Durante los últimos años que llevo escribiendo sobre este tema, dada la carencia de una entidad o consorcio, he empleado ambos términos como sinónimos cuando no lo son. La idea era generar o crear un estado de opinión que consintiera mejorar el transporte público municipal y regional. Una vez que este estado de opinión se asume, en parte por el desastre en el que se encuentra el transporte público regional y municipal, creo que es el momento de pensar que necesitamos en su construcción para que sea lo más efectivo posible.
En este caso hemos de tener en cuenta la situación uniprovincial de la Región, en la que su capital un área metropolitana que estaría formada por diez municipios: Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Archena, Santomera, Beniel, Ceutí, Alguazas y Lorquí, con una población estimada de unos setecientos mil, la décima por número de población y de las primeras en polución por la falta de una gestión eficiente del transporte público. Una situación de la que era consciente la antigua Entidad de Transporte de la Región de Murcia que en 2011 ya evaluaba con el Ministerio de Medio Ambiente el modelo de aplicación del plan mejora de la calidad del aire en lo referente al transporte. Una Entidad que fue disuelta en 2012 con la crisis manifestando el nulo interés por el transporte público.
Resulta curioso, que bien sea mediante entidad o mediante consorcio, la creación y gestión del transporte público empezara, en Bilbao en 1975, con la gestión de futuro metro, en 1985 en Madrid con la creación del consorcio de transportes, en 1991, en Valencia, en 1995 en Barcelona, renovado en 1997, en Alicante en 1999, en Sevilla en 2001, en Asturias en 2002, en Murcia en 2006. La fórmula jurídica adoptada por cada uno de ellos fue diferente, y los pesos de las administraciones en la toma de decisiones son diferentes y no podemos analizarnos en profundidad, pero si podemos dada nuestra experiencia y evaluando cada uno de ellos intentar delimitar cómo debería de ser dicha entidad para el caso murciano.
Si hemos de aprender de la historia parece claro que la gestión no puede estar en las únicas manos de la Comunidad Autónoma como sucedió con la ETP creada en 2006 y disuelta en 2012. Con aquella disolución la Comunidad demostró no creer en el transporte público ni en su organización, ni en el futuro de esta región, pero también esta claro que la misma no puede quedar fuera de la organización dado que de ella son parte de las competencias como expresó la sentencia del Tribunal Constitucional de 1996.
La cuestión, como siempre en estos casos, es política, aunque se exprese jurídicamente en un articulado. Es por ello que necesitamos desarrollar un modelo que exprese un necesario equilibrio de poderes democrático para que no suceda como en 2012 cuando la anterior entidad fue disuelta por dos tercios de los votos. Algo que no es nada extraño si repasamos como se conformó su Consejo de Administración en su artículo octavo. Este dotaba a la comunidad de siete representantes: una presidencia, una vicepresidencia, más cuatro vocales, y el director del ente elegido por aquella mayoría. Un rodillo que hacia imposible prestar atención a las demandas de los ayuntamientos, gestionar y desarrollar el transporte público y que además permitía su disolución en cuanto causara problemas, como sucedió.
Es por ello que creo que la apuesta en este caso debe residir en la creación de una entidad de derecho público que tenga un carácter asociativo con una personalidad propia independiente que pueda articular la cooperación económica, técnica y administrativa en la materia de creación y gestión tanto de las infraestructuras, como de los servicios de transporte de los municipios consorciados. En ella los pesos de decisión deben ser repartidos de manera ponderada entre sus miembros para que no vuelva a suceder lo que pasó, y para ello el peso de los alcaldes de los municipios es clave y estos han de tomar la voz cantante en su organización y gestión. Con esta fórmula evitamos la situación que nos ha traído hasta aquí, y sobre todo que los municipios tengan voz en la gestión de ese consorcio, algo que deberían exigir y de manera conjunta y no por separado para lograr que la Comunidad de una vez por todas haga su trabajo. Sobre todo, porque sin esta entidad es imposible obtener fondos europeos y Murcia se está quedando atrás.
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