Los vertidos a las aguas, suelos y acuíferos son uno de los problemas de primera magnitud en el territorio murciano. Se producen y se han producido vertidos de múltiples procedencias y características, que suponen un problema de contaminación y degradación en grandes zonas de la región, con consecuencias negativas para la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
La contaminación por vertidos es una lacra que afecta negativamente a la agricultura, la pesca, turismo y otras actividades económicas que dependen de un medio ambiente de calidad. Generan perdidas de ecosistemas y puede afectar la salud humana a través del consumo de agua contaminada o alimentos cultivados en suelos contaminados. En la Región de Murcia tenemos innumerables ejemplos de ellos y de sus impactos provocados.
En Calasparra, se producía un vertido de petróleo que contaminaba una finca rural tras romperse el oleoducto Cartagena–Puertollano. Según el informe de la empresa, el vertido afecto a más de dos mil metros cuadrados zona que, además, es un paraje de especial importancia al ser vecina a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Llanos del Cagitán. La finca afectada está en la cuenca del río Quípar, cuyo control corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. El combustible vertido se ha infiltrado dos metros en el subsuelo de la finca afectada. La empresa concesionaria atribuye el vertido de Calasparra a un intento de robo de petróleo, Sin embargo, casi un mes después, no hay una información a la ciudadanía sobre las causas reales de este vertido. Este episodio es un ejemplo de un problema mucho más grande que afecta a toda la ciudadanía.
En el marco de la legislación de aguas continentales, se considera vertido toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a estas aguas, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Un problema central son los vertidos de nitratos asociados a la actividad agrícola industrial en el Mar Menor; que han supuesto una situación de extrema gravedad y vulnerabilidad. Los vertidos procedentes de la actividad agrícola industrial han supuesto un grave proceso de desequilibrio en nuestra laguna salada. En este contexto, el control sobre el regadío ilegal supone 9.100 hectáreas cerradas en el Campo de Cartagena hasta ahora.
El acuerdo PP Vox para descafeinar la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor es una nueva agresión a un marco normativo para restaurar y preservar este ecosistema único. Hay que establecer actuaciones urgentes para solucionar el urbanismo descontrolado, la contaminación por metales pesados de la Sierra Minera y, especialmente, la presión de la agricultura de exportación y de la ganadería industrial intensiva. En esta situación de vertidos, en la cubeta sur del Mar Menor, están los lixiviados de los depósitos mineros la Sierra Cartagena-La Unión que constituyen un riesgo cotidiano social y ambiental. El Mar Menor tiene capacidad de recuperarse, pero para ello es imprescindible eliminar el impacto de los vertidos, con el objetivo de vertido cero a la laguna.
El Campo de Cartagena y las vegas Alta y Media del Río Segura, especialmente el Valle del Guadalentín, son zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura o la ganadería industrial intensiva. Los vertidos agroganaderos, a través de las escorrentías o lixiviación, afectan la calidad de las aguas subterráneas y son un problema medioambiental crónico. Al mismo tiempo, en la ciudad de Murcia se producen vertidos periódicos con las características espumas que afectan al rio Segura, especialmente durante los periodos de lluvias desde hace varios años sin que se hayan tomado medidas para evitarlos.
Una línea de actuación que es manifiestamente mejorable es el desarrollo de medidas preventivas junto a control de vertidos que minimicen los aportes de nutrientes a través de prácticas agrícolas sostenibles. Es necesaria la restauración del ecosistema del Mar Menor y desarrollar medidas para recuperar la calidad del agua y el equilibrio ecológico de la laguna. Es urgente una mejor y más acertada legislación y medidas de control para regular la actividad agrícola y los vertidos ilegales. Pero esto no se hará sin un giro en las actuaciones de los poderes públicos y una mayor conciencia de la ciudadanía murciana sobre los impactos sociales y ambientales de los vertidos.
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