Primero fue un “esto no puede volver a ocurrir”, que no vuelvan a aparecer gusanos en la sopa de colegios de León y de Segovia. Luego, la Junta de Castilla y León renueva el contrato con la empresa que sirvió esos platos de comida. Y ahora, que el Gobierno regional aprueba una sanción ejemplar: 134.601 euros por incumplimientos en la legislación alimentaria.
El Ejecutivo de Castilla y León anunció ayer, a través de una nota de prensa, que finalizaba la “tramitación de los expedientes incoados a través de las consejerías de Sanidad y de Educación a la UTE Serunión-Grupo Lince Asprona, con motivo de los incidentes alimentarios acaecidos el 9 de octubre de 2014 en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia”. Y que como consecuencia de esos expedientes se decía sancionar, de forma solidaria a la UTE, con una multa de 134.601 euros por incumplimientos de la legislación alimentaria.
En total fueron seis los colegios de Castilla y León donde se sirvieron sopa con larvas de gusano. En los centros Antonio Valbuena, de León, el Trepalio, de Trobajo del Camino (León), en el Centro Rural Agrupado de Riaño (León) y en el colegio Las Cañadas de Tresacasas (Segovia), las larvas llegaron al plato de los niños, aunque los monitores que había en los colegios los detectaron y los retiraron.
En otros colegios de León, como La Palomera y Antonio González de Lama, se detectaron antes de pasar a los comedores. Eran gusanos pequeños, de color blanco, sin patas, y de un centímetro.
Serunión, concesionaria del servicio de comedor de los centros, pidió rápidamente disculpas por su aparición, aunque aclaró que no eran nocivos para la salud y que no fueron ingeridos por los niños. En una nota de prensa, la empresa atribuye la presencia de estas larvas a una partida de pasta envasada en un paquete de cinco kilogramos cuya fecha de caducidad era de 30 de noviembre de 2016. Y también se alegaba un posible problema en la línea fría.
Sin embargo, ahora la Junta de Castilla y León reconoce que esos hechos “no pueden ser achacados a los métodos de cocina 'en línea fría' en sí, que están reconocidos como técnicas con un elevado nivel de seguridad alimentaria dentro de la restauración, sino a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol”.
El Gobierno regional dice, en su comunicado, que como consecuencia “de la comunicación oficial del incidente alimentario se realizaron diversas inspecciones por los Servicios Oficiales de Salud Pública”. En ellas se constataron distintos “incumplimientos de la legislación alimentaria y se levantaron las correspondientes actas de inspección”, que derivó en expedientes sancionadores con una cuantía total de 89.500 euros.
A estas sanciones impuestas por la Consejería de Sanidad hay que sumar otros 45.101 euros correspondientes al importe global de los dos expedientes (uno por provincia) incoados por la Consejería de Educación. En este caso, se trata de “expedientes de imposición de penalidades derivados de las incidencias detectadas”.
Sin embargo, en las primeras semanas del mes de noviembre pasado el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la renovación del contrato a Serunión, por cinco millones de euros y hasta 2017, para servir las comidas a medio centenar de colegios de la provincia leonesa.
La Junta de Castilla y León premiaba de esa manera a la empresa Serunión porque el servicio que prestaba tenía “calidad y variedad de los menús”. La oferta de esta empresa fue “la más ventajosa económicamente”, además de que ofrecía “la contratación de personal discapacitado, las mejoras den la atención al alumnado, la organización del servicio y el departamento dietético-nutricional”.
Y ahora se le sanciona con 134.000 euros, en una sanción que podría considerarse ejemplar, por “incumplimientos de la legislación alimentaria”.
