El 'mini Ayuntamiento' que gestiona el Centro de Madrid
“Centro es especial, aquí todo es más grande y mayor”. La frase se repite como un eco en los despachos y pasillos de la Junta de Distrito Centro, en el número 72 de la calle Mayor, en el que trabajan 255 empleados públicos. En sus cinco plantas se gestionan cosas tan diversas como la atención a personas sin hogar o la limpieza de los colegios, o que, por ejemplo, el pescado de nuestro plato de sushi esté libre de bacterias, la organización de fiestas tan emblemáticas como las de San Cayetano y La Paloma. Entre sus funciones también hacen frente a la solución habitacional ante desahucios, como los simbólicos de Argumosa 11, a la ayuda a domicilio e incluso inspeccionar las mesas y las silla de la terraza de un bar por no cumplir con la normativa municipal.
El edificio de la Junta, construido en 1864, es el Centro neurálgico de casi todas las actividades reguladas en los barrios de Cortes, Sol, Justicia, Universidad, Embajadores y Palacio. Una polis dentro de la ciudad de Madrid con casi 150.000 residentes, pero con otros tantos habitantes flotantes, como los miles de turistas cautivados por sus museos, sus icónicas plazas y su inagotable oferta comercial y de ocio. Desde la Junta de Distrito se trata de buscar el virtuoso equilibrio entre aquellos para los que el Centro es su barrio, ese en el que la vida cotidiana cobra significado, y los que están de paso, ya sea para una quedada de amigas o para lanzar al mercado una campaña publicitaria. “Hay parte de razón en esa acusación de Centro como parque temático”, comenta el coordinador del distrito, Jesús Martín.
Esta institución municipal cuenta con un presupuesto, al margen de los gastos de personal, de unos 23 millones de euros, pero que puede crecer con créditos que se van autorizando desde el Ayuntamiento, que igual que cede competencias, cede dinero para gestionarlas. En 2018 terminó gestionando un presupuesto de 27 millones de euros. El 60% de este dinero va a parar a los servicios sociales, sobre todo a ayuda a domicilio, que recibe nueve millones.
La puerta de Servicios Sociales, el departamento que más recursos económicos y de personal acapara, se encuentra abierta. “Somos la puerta de entrada al ciudadano, somos el eslabón más cercano y tenemos autonomía para abordar la problemática específica del distrito. Tenemos también la mayor parte de personal de la Junta, alrededor de 60, de los que la mitad son trabajadores sociales.
Además hay otros 50 profesionales, como psicólogos, que se contratan de manera externa. Los barrios de Embajadores y Palacio son los que concentran un mayor nivel de atención. Ocho de los 28 trabajadores sociales trabajan en Embajadores, marcado por la precariedad económica, el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad que se concentra en el barrio. “Durante muchos años se ha primado la concepción del ciudadano como consumidor de servicios, y el trabajo comunitario ha sido poco desarrollado, salvo en este distrito”, señala Carmen Cepeda, responsable del departamento.
Para ello se trabaja con las asociaciones de la zona, alrededor de 130. Existen mesas temáticas de empleo, salud o infancia, en las que se implica a la comunidad para que mejore desde sí misma. “Nuestra tarea es acompañar esos procesos para que se produzcan”, comenta, señalando que la atención individual queda incompleta al no incidir sobre su circunstancia. En Ribera de Curtidores se encuentra el centro comunitario feminista del distrito, donde el componente de género es troncal, desde antes incluso de que hubiera un área de Igualdad en el Ayuntamiento.
Alto porcentaje de personas sin hogar
El distrito concentra el mayor número de personas en situación de calle de la ciudad de Madrid, alrededor de 770, el 35% del total. Aunque el encargado del acompañamiento de las personas sin hogar es el Samur Social, la Junta se suma al trabajo para buscarle un acceso a los recursos sociales que están a disposición del resto de la población. “Si la persona sin hogar se implica, sale de la red especializada y entra en la misma atención que cualquier otro ciudadano”, explica Cepeda, que incide en el dato de que el 95% de las personas en situación de calle tienen patologías asociadas, sobre todo trastornos psicológicos y adicciones.
