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REGIÓN DE MURCIA

La renta básica, muro de contención contra la pobreza en la crisis del COVID-19

La renta básica debería extenderse a toda la población que, debido a los efectos de la pandemia, la necesite

Más de 8 millones de personas sufre exclusión social, la mitad de forma severa

EFE

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto un hecho que desde la perspectiva de los derechos humanos era evidente: el bien individual es el bien común. Y viceversa.

Ahora necesitamos que toda la sociedad, y esta vez toda quiere decir literalmente toda, cumpla las recomendaciones sanitarias. Ahora necesitamos que toda la población pueda cumplir las recomendaciones sanitarias.

Esto es, si debemos permanecer en casa, deberemos asegurarnos de que todas y todos tengamos un lugar en el que protegernos. Si hay que seguir unas indicaciones muy precisas de higiene, habrá que tener acceso a los suministros básicos. Si hay que hacer los trámites online para no salir a la calle o si hay que estudiar desde casa porque los centros educativos han cerrado, tendremos que asegurarnos el acceso adecuado a internet (dispositivos, wifi…).

Desde la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) constatamos que la pandemia está teniendo un impacto desigual en la población. Esa desigualdad es ahora una cuestión vital. De la pandemia solo podemos salir conjuntamente. Ya no sirve mirar hacia otro lado y olvidar que una parte de la población ha sido excluida.

La situación previa a la pandemia era preocupante. Una de cada tres personas en la Región de Murcia estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, según nuestra investigación. Ese dato puede completarse con otros que, en el contexto del confinamiento, adquieren una sobrecarga de vulnerabilidad.

Un 33,5 por ciento de la población general no tenía capacidad de afrontar gastos imprevistos. Si nos fijamos solo en las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia, ese porcentaje se disparaba hasta el 68,2 por ciento. Antes, estas personas podían buscarse la vida. No es un término muy preciso pero tampoco lo era la forma en la que podían conseguir ingresos. Ahora, estas personas se han quedado sin nada.

Los efectos del COVID-19 están condicionados también por el género. Es especialmente preocupante la situación de las familias monoparentales, de las que el 82% (según el INE) tienen una mujer a su cargo y, por tanto, como responsable de afrontar la situación actual. Según nuestro estudio, el riesgo de pobreza y exclusión social en las familias monoparentales era del 46,6%.

El caso de la infancia también requiere una atención especial. Es una realidad terrible pero hay niñas y niños que la única comida en condiciones que podían hacer al cabo del día era la del comedor. Esta cuestión es prioritaria, urgente dentro de la urgencia general. Las administraciones deben solucionar todas las trabas con las que se encuentren en este sentido. Y deben ser flexibles: no puede ser que los días festivos de un calendario escolar que ha dejado de existir sean días que se descuenten en la alimentación de estos menores.

Hay muchas familias que no pueden seguir las indicaciones que reciben de los centros educativos para que las niñas y niños estudien en casa. De nuevo según nuestros datos, el 16,3% de la población en riesgo de pobreza no puede comprarse un ordenador personal. Ese porcentaje es del 25% en hogares monoparentales. En un contexto sobrevenido en el que los trámites administrativos se hacen online, en el que la única forma de seguir estudiando es a distancia y en el que las videoconferencias son las que nos mantienen junto a las personas que queremos, internet se ha convertido en un derecho fundamental.

Ante todo esto, las distintas administraciones están actuando.

Por motivos de espacio, no podemos analizar en detalle estas medidas ni repasar todas aquellas otras que siguen haciendo falta. Lo que sí queremos hacer es poner el foco de atención sobre una medida que puede, por su sencillez administrativa y su posibilidad de convertirse en universal, ser clave en la necesidad de que toda la sociedad quede protegida contra el impacto del COVID-19. Nos referimos a la renta básica.

La renta básica aseguraría que cada persona pudiera recibir unos ingresos mínimos con los que poder atender todas las necesidades elementales.

La Región de Murcia cuenta ya con una Ley de Renta Básica. EAPN-RM ha manifestado de forma pública y en numerosas ocasiones que esta ley debe renovarse. Volvemos a decirlo ante un panorama presente y futuro muy desolador. La renta básica debería extenderse a toda la población que, debido a los efectos de la pandemia, la necesite.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, ha asegurado que las personas que percibían renta básica de inserción seguirán cobrándola sin problema. Es un primer paso al que deben seguir otros: desde la simplificación administrativa hasta el aumento de la cuantía así como su extensión en el tiempo mientras sea necesario. Porque, y aquí nos gustaría llamar la atención, las medidas que se pongan en marcha deben asumir que nos encontramos ante una emergencia que se va a alargar en el tiempo. No podemos cuidarnos hoy y abandonarnos mañana.

Para poder mejorar las medidas ya adoptadas y que puedan ponerse efectivamente en marcha, se hace imprescindible la coordinación entre las administraciones. Necesitamos que funcionen de manera adecuada, que estén a la altura del momento terrible que nos ha tocado vivir, que no se olviden de nadie. Los servicios públicos y las políticas sociales son dos elementos fundamentales para que todo acabe saliendo bien. Será el Estado del Bienestar el que derrote al COVID-19.

Igualmente, es indispensable la participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

EAPN-RM y sus entidades colaboraremos en todo lo que sea posible para superar la crisis provocada por el COVID-19. Expresamos una vez más nuestra convicción de que el momento exige unidad y trabajo conjunto y es desde esa convicción desde la que afrontamos nuestra colaboración con el Gobierno Regional.

Quisiéramos también enviar un mensaje de ánimo y admiración a todas las entidades que en estos momentos trabajan con la población más vulnerable. Especialmente a todas aquellos profesionales que están en albergues, centros de acogida, pisos… Su labor es más necesaria que nunca. Y por eso mismo reclamamos que puedan desarrollarla con las medidas de seguridad precisas y que se les dote de equipos de protección individual (EPIs). Debemos proteger a quien nos protege.

Por último, insistimos una vez más en el valor de lo común. La única forma de salir de esta catástrofe es hacerlo conjuntamente, en el sentido más estricto posible de la palabra.

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