Manuela Carmena abre la puerta a la operación Chamartín
“No hemos venido a parar las grandes operaciones urbanísticas”, dijo el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, después de aprobar la reforma de Canalejas. Entonces, se retocó el plan inicial, se redujo el volumen de la operación –no concretó cuanto–, se matuvo el centro comercial y el hotel, pero los apartamentos pasaron de 30 a 22.
Ahora el Ayuntamiento aborda la operación Chamartín, “una operación que afecta a todo Madrid”, como reconoce el consistorio: se trata de tres millones de metros cuadrados, unas 16.000 viviendas y modificar el nudo norte de la M-30, además de los terrenos aledaños a la estación de Chamartín. Es decir, intervenir desde la estación hasta los límites de la M-40.
En total, la operación son 6.000 millones de euros –que invertiría el Consorcio Castellana Norte, compuesto por BBVA, al 76%, y la constructora San José, al 24%–. Y, según el Ayuntamiento, “se busca ampliar el consenso para lograr las mejores soluciones y desarrollar una intervención urbana vertebradora y sostenible que reequilibre la zona, siempre con el criterio de la transparencia”.
El programa con el que Ahora Madrid y la alcaldesa se presentaron a las elecciones decía lo siguiente en la página 21: “Revisión integral del planeamiento urbanístico. Impulsar la paralización de la ‘Operación Chamartín’: Auditar los diferentes acuerdos que se hayan firmado con entidades públicas y/o privadas. Promover un proceso participativo abierto a distintas organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo de la zona norte del Paseo de la Castellana y todas las zonas aledañas afectadas por el proyecto”.
La actual operación está capitaneada por el BBVA, que espera sacar réditos económicos –que no ha cuantificado públicamente– del suelo y las promociones de vivendas, oficinas y espacios comerciales incluidos en el plan.
Argentaria compró en una subasta hace dos décadas unos terrenos municipales junto a la estación. El pago de esos terrenos estaba condicionado a poner en marcha la operación Chamartín. El proyecto se paralizó hasta que, en los últimos meses de los gobiernos de Ana Botella e Ignacio González en el Ayuntamiento y Comunidad, se resucitó. Esta vez, no obstante, tenía fecha de caducidad: el proyecto tenía que estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2016, según firmaron las partes en el contrato. De no ser así, el BBVA, que dice haber gastado 100 millones en la realización del último proyecto, se retiraría.
Así, el Ayuntamiento se enfrenta a un dilema: o da el visto bueno definitivo al proyecto del BBVA de aquí al verano para que a 31 de diciembre de 2016 ya esté en marcha; o empieza de nuevo.
Y, ante la cuenta atrás, ha decidido convocar unas mesas de debate en las que participarán “técnicos municipales, representantes del Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, colegios profesionales, universidades, asociaciones vecinales y grupos políticos municipales”. La primera mesa tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos el próximo lunes. “El objetivo es integrar estos terrenos en el tejido social de la ciudad, de forma que se facilite la convivencia ciudadana y no se convierta en una pieza ajena e inconexa con respecto a su entorno urbano. Las propuestas presentadas serán estudiadas para su posible incorporación en el diseño del ámbito”.
“Tras el primer debate”, explica una nota de prensa oficial del Ayuntamiento, “se celebrarán al menos tres sesiones más en las que se debatirán aspectos monográficos relacionados con la movilidad, el medio ambiente, y la ordenación urbanística. Las propuestas que se presenten durante esas sesiones, serán estudiadas para su posible incorporación en el diseño del ámbito. El objetivo es presentar las conclusiones de los distintos debates durante la primera quincena de febrero del próximo año”.
En febrero de 2015, justo un año después de su aprobación inicial por parte de Ana Botella –a tres meses de las elecciones muncipales de mayo de 2014–, ya habrá un nuevo Gobierno en Moncloa –de Fomento depende ADIF y Renfe, afectados por la operación– y se estaría a tiempo de introducir algunas modificaciones. Pero modificaciones no sustanciales, toda vez que el plazo expira a finales de 2016 y no daría tiempo a acometer grandes cambios salvo que se empezara todo el proceso desde el principio.
Fuentes municipales explican que quieren que se haga por partes y han expresado dudas con las cantidades de viviendas –que están en función de la ratio establecida por el plan general de urganismo, para cuya moficiación haría falta el visto bueno de la Comunidad de Madrid– y la viabilidad “económica y de modelo de ciudad”. La operación, cuyo desarrollo se ha pensado en un plazo de 20 años, ha de aprobarse de forma global. Pero, cada parte que se vaya a construir, requiere de autorización municipal. Y, posterioremente, el Ayuntamiento debe autorizar de nuevo los detalles de esa construcción: es decir, los tipos de edificios, comercios, zonas verdes y dotaciones de cada una de las promociones.
De momento, se han establecido “una mesa política y social creada el pasado mes de octubre con el objetivo de analizar, evaluar y recomendar las líneas de ejecución de la Prolongación de Castellana y en la que están presentes los grupos políticos y los colectivos sociales afectados, y una mesa técnica para estudiar la operación desde el punto de vista técnico”.