“Esto complica que la persona gobierne su vida. Pero tenemos otra labor, que es evitar que lleguen a esa situación cuando son personas solas, con dificultades económicas, adicciones o violencia de género en el caso de mujeres, y pierden su alojamiento tenemos 45 plazas en pensiones en el que todos los años invertimos 350.000 euros, para evitar que lleguen a la red de personas sin hogar”, comenta sobre unos procesos lentos que pueden durar entre seis y 18 meses. Pero las plazas son escasas y desde el distrito se echan en falta la puesta en marcha de más recursos por parte de la Comunidad de Madrid.
Otra de la problemática específica es la concentración de enfermos mentales, la mayor en todo Madrid. “El Centro envuelve en el anonimato, la gente es más invisible, pasa desapercibida. Pero, igual que las personas sin hogar que duermen en la Plaza Mayor, también se encuentran más seguras”, explica la responsable. Con ellos hacen una tarea complementaria de acompañamiento, por la escasez de recursos en el sistema de salud. Igualmente, se trata con la población inmigrante, que recala en el distrito por las facilidades que da el distrito para “buscarse la vida”, analiza Cepeda.
El problema de la vivienda, con la subida de los precios del alquiler unido al auge de los pisos turísticos, también recala en el departamento. Cepeda fue la única trabajadora municipal que pudo atravesar el cordón el día que se consumaron los desahucios de Argumosa 11. “Fue una situación muy triste. Es una de las situaciones estresantes más duras por las que puede atravesar una familia”, rememora escuetamente. “Estamos trabajando mucho desde la parte preventiva para ayudar económicamente al pago del alquiler y evitar que se abra un expediente de desahucio por impago, porque los caseros quieren que el proceso se consume para conseguir alquileres más ventajosos”, señala.
Cuatro centros de mayores
El departamento se encarga también de cuatro centros de mayores, lugares de encuentro que buscan promover el envejecimiento activo desde juntas directivas constituidas por mayores, a través de voluntariado y talleres diversos. Prestan servicio a 7.000 socios, entre las 20.000 personas mayores de 65 años con las que cuenta el distrito. En el Casino de la Reina, uno de los edificios municipales de Servicios Sociales en la calle del Casino, se encuentra Begoña García, al cargo de Participación Ciudadana. Está a punto de celebrarse uno de los foros locales. Antes de noviembre, la participación dependía de cultura. Ahora dependen de los distritos, que se encargan de la relación con entidades y el reparto de subvenciones.
Los responsables de actos en vía pública llegan a gestionar alrededor de 800 actividades callejeras, por su parte, los trabajadores del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana lidian con la gestión de obras, tanto públicas como de particulares. Alrededor de 10.000 inmuebles pasan anualmente la Inspección Técnica de Edificios, si alguno presenta alguna deficiencia, los técnicos del distrito inspeccionan el inmueble y dan un plazo para subsanar esas deficiencias. Su trabajo está muy ligado al departamento de disciplina urbanística, el lugar donde el ciudadano llega más belicoso: se sancionan y se precintan obras o se precintan terrazas.
Un ascensor conduce al departamento de Salud y Consumo, encargado de hacer inspecciones de seguridad alimentaria en todo tipo de establecimientos. “Deberíamos ser al menos quince, por eso vamos a los establecimientos de mayor riesgo, como colegios o residencias, o de aquellos establecimientos que ya han sido sancionados”, explica Enrique Hernández, responsable del servicio en un distrito con 5.200 establecimientos que duplica o triplica a otros distritos o que comparado con distritos como Vicálvaro o Barajas supone hasta ocho veces más. El trabajo de controlarlos recae sobre cuatro o cinco inspectores.
Igualmente se controla a los alimentadores de palomas y los edificios mal conservados que a veces se convierten en palomares o en nido de roedores, precisamente por la antigüedad de muchos edificios. Las reclamaciones de consumo también llegan a este departamento. En Centro suelen rondar las 130 al mes, tantas como otros distritos tienen a lo largo de todo el año. La mayoría se originan en tiendas de telefonía móvil y en grandes superficies como FNAC o El Corte Inglés, por el alto volumen de ventas. “Pero las grandes empresas vienen de nuevo acompañadas de grandes bufetes de abogados que recurren las sanciones y alargan los procesos de las denuncias”, explica Hernández antes de lanzarse a la calle para una nueva inspección en este distrito que parece sobrevolado por el cristal de una lupa, que aumenta y magnifica todo lo que ocurre bajo él.
