Se acaba de aprobar en el Congreso, con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto -con Compromís y PDeCAT-, el informe de la Subcomisión de propuestas en política de aguas en el marco del cambio climático, órgano perteneciente a la Comisión de Agua y Cambio Climático, en el que se incluye la petición de que se “redimensionen” los trasvases, ante la perspectiva de un descenso en los caudales debido a este fenómeno que avanza de modo implacable, con gran indignación por parte del Partido Popular. Por su parte, el expresidente Garre, en precampaña electoral con su nuevo partido, ha calificado este dictamen de “ataque a la Comunidad de la Región de Murcia”, en la línea de sus antiguos compañeros de filas. Sin embargo, estas actitudes denotan un total desconocimiento de la realidad climática actual y futura.
En julio del pasado año se publicó un estudio realizado a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, 'Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España', en el que se prevé un descenso en la disponibilidad del agua en los próximos decenios, disminuyendo hasta casi un 30% la escorrentía para el final de este siglo. Para abundar más aún en ese impacto, el sur y el sureste peninsular, según ese estudio, serán las regiones más afectadas por el cambio climático, con un mayor estrés hídrico, traducido en un descenso de hasta el 50% en las aportaciones hídricas de la cuenca del Segura, según las previsiones más pesimistas, y del 14%, las más optimistas, de aquí al año 2100.
El concepto que manejan los 'protrasvasistas', entre los que se incluye el presidente López Miras, como dijo al comienzo de su mandato, de “cuenca deficitaria”, no se refiere tanto a la cantidad de agua que lleva la cuenca del Segura de forma natural, que es variable en función de las aportaciones debidas a las lluvias, como a las necesidades que tienen las actividades económicas que se han ido multiplicando desde la existencia del trasvase Tajo-Segura. Urbanizaciones tipo resort, campos de golf, regadíos donde antes había cultivos de secano, un porcentaje nada desdeñable de los cuales han surgido de forma irregular, han aumentado exponencialmente la demanda de agua, por lo que, como les ocurre a los adictos, los promotores de esas actividades nunca tendrán suficiente para hacer crecer sus negocios, aunque se les diga una y otra vez que la cantidad disponible será cada vez menor debido a las consecuencias del cambio climático.
Tanto el presidente López Miras como su portavoz Noelia Arroyo parecen ignorar las conclusiones de ese y otros estudios; sus declaraciones públicas son más propias de los negacionistas del cambio climático que de representantes públicos con responsabilidades políticas. El presidente y su consejera no tardaron en descalificar a los que, basados en evidencias científicas, ponen en duda la política de trasvases, opción que se ha verificado obsoleta y sólo aplicable a corto plazo, llegándoles a calificar de “analfabetos hídricos”.
Cabría preguntarse quién hace gala de un mayor analfabetismo, si aquellos que siguen las recomendaciones y las previsiones de los expertos en la materia, o los que, poseídos por una especie de manía persecutoria, piensan que la cuestión se reduce a que unos cuantos, según ellos, anti-murcianos y radicales sólo buscan perjudicar a la Región de Murcia. No sólo eso, sino que la consejera Arroyo, en una vuelta de tuerca, afirma que el trasvase Tajo-Segura “es la infraestructura más eficaz que hay en España para luchar contra el cambio climático”, en una huida hacia adelante, comparable a pretender apagar un fuego con gasolina.
A la actitud cargada de sentido común de adelantarse a la situación de sequía y estrés hídrico, y proponer soluciones ambientalmente sostenibles, se antepone la visión cortoplacista del gobierno regional del PP murciano, quienes, con la venda en los ojos, continúan negando la evidencia, y actuando de la misma manera que ya hicieran desde los tiempos del 'Agua para todos'. Es necesario aplicar soluciones alternativas a los trasvases, que pasan por sustituir la gestión de la oferta del agua, como es exigir cada vez más caudal para continuar con el modelo económico insostenible vigente, en favor de la gestión de la demanda, tanto agraria como urbana e industrial, con un cambio en el modelo productivo hacia uno más sostenible y que no sólo busque el beneficio económico inmediato, sino el mantenimiento óptimo de los ecosistemas, apoyado por el uso de aguas desaladas obtenidas con energías limpias.
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