Londres quiere discriminar a los emigrantes europeos

Tras un año de palabras altisonantes sin mayor contenido, este lunes la premier británica presentaba en el Parlamento su propuesta negociadora concreta sobre la suerte que correrán los 3,1 millones de ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña cuando concluya el Brexit. Por tanto daba inicio a la batalla política y diplomática de verdad. Y no precisamente de la mejor de las maneras. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha dicho que la oferta británica está por debajo de las expectativas y el líder laborista Jeremy Corbyn ha declarado que su rival conservadora quiere utilizar a los inmigrantes como moneda de cambio.

“Queremos que os quedéis”, ha concluido Theresa May. Pero eso no queda ni mucho menos claro en el texto de su propuesta. Porque esta incluye algunas cláusulas que, de aplicarse en un futuro, discriminarán a los inmigrantes y terminarán por convertirlos en una especie de ciudadanos de segunda clase que, además, sólo podrán reclamar sus derechos ante los tribunales del Reino Unido y no a los de la Unión Europea.

La propuesta del Gobierno de Londres divide a los actuales inmigrantes (125.000 de los cuales son españoles) en dos categorías: los que llevan más de 5 años residiendo en Gran Bretaña y los que llevan menos. Los primeros podrán continuar haciéndolo con el único requisito de que obtengan una especie de DNI para inmigrantes europeos, una medida discriminatoria pues los ciudadanos británicos no están obligados a tener un documento de ese tipo. Los que llevan menos tiempo entrarán en un proceso, cuyos detalles no se han concretado, para alcanzar un estatus similar. Y los que llegaron después del 27 de marzo de este año se quedarán en un limbo no poco inquietante.

El texto presentado por la primera ministra británica no menciona ni de pasada qué ocurrirá con el derecho de voto del que actualmente gozan los ciudadanos europeos, que podría perfectamente quedar anulado el día que concluya el proceso de negociación. Pero sí precisa que sólo los inmigrantes que certifiquen ingresos de un mínimo de 21.000 euros anuales podrán traer legalmente a sus cónyuges. Con todo, la indefinición más inquietante de la propuesta de Theresa May es la relativa a las garantías de derechos en materia de asistencia sanitaria, derechos de los trabajadores autónomos y criterios sobre cualificaciones profesionales.

Por último, las condiciones que exigirá el Gobierno británico para que su oferta relativa a los inmigrantes europeos pueda llevarse a la práctica: 1) Que los residentes británicos en países de la UE (300.000 de ellos en España) reciban un trato recíproco. 2) Que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo completo sobre el Brexit.

En conclusión, nada definitivo por el momento, salvo los claros indicios de que el actual Gobierno británico quiere poner las cosas más difíciles a los inmigrantes europeos y, de paso, desalentar lo más que pueda a los ciudadanos que estén pensando trasladarse a su país. Que parecen ser cada vez menos: Le Monde ha dado como dato concreto de esa tendencia a las enfermeras: en junio de 2016 (el referéndum sobre el Brexit se celebró el 24 de ese mes), 1.300 emigraron a Gran Bretaña. En abril de este año sólo lo han hecho 46. Y otro dato: en 2016 abandonaron el Reino Unido 117.000 emigrantes europeos, cuando el año anterior, 2015, sólo lo habían hecho 31.000.

En pocas palabras, que Gran Bretaña está dejando de ser, y no precisamente a un ritmo pausado, una salida laboral y vital disponible clara para los millones de ciudadanos europeos, particularmente los jóvenes, que la crisis económica había dejado sin trabajo y sin perspectivas en sus países de origen.

Más allá de los nuevos requisitos, de las peores condiciones y de las dificultades para asentarse que tendrán los llegados más recientemente cuando la propuesta de Theresa May se aplique realmente –para lo cual, seguramente faltan varios años–, lo que no cabe es prever un retorno masivo de inmigrantes. Porque la mayoría terminará adaptándose, a su pesar, a las nuevas condiciones dado que sus países de origen siguen sin ofrecerles expectativas laborales. Ello no obsta para que vayan a batallar: de hecho, las organizaciones representativas de la inmigración europea en el Reino Unido ya se han puesto en pie de guerra.

Pero también porque el panorama político británico es demasiado incierto como para que el que más o el que menos no prefiera esperar y ver lo que ocurre antes de tomar decisiones drásticas.

En primer lugar, el Gobierno británico sigue al borde de la crisis tras de que los conservadores perdieran en mayo la mayoría absoluta. Theresa May sobrevive precariamente en el Parlamento gracias a un acuerdo con los ultraconservadores unionistas norirlandeses del DUP que podría romperse en cualquier momento y la posibilidad de unas nuevas elecciones generales en un plazo de menos de un año sobrevuela pesadamente sobre el panorama político británico.

Para todos está claro que Theresa May no encabezará la lista conservadora que concurra a las mismas. Más de un medio conservador la considera un cadáver político y si aún no ha dimitido es porque el partido conservador está más dividido que nunca y es incapaz de encontrar un nuevo líder, lo cual favorece las perspectivas de los laboristas.

Pero el trauma sufrido por los conservadores hace un mes en las urnas también ha reavivado la política sobre el Brexit mismo. Los partidarios del remain, de seguir en la UE, han recobrado fuerza y la posibilidad de un segundo referéndum que anulara el de junio de 2016 se debate cada vez más abiertamente en los diarios de referencia de Londres. En suma, que cualquier cosa puede pasar durante el proceso de negociación. Que, de hecho, ha empezado el lunes, pero que puede durar años. Y en el que, hoy por hoy, Bruselas tiene la mano, y puede poner las cosas muy difíciles a Londres y condicionar sus decisiones. Lo cual no ocurría hace pocos meses.