Si no hay nuevos contratiempos, el juicio al expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso de la desaladora de Escombreras, se celebrará más de 20 años después de que se inaugurara esta gravosa infraestructura. Otra vez, al lento y tortuoso ritmo de la Justicia. Para mediados de septiembre de 2027, la Audiencia Provincial de Murcia ha fijado la vista en 21 sesiones y con 80 testigos que serán citados a declarar. Valcárcel se enfrentará a una petición de 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Se le acusa de delito de prevaricación continuada, delito continuado de fraude y malversación de caudales públicos. Para entonces, el expresidente, que ocupó el cargo desde 1995 hasta 2014, estará a punto de cumplir los 73 años de edad. Aunque la ley en nuestro país no establece una edad máxima para entrar en la cárcel, sí considera esta como factor atenuante a la hora de fijar la pena, existiendo medidas alternativas a la prisión para las personas mayores.
En vísperas de una campaña electoral, el 25 de abril de 2007, la desaladora comenzó a funcionar de la mano del grupo ACS, que preside el empresario madrileño y madridista Florentino Pérez. Se estiman en unos 180 millones los metros cuadrados que se recalificaron en más de una veintena de municipios merced al agua potable que dispensaría la desaladora, cuyo sobrecoste cifró en 74,1 millones de euros la Fiscalía Anticorrupción. Los ayuntamientos comenzaron a hacer caja, a través de los adelantos de promotores inmobiliarios y propietarios de terrenos que ya veían próximo un pingüe negocio. Sin embargo, la crisis de 2009 y una sentencia del Tribunal Supremo echaron por tierra aquellos sueños de urbanizar todo lo urbanizable.Tras ello, ACS reclamó 600 millones de euros para rescindir el contrato de una infraestructura que, en 2010, ya perdía 54 millones y que fue diseñada en 2006 con la pesada losa de que sus compromisos contractuales difícilmente se cubrirían con los ingresos que se generaran.
En el auto de apertura de juicio oral, la jueza del caso asumió la petición de la fiscalía consistente en imponer una fianza para Valcárcel por idéntico montante al que supuso el sobrecoste de la desaladora: 74.194.332,55 euros. Para julio pasado, la magistrada había fijado un señalamiento de conformidad, que el acusado rechazó decidido a defender su inocencia en el juicio, según expuso él mismo. A partir del 15 de septiembre de 2027 habrá ocasión de comprobar si sus argumentos lo exoneran.
Pertrechado desde una especie de frenesí hídrico con el lema ‘Agua para todos’, el PP ganó una elección autonómica tras otra desde 1995 hasta 2015 en la Región de Murcia. Lo hizo, en ocasiones, de forma aplastante, con porcentajes -llegó casi al 60%- que abrumaban a la izquierda, desalojada del poder luego de gobernar durante 16 años, entre 1979 y 1995. La derogación del Trasvase del Ebro, con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004, dio al traste con las intenciones del Ejecutivo regional de dotar de agua suficiente a ambiciosos proyectos inmobiliarios de carácter expansivo, que multiplicarían la población en los municipios afectados con nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana adaptados para la ocasión. El proyecto de la desaladora de Escombreras vendría a suplir esas carencias y dotaría de la potabilidad necesaria a las promociones de viviendas que se acometieran, así como de riego a los consiguientes campos de golf. Nadie intuyó entonces que la burbuja inmobiliaria acabaría por estallar en las mismas narices de algunos de sus más fervientes impulsores. Es en la novela Crematorio (2007), en la que Rafael Chirbes describe como pocos situaciones parejas originadas en la vecina Comunidad Valenciana, donde se lee esta frase lapidaria: “Cuando las ideas no te dejan ver la realidad, no son ideas, son mentiras”. Algo de eso pudo haber en todo este oneroso embrollo, que acabó en los tribunales, perpetrado en una Región regida por alguien que también fingió en el pasado que contaría con un aeropuerto de 260 millones que no costaría un solo euro a los contribuyentes.
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