La Audiencia exige una fianza de 74 millones al expresidente Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha notificado este miércoles al expresidente murciano del PP, Ramón Luis Valcárcel, que ha desestimado el recurso de apelación que presentó la defensa del exmandatario para evitar el desembolso de una fianza de 74,1 millones de euros exigidos por el Juzgado de Instrucción número 1 por el caso de la desaladora de Escombreras, para el que ha sido citado ya a declarar Valcárcel el próximo 9 de julio.

La magistrada que juzga el también conocido como caso La Sal II ha determinado el embargo de los bienes del expresidente si no la deposita de forma cautelar: sueldos, inmuebles, planes de pensiones o productos financieros. Aunque no hay un plazo fijado para el desembolso de la fianza, lo que está claro es que Valcárcel ya no podrá eludirla al no caber recurso contra la decisión judicial.

La Comunidad Autónoma, actor civil en la causa, también reclama una indemnización de 74.194.332 euros para las arcas públicas regionales. Tanto la Comunidad como la Fiscalía han aclarado que el expresidente podría exigir a los demás procesados en otra pieza separada que aporten -según su responsabilidad- una parte de esa fianza.

Según la defensa del expresidente, la fianza exigida era irracional, desproporcionada y arbitraria, y además argumentaba que ya se había reclamado en el Juzgado número 5 de Murcia, “duplicando un supuesto perjuicio millonario de forma ficticia y arbitraria”. Para la Audiencia, sin embargo, “la responsabilidad solidaria impone precisamente que cada deudor responda del total de la obligación establecida, dejando a salvo el derecho de repetición el que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno”. La cifra exigida como fianza es la misma del presunto sobrecoste que originó la construcción de la desaladora.

La Fiscalía ha pedido para Valcárcel 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La acusación popular, a través del abogado Diego de Ramón, eleva la petición a 15 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inabilitación, a lo que suma una multa del séxtuple del dinero defraudado.