El pasado 9 de diciembre publicamos un artículo en Nueva Tribuna sobre el oscuro futuro de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Las dudas eran, y siguen siéndolo, muchas sobre la viabilidad de una norma que reconoce derechos subjetivos pero que parece invisible a las leyes de presupuestos regionales.
En realidad, el marco legislativo de la Región está sometido a una tensión propia de democracias iliberales. El Prlamento propio no es ajeno a la colonización del poder legislativo por el ejecutivo en una legislatura que, en cuanto a la calidad democrática, podría aparecer sin problemas en El ocaso de la democracia de Anne Aplebaum, una intelectual liberal conservadora perpleja por la deriva de antiguas compañías ideológicas. Pero esta es otra historia.
No ha ocurrido nada en particular que pueda modificar nuestra opinión sobre el futuro de una ley con muchas posibilidades y escasa financiación, en un entorno político en el que se ha adoptado con gran entusiasmo tanto el proyecto neoliberal como su proyección mediática en la estela del gobierno Díaz Ayuso. El nuestro es un gobierno de la libertad que nos habla de una nueva frontera para el libre comercio y de la importancia de la responsabilidad individual. De ahí la bajada de impuestos y la deriva de las necesidades y deficiencias de los servicios públicos a otras instancias políticas con residencia fuera de nuestras fronteras regionales.
Es difícil saber cómo la apuesta por un modelo económico y social que prioriza lo individual sobre lo colectivo, en una Región en la que nunca se desarrolló un estado del bienestar homologable a la de los países de la Europa Occidental, puede ser compatible con el reconocimiento de derechos de segunda generación que además pretende su universalidad.
No obstante, que no haya ocurrido nada reseñable que nos haga confiar en una implantación efectiva de la Ley de Servicios Sociales en nuestra Región, al menos nada en la ley de presupuestos para 2022, no implica que no se produzcan actuaciones políticas que producen perplejidad. Por ejemplo, en la forma de dar a conocer el contenido de la ley, no tanto por el lugar de su presentación o los actores como los patrocinadores.
El pasado 21 de diciembre se celebró en el Real Casino de Murcia, un edificio que fue restaurado con fondos públicos a pesar de mantener su carácter de club privado inaccesible a la ciudadanía murciana, un coloquio sobre la nueva Ley de Servicios Sociales. La mesa redonda, en la que participaron diversos actores públicos y privados de los servicios sociales de la Región, fue presentado por la Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Grupo Orenes centrado en el mundo de las apuestas deportivas y el juego online. No creemos necesario recordar que las casas de apuestas están cuestionadas no solo por el agravamiento de diversas ludopatías, sino también por su implantación territorial y por su impacto diferencial en los distintos grupos sociales. Tampoco que una industria tan cuestionada, como es la del juego, por el aumento de la ludopatía y por su estrategia territorial de captación de clientes puede incidir directamente en la perpetuación de la pobreza.
Realmente, la decisión de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social puede responder a cierta torpeza política y acaso no sea pertinente comparar el dejarse patrocinar por una empresa de apuestas deportivas con el de poner al pirómano a sofocar un incendio, porque detrás de un acto de este tipo hay muchos especialistas en servicios sociales, y también políticos, que han trabajado para transmitir a la sociedad los beneficios de una nueva ley y que merecen respeto. En algún momento habrá que convenir además que la responsabilidad social corporativa no es, ni debe serlo, una mera estrategia de márquetin empresarial. Pero esto es también otra historia.
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