El calor no es diferente, pero depende del sistema

He leído que el consejero de Educación de la Administración Regional atribuye las dificultades para climatizar los colegios a las limitaciones de las instalaciones eléctricas. Puede que técnicamente tenga razón. Sin embargo, para muchos padres y madres que llevamos años viendo cómo se posponen soluciones imprescindibles, esa explicación suena más a justificación que a respuesta.

Mi hija comenzó su escolarización en el colegio público La Arboleda, en el barrio de La Flota de Murcia. Era un centro nuevo, a estrenar, una infraestructura que debía representar la apuesta por la educación del futuro. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

El aire acondicionado no llegó gracias a la Consejería de Educación. Llegó gracias al esfuerzo económico de las familias a través del AMPA, después de sucesivas negativas de la administración. Y no fue la única carencia. También tuvimos que adquirir una fotocopiadora para que el profesorado pudiera desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

La implicación de las familias fue aún más lejos. Con la colaboración de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia se consiguieron árboles jóvenes para mejorar los espacios con sombra en el patio del centro. Los padres los plantamos y, además, instalamos un sistema de riego por goteo para garantizar su mantenimiento.

No cuento esto para reivindicar el compromiso de las familias, que siempre ha existido y siempre existirá. Lo cuento porque revela una realidad incómoda, en demasiadas ocasiones los padres terminan cubriendo necesidades que deberían estar garantizadas por la administración pública.

Por eso resulta difícil aceptar que, años después, se sigan esgrimiendo obstáculos técnicos como principal explicación. Las limitaciones eléctricas no aparecieron de repente. El aumento de las temperaturas tampoco. Los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes y llevan años siendo una evidencia para cualquier docente, alumno o familia.

Además, resulta inevitable comparar esta situación con la de muchos centros concertados. Aunque también forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos, en numerosos casos cuentan con mayores márgenes para acometer mejoras o responder con más rapidez a determinadas necesidades. Mientras tanto, en algunos colegios públicos las familias se ven obligadas a suplir carencias básicas que deberían estar cubiertas desde el primer momento.

La cuestión no es si existen dificultades técnicas. Claro que existen. La verdadera cuestión es por qué no se planificaron antes las inversiones necesarias para resolverlas. Gobernar consiste precisamente en anticipar los problemas y dotar de recursos a los servicios públicos para afrontarlos.

La educación pública no puede depender de la capacidad económica, del tiempo libre o del nivel de organización de las familias de cada centro. Un colegio debe disponer de instalaciones adecuadas porque es un derecho de los alumnos y una obligación de la administración, no porque un AMPA consiga reunir fondos suficientes.

Si queremos que las familias elijan libremente entre educación pública y concertada en condiciones de igualdad, la red pública debe ofrecer unas infraestructuras dignas y adecuadas sin depender de iniciativas extraordinarias de padres y madres. De lo contrario, la comparación acaba siendo inevitable y, en muchos casos, injusta para quienes apuestan por la escuela pública.

Cuando un responsable político explica lo que no puede hacerse, los ciudadanos esperan escuchar también cuándo se hará y cómo se hará. Porque las excusas, por muy técnicas que sean, no bajan la temperatura de las aulas.

Y los alumnos y los maestros siguen siendo quienes soportan el calor.