Los pueblos del norte de Madrid no quieren acoger a los menores migrantes agolpados en el centro de Hortaleza

La historia se repite. La Comunidad de Madrid vuelve a encontrarse, por segunda vez, con la negativa de un municipio a acoger a los menores extranjeros no acompañados que permanecen hacinados en el centro de Hortaleza. En este caso, el no es de Somosierra. Antes fue Tres Cantos. Mientras, la institución sigue desbordada: triplica su capacidad, gestiona la llegada de una treintena de chicos y chicas a la semana y ya no hay ni esterillas para que todos puedan dormir en el suelo, según los educadores.

Ante la saturación, que no es nueva, el Gobierno de Ángel Garrido trata de improvisar soluciones a toda prisa que pasan por intentar trasladar a los menores a municipios a 90 kilómetros de Madrid, como Somosierra. O a donde haya plazas disponibles por los convenios con las entidades, admiten fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

La reacción del alcalde del municipio de Somosierra, Francisco Sanz (PSOE), ha replicado la que ya tuvo el regidor de Tres Cantos (PP) en verano. El edificio al que, si nada cambia, serán trasladados 40 menores de Hortaleza tiene autorizado un uso diferente. En este último caso, la instalación vacía estaba concebida como residencia de personas con discapacidad. El Gobierno municipal de Somosierra va más allá: el alcalde asegura, y así se lo ha hecho saber por carta a la Comunidad, que “no hay instalaciones ni juventud para que puedan integrarse” y excusa incluso su negativa a “problemas de seguridad” en el municipio, que cuenta con 77 habitantes, según el padrón municipal.

Este jueves, en respuesta a su misiva, el presidente de la Comunidad se ha comprometido públicamente a valorar con técnicos y educadores la ideoneidad de alojar a los menores en este pueblo. La situación fuerza, y no es la primera vez, a Garrido a mantener un tira y afloja con los ayuntamientos reacios a la acogida y alerta de que el resultado de conocer cada lugar nuevo de traslado puede provocar la “estigmatización” de los menores.

En el caso de Tres Cantos, un municipio de alta renta per cápita, hubo que dar marcha atrás pese a que el edificio estaba en condiciones porque el consistorio tricantino se opuso tras días de negociación a tres bandas con el Ayuntamiento de Madrid –propietario del edificio– y la Comunidad, que barajó un atajo legal para dar cobertura a los chicos y chicas ante una “situación de caos”.

La saturación, alertada hace cuatro años

“La situación era mala ya antes de verano. Llevamos cuatro o cinco años denunciando que estamos saturados, por encima de capacidad”, explica un educador que prefiere no identificarse. El trabajador asegura que el año pasado por estas fechas el centro ya duplicaba su capacidad, con 60 o 70 menores. Está equipado para 35.

“En el centro ingresan unos cinco menores al día, 30 a la semana. No podemos llevar un control, ni siquiera conocemos a veces bien sus nombres ni sus situaciones, que son muy complejas. Muchos vienen con lo puesto, después de haber cruzado en patera. Nuestro trabajo no es solo acogerlos, sino su integración social y laboral. Una atención integral”, afirma el educador.

Estos centros, en todo caso, son lugares de primera acogida, es decir, el primer recurso de emergencia. Y los educadores denuncian que en muchas ocasiones los chicos y chicas pasan meses en los centros. “A casi todos les hacen pruebas de edad, para verificar que son menores, y los resultados se demoran hasta seis meses”, explica uno de los trabajadores.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales admiten que la urgencia no da tiempo a “sacar concursos” para crear nuevas plazas públicas y la vía más rápida es la de acogerse a convenios de entidades del tercer sector. Desde septiembre, según las mismas fuentes, el Gobierno ha contratado “136 plazas y se han ampliado en 55 las de la red estable: 38 en el Centro Isabel Clara Eugenia y 17 en el de Hortaleza”.

Un recurso de emergencia convertido en “embudo”

La Fundación Raíces, una asociación que trabaja con menores en riesgo de exclusión, advierte de que este modus operandi no es positivo para los menores. “Todo está lejos y ya hay experiencias previas que demuestran que no han funcionado. Los chicos necesitan estar cerca de Madrid para hacer papeles, para ir a sus clases, a Formación Profesional”. Lourdes Reizábal, la presidenta de la asociación, ha denunciado en reiteradas ocasiones, además, que los centros donde se da la primera acogida para que no se queden en la calle “se convierten en un embudo” en el que “hay niños que entran pero no salen” en el periodo establecido, un máximo de tres meses. “Aquí hay chicos que se pasan seis meses o más”, confirma un educador.

“Cuando dicen que están desbordados no es que haya una avalancha. Es que la acogida es máxima de tres meses y hay niños que ya no deberían estar allí, que se quedan seis o nueve meses enquistados porque no promueven los acogimientos familiares ni que vayan a pisos y los residencias infantiles como el resto de niños. Se han recortado estas plazas en el sistema de protección”, afirmaba Reyzábal, que trabaja con menores en exclusión, en septiembre en una entrevista con eldiario.es.

El acogimiento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) ha sido motivo de encontronazo político entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Garrido ha puesto en manos de la Fiscalía el reparto de fondos centrales a las comunidades autónomas. En la primera ronda, cuando se distribuyeron 38 millones de euros, la Comunidad obtuvo cero –por negligencia en los registros, según la versión del PSOE–; y en la segunda, 1.500. Una suma que el Gobierno regional considera “de risa” para atender a los 1.000 que, según el Ejecutivo, han llegado a Madrid en el último año.

En los próximos días, el equipo de Ángel Garrido tendrá que tomar una decisión sobre si finalmente ordena el traslado a Somosierra. El alcalde del municipio no parece dispuesto a permitir el movimiento y amenaza incluso con “demandar” si eso ocurre. “El Ayuntamiento hará lo que le corresponde si eso pasa. No pueden saltarse un decreto a la torera. Si lo permito, estoy prevaricando”, zanja. Y niega racismo en su postura. “Nos han llamado racistas, y eso en Somosierra, jamás”, dice en una conversación con eldiario.es.

Mientras, un centenar de chicos y chicas duermen en el suelo y tienen dificultades para ducharse todos los días, según los educadores.