Es el celador mayor de la Reserva de Caza de Fuentes Carrionas, el parque natural del norte de Palencia. Es decir, la persona encargada de hacer cumplir la legalidad en la zona de caza. Es decir, aquel que debe poner coto a las cacerías ilegales.
Sin embargo, ahora, el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número uno de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha decretado la apertura de juicio oral contra este celador mayor, J.D.G., que a finales del pasado año se encontraba suspendido de forma provisional de sus funciones, según reconocen a La Meseta fuentes oficiales.
Como consecuencia de esta decisión judicial, el representante del Ministerio Fiscal hizo, a finales de septiembre, su escrito de conclusiones provisionales en las que pide dos años y nueve meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y otro de apropiación indebida.
En su escrito, el fiscal dice que J.D.G. salió a cazar, junto a su hijo, un vigilante de la reserva y un cazador –deportista muy conocido y de elite-, los días 6 y 7 de octubre de 2012 “a pesar de ser días de descanso laboral”. “Ambas cacerías no estaban autorizadas por la directora técnica de la reserva, sino que los permisos de caza los elaboró el acusado con un ordenador procediendo a suplantar la firma realizando un garabato en la casilla correspondiente de los permisos”, añade.
El cazador –y deportista muy reconocido- pagó las “correspondiente” cuotas de la caza, sin que el acusado las ingresara en la Junta de Castilla y León. Por un rebeco macho y por un ciervo macho el cazador pagó, en metálico y al celador, 1.320 euros en concepto de cuotas de entrada y complementarias por pieza abatida.
La Junta de Castilla y León, por su parte, hace suyo los argumentos de la Fiscalía, aunque con una diferencia. Según el abogado del Gobierno regional, el ciervo macho está valorado en 6.000 euros y el rebeco macho, en 9.000. El cazador pagó 720. Este letrado pide la misma pena que el fiscal, 2 años y 9 meses de prisión por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida.
Sin embargo, llama la atención que mientras se fija en 15.000 euros como el valor de los animales por otro lado reclama una indemnización de 1.320 euros “por los daños causados a la Administración”.
Por su parte, el colectivo Ecologistas en Acción pide para el celador mayor una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad documental; una multa de seis meses por un delito contra el Medio Ambiente; y una multa de 10 meses por el de malversación de caudales públicos. Además, se le pide una indemnización de 15.660 euros; 9.000 euros correspondientes al rebeco abatido y otros 6.000 euros correspondientes al ciervo que mataron.
