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Los médicos dan un ultimátum a Ayuso para que termine con la alta temporalidad de las plantillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una foto de archivo.

Fátima Caballero

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La temporalidad de los sanitarios del Servicio madrileño de Salud (SERMAS) se ha vuelto un tema recurrente desde que estallara la pandemia por la Covid-19. La crisis sanitaria puso de relieve las costuras de un sistema con miles de médicos que encadenan contratos precarios. Aunque la situación venía de lejos. La temporalidad de las plantillas –a la que se suma la falta de facultativos– es generalizada en todos los niveles de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero es más acuciante en los hospitales, donde un 52% de los médicos que trabajan lo hacen con contratos temporales ya sea de interinidad o encadenando contratos que van del día a los meses: suponen 6.215 de los 11.970 médicos que trabajan en la región, según los datos de la propia Consejería de Sanidad. En Atención Primaria y en el SUMMA 112 el porcentaje sigue siendo elevado pero disminuye hasta el 35%.

Los médicos han dicho basta a este modelo sistemático de precariedad que supone una merma de derechos para los profesionales y que acaba repercutiendo también en la atención. La novedad radica en que, en esta ocasión, incluso el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) –cuya dirección actual es más afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la anterior– ha cogido las riendas de este asunto que desde los sindicatos médicos llevan reclamando durante años. El colegio profesional convocó el pasado jueves una reunión que tuvo una asistencia masiva, con 215 jefes de servicio de todos los hospitales madrileños de peso y de todas las especialidades.

De ese encuentro se consensuó un manifiesto común que ya cuenta con más de 3.000 firmas de profesionales. En el escrito ponen una fecha límite, el 1 de junio, para que la Consejería ponga en marcha convocatorias de plazas excepcionales que regularicen la situación de cientos de médicos que llevan en la sanidad pública madrileña durante años sin poder ser fijos. Si en esa fecha no se ha avanzado en una solución, amenazan con acudir a los tribunales. También se mencionan movilizaciones.

Sobre el escandaloso número de médicos temporales que también se produce en otras comunidades autónomas alertó hace unos meses la Unión Europea. La UE condicionó los fondos europeos a que se pusiera solución y daba a España hasta 2024 para que la temporalidad se situara en el 8%. El Gobierno central se puso manos a la obra aprobando una ley para que las comunidades autónomas pudieran acelerar los procesos. Pero en Madrid, denuncian sindicatos y ahora el Colegio de Médicos, no se ha hecho nada hasta la fecha.

“La aplicación de la ley 20/2021 nos ofrece una oportunidad única e irrepetible de lograr la estabilización de las plantillas”, recoge el manifiesto. “Más de la mitad de los contratos de los médicos son temporales. Es una situación disfuncional inaceptable que pone en riesgo el desarrollo profesional y el ejercicio digno de la medicina”, añade.

Desde AMYTS, el sindicato mayoritario de médicos, llevan reclamando desde hace años una solución para un problema que no es nuevo y que han encadenado los sucesivos gobiernos del PP. Por eso, el organismo social celebra que se haya sumado el Colegio profesional y también numerosos profesionales de renombre a esta petición. “Nos congratula mucho comprobar que el Colegio de médicos de Madrid se une a las propuestas que AMYTS lleva defendiendo todos estos meses ante la administración. A ver si ahora todos juntos lo conseguimos”, afirma Javier Ortega, responsable del área hospitalaria del sindicato.

En Urgencias, los médicos llevan 21 años sin oposiciones y el porcentaje de temporales alcanza el 82%. La consecuencia directa de esta situación es que no tienen derecho a cobrar la carrera profesional y otros pluses que sí reciben los profesionales que trabajan de manera fija. Entre ellos hay interinos y eventuales. Muchos reclaman en los tribunales, que acaban dándoles la razón, otros que encadenan contratos temporales de días o meses lo tienen más complicado porque la ley no les ampara pese a que llevan años trabajando en el SERMAS. 

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se pronunció esta semana sobre esta cuestión asegurando que la intención del Gobierno regional es “estabilizar al máximo el mayor número de profesionales”. “Para ello hemos sacado en los dos últimos años una oferta pública de empleo que son de 4.725 plazas”, defendió. El problema es que estas plazas al ser previas a la ley estatal, no tiene en cuenta los años que muchos ya llevan trabajando en la sanidad madrileña.

“Tenemos que defender que nadie pierda ninguna oportunidad en ninguno de los procesos. Tenemos que luchar por una fijeza para todos por una vía o por otra, en un proceso o en otro sobre todo los interinos de larga evolución”, defiende Ortega, responsable del área hospitalaria de AMYTS.

El despido de 6.000 sanitarios

El 1 de abril de este año el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso fin al contrato de más de 6.000 sanitarios entre los que hay médicos, pero también enfermeros, técnicos de laboratorio, auxiliares y celadores. Todos ellos habían firmado los llamados contratos COVID en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia. Muchos de ellos han vuelto a la temporalidad encadenando contratos precarios. Otros se han ido al paro.

La razón que siempre ha alegado la dirección de recursos humanos a los sindicatos presentes en la mesa sectorial es que “no hay capacidad presupuestaria” para afrontar estos contratos que en el último año y medio se han financiado con fondos que ha transferido el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

La realidad es que para las cuentas de 2022, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha aprobado un presupuesto que recoge un merma de 178 millones de euros para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo a la pandemia. Todo esto, mientras el Gobierno de Ayuso rebaja impuestos que benefician principalmente a las rentas más altas y con lo que Madrid ha dejado de recaudar 334 millones de euros al año.

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