Aunque cuando se escucha hablar a Mabel Campuzano -la consejera ultraderechista de Educación que lanza proclamas antivacunas desde la tribuna de la Asamblea Regional- pueda parecer que no hay nadie al volante, lo cierto es que la Consejería de Educación está siguiendo un plan bien definido y estudiado, ejecutándolo además con precisión y pulso de cirujano. Durante años, el despiadado desmantelamiento con el que la patronal de la enseñanza privada y la derecha neoliberal sueñan ha sido atenuado por la resistencia de una comunidad educativa que, siempre que ha sido necesario, ha actuado en bloque y se ha echado a la calle para enfrentarse a los recortes. Hemos vivido tijeretazos importantísimos, pero la educación pública resiste, en demasiadas ocasiones con medios extremadamente precarios y gracias al esfuerzo de docentes y familias del alumnado, pero resiste. Ahora, sin embargo, con una población en shock tras la pandemia y la llegada de una consejera aún más predispuesta a acabar con cualquier atisbo de lo público en la educación, ese sueño está a punto de convertirse en realidad.
Cada vez que Campuzano habla, es para anunciar un nuevo recorte, un nuevo disparate negacionista o un nuevo ataque al derecho a la enseñanza pública. Su negativa a mantener para el próximo curso los profesores con los que se reforzó la plantilla para hacer frente a la pandemia sólo puede entenderse bajo el escudo del negacionismo más trumpista. No obstante, Campuzano ha sido una activa defensora de las teorías de la conspiración sobre la COVID en redes sociales. Y, en plena coherencia con el fanatismo propio del negacionismo, hizo uso de la palabra desde la tribuna parlamentaria para anunciar que no tenía intención alguna de inmunizarse y propagar dudas sobre la vacuna. Esa coherencia personal ultra la lleva ahora, sin temblarle la mano, a la gestión de las vidas de todos los ciudadanos y ciudadanas, poniendo en riesgo la salud de las familias del alumnado y de los docentes. El resultado inmediato de contar con menos profesores y profesoras es, evidentemente, que habrá muchos más alumnos por aula. Cualquiera sabe, incluidos los propietarios de los colegios privados –por eso buscan subvenciones públicas y cobran cuotas ilegales-, que siempre es mejor dar clase a 20 menores con recursos para atender a 20 menores, que tener a 30 alumnos y alumnas por aula, sin contar con recursos para atenderlos. Niños y niñas hacinados en clases que, además, no cuentan con las dimensiones necesarias para guardar distancia de seguridad alguna. Campuzano también ha manifestado que la distancia no será un requisito en los colegios de la Región de Murcia. Coherencia fanática.
Pero ¿es coherente un presidente como López Miras que plantea –a destiempo casi siempre- restricciones en el interior de los locales de hostelería y mientras permite a su consejera convertir las aulas murcianas en latas de sardinas? Pues depende. Buscar la coherencia a López Miras es un auténtico ejercicio matemático de abstracción y requiere varias dimensiones, pero al final se logra. Por un lado, el presidente necesita del voto de los tránsfugas que se compró durante la moción de censura para continuar en el cargo. No está por la labor de meterse en la gestión de una consejería que vendió a cambio de los tres 'noes' de los diputados ultraderechistas elegidos en las listas de Vox. Por otro, ha encontrado una magnífica excusa y una fenomenal ocasión para ejecutar lo que jamás se atrevería a haber ejecutado si el Partido Popular hubiese estado al frente de la consejería.
Lo que está intentando el Gobierno regional es el cambio definitivo de modelo. No es Mabel Campuzano quien lleva las riendas de Educación. Pero esa no es razón para tranquilizarse. Los intereses de la consejera están movidos, en realidad, por las poderosas empresas de la educación privada, que en nuestra Comunidad Autónoma tienen un peso inmenso y un poder muy considerable. El reflejo en el ámbito universitario lo hemos podido ver esta misma semana. Mientras la falta de plazas hace que la nota de corte para entrar en Medicina en la universidad pública se acerque temerariamente al 14 sobre 14, la consejera Miguélez (también tránsfuga, pero ciudadana) regala generosamente 60 nuevas plazas a la facultad de Medicina de la UCAM en Cartagena, que cobrará a 12.000 euros cada una por curso a quienes puedan y quieran pagarlo, sin importar, eso sí, la nota que hubiesen sacado en la EBAU. Así es como se garantiza que las profesiones mejor remuneradas sólo sean accesibles para los hijos de las clases más adineradas. ¿Quién puede permitirse 12.000 euros anuales por hijo o hija para darle una formación universitaria?
