Madrid tiene 3.700 familias esperando una de las 500 viviendas vacías que tiene el Gobierno regional
Bibiana López tiene seis hijos a su cargo, cinco de ellos menores, y cumple con los requisitos para acceder a un alquiler de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (el antiguo IVIMA). Pero, como unas 3.700 familias más, según datos de la propia entidad, se encuentra en la lista de personas de especial necesidad a las que aún no se les ha facilitado una vivienda pública, pese a tener derecho a ella. Ello, pese a que, según ha denunciado este jueves el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la agencia cuenta con más de medio millar de pisos vacíos. Lo han hecho mediante una acción en el barrio de Lavapiés, en la que han señalado, como ejemplo, el número 17 de la calle Valencia, rehabilitado en 2006 y aún vacío.
A pocos metros de allí vive Juana Muñoz, una vecina de Argumosa 11 que será desahuciada junto a su marido y una hija con una discapacidad del 76% el próximo 21 de noviembre. “He ido al IVIMA, a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y a la asistente social y me dicen que no tienen nada”, lamenta mientras señala al edificio cerrado: “Somos del barrio y vemos que está vacío”. Algo que su nuera, Maira Alejandra Jiménez, que se encuentra en la misma situación, pero con dos hijos de 10 y 7 años y embarazada, califica de “muy injusta. Somos personas que nos vemos en la calle con menores”.
Fuentes de la consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad reconocen que la agencia cuenta con unas 500 viviendas vacías, pero aseguran que “no existe ninguna disponible para el uso que no estemos adjudicando o en proceso de adjudicar”. Así, explican que, de ese medio millar, unas 200 se encuentran “en trámites de adjudicación o tramitación administrativa” y otras 300 “en reparación y adecuación”. En los meses de julio, agosto y septiembre, indican, se repararon 100 viviendas y entraron otras 105 para reparar, por lo que, aunque la cifra es más o menos fija, las viviendas no son siempre las mismas.
Para el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Javier Gil, esas viviendas vacías “forman parte de la anti-política de vivienda” de la Comunidad de Madrid. Solo en Lavapiés, uno de los barrios más afectados por la burbuja del alquiler, contabilizan cerca de 70, en la calle Cabeza 20 y 36, Calvario 11 y la ya mencionada Valencia 17, rehabilitados en 2009, 2002, 2004 y 2006, respectivamente. Cuatro bloques que, según datos facilitados por la propia plataforma, suponen un gasto estimado en vigilancia de unos 196.000 euros por edificio. El objetivo es, denuncian, “hinchar la burbuja del alquiler”.
Durante la acción, el cerca de medio centenar de asistentes ha pedido también la dimisión de la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo, y de la directora gerente de la Agencia de la Vivienda Social, Isabel Pinilla, por “la nefasta gestión del parque de vivienda pública”, que en la Comunidad de Madrid supone en torno al 1% del total. “Si dicen que las están adjudicando y llevan vacías desde 2006 es que alguien no está haciendo su trabajo”, señala Gil.
El portavoz ha lamentado la venta de 3000 viviendas pública a fondos buitre en 2013 y la ausencia de una Ley Autonómica de Vivienda. Precisamente, hace un año, en la Asamblea de Madrid, PP y Ciudadanos votaron en contra de la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular encaminada a crear una ley urgente por el derecho a la vivienda. Según explica la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, aquella ley contemplaba medidas para movilizar vivienda, como “la cesión obligatoria de aquella que estuviera vacía al menos seis meses”. Además, planteaba la creación “de una agencia de la vivienda social que funcione correctamente” y “un régimen de acceso prioritario para las familias que tuvieran una situación de vulnerabilidad social, para que se adjudicaran de forma rápida, no como sucede ahora”.
Por su parte, la consejería señala a la okupación de vivienda pública como un “grave problema”. En total, cifran en cerca de 2000 las viviendas ocupadas de manera ilegal y que la agencia ha iniciado el proceso para recuperar, lo que permitiría reducir la lista de 3700 personas de especial necesidad. “Es cierto que hay un problema grave de ocupación de vivienda sin título, pero es lógico teniendo en cuenta que no se adjudica vivienda pública” justifica Jacinto, que cifra en 24.000 las personas en lista de espera para acceder a una vivienda. “Nadie quiere tener esa inseguridad de que te puedan venir a desahuciar en cualquier momento”, razona.
Frente al edificio vacío de Lavapiés, afectados por la falta de una vivienda digna han ido tomando la palabra. Así contó su situación Tidli Ahmed, a quien en julio comunicaron que cumple con los requisitos para acceder a una vivienda pública pero que está “esperando a que quieran”. Una espera que se alarga ya más de siete meses en albergues y hostales de Vallecas, en habitaciones compartidas con desconocidos “separados por una sábana”, junto a sus cuatro hijos y su mujer, que sufrió el aborto de la niña que esperaban el pasado 18 de octubre, cuando se encontraba embarazad de siete meses.
