliar el perfil profesionales destinado a estas vacantes, incluyendo ramas profesionales como biología o educación social, "ante la dificultad de cubrir puestos ofertados". Un día después de emitir esta contestación, Andradas adjudicaba a dedo mediante un procedimiento de emergencia un contrato de 194.223 euros a la empresa Quirón prevención SL para realizar esa función. 

En la resolución emitida para licitar el contrato de Quirón, la directora de Salud Pública asumía que su equipo no estaba en disposición de controlar la pandemia reseñando que "la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración". Ante esta argumentación, consideraba que "se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas". Para Carballedo "no es noticia que este gobierno se apoye en la colaboración público privada para prestar el mejor servicio a los madrileños".

Coincidiendo con el repunte de la pandemia, el Gobierno autonómico publicó la Orden 920/2020 de 28 de julio que ha abierto la puerta a que la Consejería de Sanidad recurra a personal de otras administraciones para reclutar rastreadores. La nueva normativa autonómica recoge que "podrá atribuirse al personal al servicio de las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid que voluntariamente se preste, el desempeño temporal de funciones relacionadas con el rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de COVID-19 detectados en su ámbito territorial". 

Dudas "legales" sobre los contactos con las mutuas

El último recurso que ha puesto en marcha la Comunidad, al contactar con las mutuas, también está amparado por esta orden. El texto establece que si "no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las mutuas de accidentes de trabajo".

La posibilidad de incorporar a personal de las mutuas es cuestionada por Comisiones Obreras. Rafael Perez, responsable de mutuas del sindicato, asegura que tienen "serias dudas de que sea legal" porque el personal "no depende de la Comunidad de Madrid ni funcionalmente ni económicamente". Además, reseña que sin "una autorización expresa" del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "no podrían requisarlo". Durante el estado de alarma, el portavoz de CCOO cuenta que trabajadores de estas instituciones fueron destinados a residencias, pero ese movimiento estuvo amparado por la orden SND/232/2020 impulsada por el Ministerio de Sanidad. Por ahora, desde la administración central se limitan a asegurar que no existe una "concreción formal" de lo recogido en el Boletín Oficial regional.

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Publicado el
12 de agosto de 2020 - 21:42 h

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