Primer día del juicio denominado como del siglo y primeras declaraciones exculpatorias. Uno de los juicios por irregularidades urbanísticas más esperados en Castilla y León ha comenzado como se esperaba, esto es, con el alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) negando todas las imputaciones y dejando claro que si él actuó de esa manera –concesión de licencias de forma supuestamente irregular- lo hizo con los informes técnicos favorables.
José Manuel Méndez, que ha pasado por diversos partidos políticos, entre ellos el PP y ahora los Independientes por Arroyo, se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valladolid con la tranquilidad que le caracteriza y con la sombra de su abogado, el que fuera juez Javier Gómez de Liaño. Sin apenas inmutarse contestó a lo que se le preguntaba, a excepción de las preguntas que le hizo el abogado de la acusación popular -la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI-.
El alcalde se enfrenta a una pena de diez años y medio de cárcel y a multas que superan los 534.000 euros, dado que el fiscal le imputa dos delitos de prevaricación urbanística, dos de cohecho y uno de malversación.
Todo lo que hizo fue legal. Todo, amparado por informes técnicos. Y, como es habitual en él, para todo tenía respuesta: su incremento patrimonial se ha basado en los sueldos de empresas suyas, de una cobraba 3.000 euros netos al mes y de otra ni se acordaba del sueldo que tenía ni donde estaba ubicada. Con estos sueldos, más otros 70.000 euros anuales brutos como alcalde, llegó a comprarse una casa en Villagarcía de Arosa a la empresa Mahia; una parcela en Arroyo de la Encomienda, para construirse una vivienda, y un chalet en Sangenjo (Pontevedra). Y, además, tenía empresas en Portugal.
Nunca recibió “dádivas”. No hubo problemas. Todo era legal. Así se podría resumir el primer día de juicio del ‘caso Arroyo’, donde se juzga a la trama urdida en Arroyo de la Encomienda, a escasos ocho kilómetros de Valladolid, para beneficiar a una empresa constructora a cambio de dinero para los políticos.
Durante los próximos días se deberá concretar esta trama, definida así por el juez instructor, para quien José Manuel Méndez era una de sus patas, junto a dos responsables de la empresa constructora Mahía. Según el auto de imputación, “se fueron beneficiando conforme Mahía se expandía en el municipio”. Los tres “elegían las personas beneficiarias y concertaban entramados societarios para intentar ocultar las personas existentes detrás de los mismos, todos ellos sabedores de su participación en el desarrollo de Mahía en el municipio, aunque en diferentes tramos temporales y actuaciones”.
El otro de los políticos implicados, es Jesús García Galván, que hasta hace unos días era el portavoz del PP en la Diputación Provincial de Valladolid, y quien figura en el auto de imputación del juez instructor como otro miembro más de la trama, al dar el visto bueno a determinados sectores urbanísticos de Arroyo.
Además de estos dos políticos, hasta el día 18, se han sentado en el banquillo de los acusados los que fueran responsables de la empresa constructora, Jesús Presas Cobra y Ramón López Casal; la que fuera apoderada de esta empresa, María Iluminada Miguel Fernández; y el todavía hoy arquitecto municipal del Ayuntamiento de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar.
