Uno de los grandes enigmas de la estructura del actual Gobierno de la Región de Murcia es cuál es la función y razón de ser de una Consejería como la de Mujer, Igualdad y LGTBI. Lo ambicioso de su denominación hizo pensar, en el momento de su creación, que, o bien constituía un contrapeso progresista en el seno de un gobierno ultraconservador, o bien un mero acompañamiento estético que pretendía lanzar el mensaje: “No, no somos tan retrógrados como parece”. Pues bien: ninguna de estas dos opciones se ha revelado como la correcta. El departamento que dirige Isabel Franco tiene un solo e importante cometido en el Consejo de Gobierno: blanquear las políticas liberticidas de la derecha radical. De hecho, todas las materias que aparecen recogidas en la nomenclatura de la Consejería parecen, más bien, piezas a abatir por la acción del Gobierno y no realidades a proteger. No está de más recordar, en este sentido, la negación de la violencia de género de la que se jacta la ultraderecha –una de sus representantes ocupa un sillón relevante en el organigrama del Ejecutivo-; la entusiasta defensa del 'pin parental' como modo de bloquear el acceso del alumnado a cualquier tipo de información sobre diversidad sexual; o la sorprendente iniciativa presentada por Vox en la Asamblea para erradicar y penalizar el uso del lenguaje inclusivo de la administración pública, y que tuvo su rompimiento de gloria en las posteriores declaraciones de la Consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, en las que confirmaba la decisión de su Consejería de depurar los libros de texto de todo tipo de lenguaje inclusivo, por dificultar éste la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Hace ya algunos meses que califiqué a la Región de Murcia como la 'pequeña Hungría'. Y los hechos no hacen sino confirmar desgraciadamente lo acertado de tal caracterización. Esta tierra del Sureste español se ha convertido en el laboratorio privilegiado de la derecha radical, en el que, un día sí y otro también, se ensaya un “autoritarismo constitucional” que tiene como fin triturar, uno a uno, derechos y libertades fundamentales. Al igual que ha sucedido con el 'pin parental, la estrategia de criminalización del lenguaje inclusivo se ha desarrollado en dos fases: la primera contempla la presentación de la versión más radical de una iniciativa que tiene como fin borrar y castigar el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones regionales; la segunda actúa como reinterpretación táctica de las expectativas iniciales, con el objeto de entregar una versión final menos descarada y más trufada de eufemismos. De acuerdo con este simple pero eficaz esquema, la segunda fase del hostigamiento al lenguaje inclusivo implica sumergir la claridad discursiva de la propuesta inicial –eliminar y multar el empleo del lenguaje inclusivo- en una nebulosa argumentativa en la que el Gobierno utiliza a su antojo una serie de conceptos y acusa a la opinión pública de no haber comprendido nada. Se trata, en suma, de convertir la cuestión del lenguaje inclusivo en un problema de primer orden y que requiere de una urgente respuesta social –objetivo a todas luces conseguido- para, después, administrar el placebo de que, en verdad, se trata de una propuesta destinada a garantizar el buen uso gramatical del castellano en la administración pública –exigencia ésta que, por otro lado, no muchos representantes políticos cumplen.
Pero siempre hay un actor despistado que fastidia el plan diseñado y que nos recuerda las verdaderas intenciones con las que éste fue concebido. Un día después de que Isabel Franco nos dijera que no habíamos entendido nada, y de que todo esto iba de hablar y escribir bien nuestro idioma, Mabel Campuzano reveló que su consejería iba a eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto para facilitar la lectura comprensiva de los estudiantes. Aquí está la clave. Una representante de la derecha radical y del patriarcado más nauseabundo no puede pronunciarse con eufemismos cuando de lo que se trata es de evitar, a toda costa, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Llevo años ayudando a mi hijo a repasar las materias de los libros de textos, y ni él, ni sus compañeros, ni los padres de sus compañeros, ni las AMPAS correspondientes han mostrado jamás ningún reparo en que, en algunas frases, se emplee una fórmula como la del desdoblamiento: “hombres y mujeres”, “niños y niñas”, “todos y todas”… Las políticas excluyentes del Gobierno Regional resultan ya indisimulables. La 'pequeña Hungría' es noticia en los medios nacionales e internacionales por el peor de los motivos: la merma de libertades y de derechos. O la sociedad civil se toma esto en serio o el futuro puede ser más oscuro de lo que ya es el presente.
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