En una democracia representativa el pueblo elige a unos representantes que toman decisiones políticas por él. Frecuentemente, una “cámara de representantes” ejerce el poder legislativo, de forma más o menos independiente de los poderes ejecutivo y judicial.
Las tensiones entre los tres poderes restan eficacia a la maquinaria del estado, pero evitan la tiranía que un poder monolítico y absoluto puede ejercer sobre el pueblo. La estrategia de controles y equilibrios supone la existencia de una serie de instituciones y mecanismos que intentan oponerse tanto a la hipertrofia de alguno de los poderes, como a posibles desviamientos de su función, dada la propensión de las instituciones humanas a descarrilar de vez en cuando.
La existencia de una segunda cámara de representantes sirve de control a la primera, supervisando y refrendando, o no, las resoluciones de esta. Tiene la ventaja adicional de poder reflejar una perspectiva alternativa del pueblo. Así, en el Reino Unido, donde la cámara de los comunes refleja la perspectiva de que todos los ciudadanos son iguales, la casa de los lores refleja una visión alternativa según la cual existe una aristocracia con mayor poder y responsabilidad. Mientras que los miembros del Parlamento (los comunes) son elegidos por el pueblo, los lores acceden a su posición por derecho hereditario o designación de la reina, en el caso de los lores temporales, o por su posición en la iglesia anglicana, en el caso de los lores espirituales. La relevancia o validez de esta perspectiva en concreto está muy discutida, pero aporta un enfoque diferente.
En España se ha propuesto que la segunda cámara, el senado, funcione como una cámara de representación territorial. Según este enfoque, el Congreso de los diputados representaría la visión de que todos los ciudadanos son iguales, mientras que el senado permitiría aportar una perspectiva complementaria. En una cámara de representación territorial los representantes no serían elegidos por el conjunto de los españoles, sino cada uno por una circunscripción geográfica, resaltando las diferencias territoriales sobre otras cuestiones económicas, ideológicas, etc. Dada la heterogeneidad territorial y cultural de España, creo que este enfoque tendría sentido y podría constituir un foro en el que confrontar a través del diálogo las distintas particularidades regionales. Sin embargo, hay un problema.
El Congreso de los diputados, en el que se supone que cada uno de sus miembros representa a todos los españoles y que vehiculiza la visión de que todos los españoles son iguales, tiene un sistema de elección que no concuerda con esta función. La elección de los diputados no se realiza mediante un sistema electoral de circunscripción única en el que los votos de todos los españoles son iguales. La circunscripción electoral es la provincia (o la ciudad autónoma), lo que tiene el potencial de convertir al Parlamento, en la práctica, en una cámara de representantes territoriales, no nacionales.
El problema se complica aún más al tener en cuenta que las distintas provincias difieren en cuanto a demografía, economía, derechos históricos, etc. No todas las provincias eligen una cantidad igual de diputados, ni tienen la misma ratio entre habitantes y representantes. Esta desigualdad siembra todo tipo de agravios comparativos y produce una base de inestabilidad sobre la que pueden escalar los conflictos en situaciones de tensión.
Además, la existencia dentro del territorio español de regiones en las que se ha desarrollado un sentimiento nacionalista de patria chica, opuesto al de la nación española, introduce un elemento suplementario de inestabilidad. Algunos diputados procedentes de estas zonas han manifestado explícitamente su voluntad de representar al pueblo de sus regiones y no al conjunto de los españoles.
Todo esto confiere al Congreso de los diputados características de una cámara de representación territorial, si bien no está completamente diseñado para ello.
Mi propuesta, dada la importancia del tema territorial en nuestro país, y sin perder de vista el principio fundamental de que todos los españoles somos iguales, es convertir el senado en una cámara de representación territorial, a la vez que se convierte el Congreso en una auténtica cámara de representación nacional. Esto requeriría que los diputados se eligiesen mediante un sistema de circunscripción única en el que todos los votos tuviesen el mismo valor.
De esta manera aprovecharíamos las ventajas del bicameralismo, con dos foros configurados para privilegiar aspectos diferentes de nuestra realidad política.
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