Resultaría lugar de lo más común el tópico “crónica de una muerte anunciada” para describir lo que acaba de pasar en el Mar Menor, apenas tres años después de la gran crisis eutrófica en 2016 o de la “sopa verde”. El caso es que el anuncio de lo que presenciamos ahora viene de hace cinco o seis lustros, como acaban de recordar ANSE, Ecologistas en Acción RM (EeArm), Pacto por el Mar Menor, y demás. Y como perfectamente reflejó la semana pasada, premonitoriamente, un especial de este diario.
Tampoco debería perder el tiempo con las necias palabras del presidente López Miras, al borde de la laguna, exigiendo al Gobierno de Madrid que solucione el asunto. Es fácil imaginar lo que haría este “buen chaval” ––Rajoy dixit–– si en La Moncloa estuviera instalado su partido, ese tan podrido como lo están las aguas de la laguna. Crítica común de todos quienes se horrorizan ante lo que acabamos de ver es que el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no han hecho nada por evitar lo que se viene anunciando que pasaría desde hace tanto tiempo.
Pero han hecho, vaya que si han hecho. Y mucho. El problema no ha sido la inacción gubernamental y administrativa, sino todo lo contrario: tanto las políticas dirigidas desde San Esteban desde 1995, como las toleradas desde la CHS también desde entonces han impulsado el deterioro ambiental que ha culminado en el desastre actual.
Muchos de quienes lo han hecho o han participado políticamente de esos malhechos tienen nombres y apellidos. Algunos ya se sabe o se intuye quiénes son. Antes incluso, en 2016, de que el fiscal jefe Díaz Manzanera imputara a finales de 2017 a toda una retahíla de posibles causantes del deterioro del Mar Menor, alguno de cuyos nombres quedaron bien puestos negro sobre blanco.
Entonces observé que en los reportes del texto de la querella del fiscal se señalaban con nombres y apellidos a los responsables políticos de la Consejería de Agricultura del inolvidable Antonio Cerdá y de la CHS regida tanto por PP como por PSOE a lo largo de las legislaturas. Pero no se reflejaban los nombres de los 24 agroindustriales imputados por el fiscal y que podrían ser en el futuro acusados de vaya usted a saber qué delitos, aunque aquí lo que está en juego es el medioambiente.
De momento, todos son inocentes, pero no estaría de más conocer quiénes son, además de los “políticos”, los agroindustriales que están envueltos en el asunto. Cuando se troceó la macroquerella del fiscal por la juez Miriam Martín, unos pocos meses después de que Díaz Manzanera la presentara, bastaba con repasar el texto del Ministerio Público para encontrar que de las 24 empresas relacionadas algunas podían ser fácilmente identificables. En el sexto párrafo las tienen.
Pero seguimos sin que se conozca oficialmente a qué empresas agroindustriales corresponden las 24 siglas de la querella. Aunque sí sabemos que las acciones judiciales emprendidas no han detenido el curso de los acontecimientos, como demuestra que otros procedimientos han sido iniciados desde entonces.
Sin ir más lejos, mañana mismo, miércoles 16, a las 11 de la mañana, la que fue ex consejera de Agricultura tras el egregio Cerdá, Adela Martínez Cachá, está citada como investigada por el juez Ángel Garrote para explicar por qué se construyó una tubería sin evaluación de impacto ambiental, que costó 1,7 millones y no funciona, para desviar a Cabo de Palos y arrojar al Mediterráneo los vertidos agrícolas que bajaban, y siguen bajando, por la rambla del Albujón directamente al Mar Menor.
En el texto del acuerdo firmado el 31 de marzo de 2017 para construir esa tubería están las firmas de la ex consejera ahora refugiada en la UCAM, por supuesto, y los directivos de la poderosa Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, entre ellos los representantes de Agrícola Sarete S.L.; Antonio García Pedreño y Mariano Roca Inglés, de Inmobiliaria Vano S.L.; Antonio Conesa Albaladejo, de ANS Inversiones Mediterráneo S.L.; o Antonia Martínez Lambertos, de Agrícola Martínez Lamberto, entre otros.
El asunto era tan urgente que en la Consejería no se consideró oportuno hacer la evaluación de impacto ambiental pertinente. Resultado: sin ella y sin permiso de vertidos al Mediterráneo, ahí se quedan los 1,7 millones de euros.
Y la cosa sigue en paralelo porque el próximo día 23, una semana después, la cúpula directiva al completo de Portmán Golf irá al juez a declarar como imputada por no haber sellado convenientemente la balsa Jenny de Portmán en… ¡2005! Era cuando el cénit de Valcárcel. Y ahora resulta que la Benemérita encontró restos de los tóxicos de esa balsa en las ramblas de Mendoza y Ponce que, tras pasar junto al Llano del Beal, desembocan en… Adivine el lector. Seguro que acierta. Que se sepa, Portmán Golf pertenece a los grandes empresarios Mariano Roca Meroño y Alfonso García, desde que la adquirieron a la minera Peñarroya y itiente un amplio historial “medioambiental”.
En todo este maremágnum y con el llanto por el Trasvase por bandera, también se sigue intentando ampliar la sobrexplotación del entorno del Mar Menor. EeArm acaba de alegar contra una transformación pretendida por la pachequera Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo S.L. en la zona de Lo Poyo, a un kilómetro y medio de la laguna. C.A.M. S.L., representada por Simón Conesa Albaladejo, pretende convertir 90 hectáreas cultivos herbáceos de regadío en cultivos de limoneros bajo malla, lo que aumenta el uso de fertilizantes y otros productos fitosanitarios y contribuye a aumentar las escorrentías de agua de lluvia. Es decir, aumenta la presión ambiental sobre la laguna. Pero todos somos inocentes de la muerte del Mar Menor, mientras no se demuestre lo contrario. Vale.