Viendo cómo el Gobierno regional concede una nueva dádiva a la UCAM, se entiende perfectamente la coherencia de los recortes de Campuzano. De una parte, se ataca y se roban medios a la educación pública. De otra, se aumentan los conciertos con los centros privados. E incluso se busca trampear la ley para seguir financiando centros de sociedades religiosas reaccionarias que segregan a los menores por sexo, como es el caso del Nelva y el Monteagudo. A Campuzano le da igual que la LOMLOE prohíba terminantemente financiar con fondos públicos a los centros que llevan a cabo este tipo de prácticas. Ya antes de que ella fuese nombrada consejera, el presidente López Miras anunció que no tenía intención alguna de cumplir la ley. Torra fue inhabilitado por menos.
El desmantelamiento de la enseñanza pública sólo tiene un objetivo: hacer dinero. Mucho dinero. La pretensión (también ilegal) de acabar con la educación pública y dar a los padres y madres un “cheque escolar” con el que elijan a qué centro privado llevar a sus hijos e hijas, tiene que venir necesariamente precedida de un aumento de la demanda en la concertada. ¿Cómo se consigue esto? Convirtiendo el derecho a la educación pública en poco más que asistencia social o beneficencia, mientras que se desvían los fondos de la administración a empresas privadas o instituciones religiosas. Conseguir que, pudiendo elegir, sólo acabe en la pública quien no tenga más opción. Ese es el plan, y lo lleva siendo años.
Pero, al maquinar cómo realizar sus propósitos, el Gobierno regional y la patronal de la privada no han tenido en cuenta los posibles y hasta previsibles giros de guion. Habían pensado que la movilización estaría bajo mínimos tras la pandemia, pero no contaban con que éste ha sido un curso de esfuerzos extenuantes para toda la comunidad educativa. Un esfuerzo que no vamos a permitir que haya sido en vano. Familias, personal docente, equipos directivos y ciudadanía en general, no van a permanecer impasibles ante el robo de los recursos públicos y de los derechos de los niños y niñas. Renunciar a la educación pública es renunciar como sociedad al futuro, y aunque cansados y cansadas, los docentes y las docentes estamos más que dispuestos a luchar por la educación pública.
En 2012, cuando la respuesta a la crisis por parte del Gobierno de Rajoy fue el despido masivo de profesores y profesoras en toda España, la marea verde de la educación frenó la sangría. Fue dramático ver como se acababa con más de 3.000 plazas de docentes en las aulas murcianas, pero lo cierto es que la intención de Pedro Antonio Sánchez era aún más arrolladora. Hoy, a diferencia de en 2012, la respuesta del Gobierno de España ha sido regar de millones a las comunidades autónomas para que pongan a punto la educación, la sanidad y los servicios sociales. Es lo razonable tras una pandemia que ha demostrado que cuando vienen mal dadas, sólo lo público resiste y garantiza los derechos del pueblo. No hay excusa alguna para recortar ahora en la enseñanza, en la salud y en el bienestar de los niños y niñas de la Región de Murcia.
Quienes quieren hacer de la educación un negocio muy lucrativo, tienen un plan. Pero nosotros y nosotras, quienes conocemos y defendemos la educación pública como mejor garantía de prosperidad y de igualdad, tenemos otro: contratar más profesores, reducir el número de alumnos y alumnas por aula, no sólo por seguridad sanitaria, sino por dar una atención mejor a cada niño y cada niña, construir más centros públicos, dotarlos de más medios. En definitiva, nuestro plan es simple: cumplir la ley. ¿No era esa la también la obligación de López Miras?
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