Error de cálculo en el INE: la sede que han retocado durante años en Madrid ya debía ser accesible, pero la obra ni ha empezado
Los trabajadores del INE llevan años en el exilio. La historia de la sede del Instituto Nacional de Estadística parece tropezar siempre con la misma piedra: unas obras interminables por múltiples desperfectos. Después de sucesivas inversiones y millones de euros depositados en restaurar el edificio original (Paseo de la Castellana, 183), en la última década sus infraestructuras han vivido desprendrimientos de fachada –algunos desde más de 40 metros de altura–, se han declarado en situación de emergencia o han acumulado avisos por goteras y fisuras que ponían en peligro a quienes lo alojaban. Hasta que en 2019, todo se precipitó.
El derrumbe de unas placas marcó un punto de inflexión. Se decidió entonces el traslado temporal de la plantilla a otro inmueble, esta vez en la avenida de Manoteras. La previsión inicial del INE era que la reforma en Castellana estaría prácticamente lista el próximo 15 de marzo. No obstante, la realidad se impone a la expectativas: los permisos de obra siguen paralizados. Así lo hicieron constar en un informe que el órgano de estadística proporcionó a la Oadis, la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales.
Este órgano entró en la ecuación cuando, en agosto de 2021, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad interpuso una queja al percatarse de que una de las entradas al edificio contaba con escalones o peldaños que no se adaptaban al paso de quienes tienen alguna dificultad física. El INE informó a la Oadis de que en 2022 se formalizó una licencia para llevar a cabo obras de reforma y que, por razones ajenas, la accesibilidad de la sede no estaría lista hasta (al menos) el 15 de marzo de 2025. A pocos días de esa fecha, las previsiones se retrasan.
“Todavía no tenemos los permisos y las obras no han comenzado. Ese plazo ya no sigue en pie”, confirman fuentes del Instituto Nacional de Estadística a preguntas de este periódico. El cálculo inicial era que para estos días ya se hubieran iniciado las obras, con vistas a poder trasladar de nuevo a la plantilla a Castallana 183, como mucho, en 2027. Desde el órgano público justifican este retraso en el bloqueo de la tramitación de otras licencias pertinentes. “Aún las están estudiando los técnicos municipales”, inciden, emplazando a una resolución burocrática el inicio de los trabajos previos al traslado.
El INE solicitó permisos al consistorio en 2023. Del otro lado, en el Ayuntamiento de Madrid sostienen que al recibir la petición les requirieron de vuelta “subsanar las deficiencias” que presentaba su inmueble en materia de prevención de incendios. En el consistorio no han querido detallar a cuáles se refieren ni tampoco han sido mencionadas por el órgano estadístico. Lo que sí está claro es que, con toda seguridad, marzo de 2025 no cambiará tanto el curso de una historia que lleva años paralizada.
Las idas y venidas del edificio de INE: todo empezó en 2005
La estética original de la sede del INE era sobria y gris. En 2005 se evidenciaron los primeros problemas de la estructura o el mal estado del inmueble. Solo habían pasado dos años desde que una reforma recubrió la fachada para sustituirla por una cobertura multicolor, más acorde a la idiosincrasia de la institución. Sus cuadrículas de colores representaban los 58 datos relativos a la población de España, cifras con las que trabajan diariamente en el Instituto Nacional de Estadística.
Cuando llegaron los primeros desperfectos se optó por acometer obras de rehabilitación. Comenzaron en julio de 2007, pero unos años después seguían observándose patologías en el edificio y tuvo que aprobarse una costosa rehabilitación, cuyo precio rondó los 22 millones de euros. Pero nada frenaba decadencia arquitectónica del inmueble. En 2014 hubo que ejecutar más modificaciones, adjudicando nuevos presupuestos por la aparición de fracturas en la fachada oeste, entre otras razones.
La licencia de obras para el proyecto de reparación, que debía aprobar el Ayuntamiento de Madrid, se rechazó porque la estructura no tenía permisos de funcionamiento en vigor. No había pasado una ITE reciente; es decir, una inspección ténica que constate que todo anda en orden. El problema se subsanó, pero llegaron otros: desprendimientos en las paredes, placas colgadas que caían al suelo, goteras...
Así que en 2019, con el traslado final de sus trabajadores a otro edificio, se solicitó una rehabilitación más. Esta vez se adjudicó a Ineco, una empresa pública dedicada a la construcción, y se dotó de unos 860.000 euros. El plazo de ejecución era de aproximadamente cinco años. Debería haber comenzado a mitad de diciembre de 2020 y finalizado el 30 de noviembre de 2025, desarrollando obras ahora en marzo. Pero, visto lo visto, la vuelta al edificio en Castellana 183 no para de tropezar en el camino.