El Ayuntamiento solo ha multado a una decena de viviendas turísticas de Centro en todo 2022 por ejercer sin licencia

Turistas esperando a entrar en un edificio (archivo) | SOMOS MALASAÑA

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Según datos de la Agencia de Actividades (ADA), dependiente del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en lo que va de año en todo el distrito Centro se han impuesto 10 multas a propietarios de viviendas de uso turístico que estaban realizando esta actividad económica sin la correspondiente licencia.

Así fastidia la vida a unos vecinos del centro de Madrid un piso turístico ilegal ante la pasividad administrativa

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En la actualidad, según la misma fuente, el consistorio tiene abiertos en el distrito otros 155 expedientes administrativos en materia de viviendas de uso turístico en los que ha ordenado el cese de esta actividad de hospedaje.

Estos expedientes están en fase de comprobación por parte de técnicos municipales, quienes deberán verificar que los titulares de las viviendas apercibidas hacen caso al mandato municipal.

De no así, se procedería a “iniciar las actuaciones de ejecución forzosa del acto administrativo mediante multas coercitivas”, advierten desde el departamento de prensa del distrito, para especificar seguidamente que hay 159 expedientes de multas coercitivas abiertos en estos momentos, los cuales podrían llegar a ejecutarse pasado el período que otorga la ley a los propietarios para presentar las alegaciones que consideren oportunas y agotar los trámites de defensa de sus derechos e intereses que les otorga la normativa.

Las multas por realizar la actividad económica de alquiler turístico sin el necesario permiso son de 1.000, 2.000 y 3.000 euros y se notifican junto con la carta de pago correspondiente.

La ilegalidad como norma

El distrito Centro es el que acumula la mayor parte de las viviendas de uso turístico que hay en la ciudad de Madrid y se calcula que, con la vigente legislación, que entre otras cosas obliga a que los pisos turísticos cuenten con un acceso independiente del portal del edificio en el que se encuentran, más del 90% de todas ellas se ofrecen al margen de la legalidad.

El pasado mes de junio, cuando el Ayuntamiento descartó modificar la actual ordenanza de los pisos turísticos, que data de 2019, los cálculos oficiales estimaban que en la capital había 10.000 viviendas dedicadas al alquiler vacacional, esto es 10.000 viviendas que deberían estar ofertándose en otro tipo de mercado.

El reconocimiento explícito por parte del gobierno municipal de esta ilegalidad se está tratando de contrarrestar, hasta el momento, en el distrito Centro con una decena de multas coercitivas impuestas, centenar y medio de expedientes de multas abiertos y otro centenar y medio de órdenes de cese de actividad dictados.

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