“La Ley de Montes abre la puerta a la especulación”
El PP y el PSRM-PSOE se enfrentan por la Ley de Montes haciendo lecturas antagónicas de la nueva norma. Según el responsable de Medio Ambiente del Partido Socialista, Enrique Ayuso, la ley que se dispone a aprobar el Gobierno del PP “abre la puerta a la especulación de los terrenos forestales incendiados”, mientras que para Ascensión Carreño, diputada nacional del Partido Popular, “previene los incendios forestales”.
Enrique Ayuso recordó que el Consejo de Ministros ha enviado al Congreso de los Diputados el Proyecto de la Ley de Montes, que en su artículo 50 establece el cambio de uso de los terrenos forestales tras un incendio. El responsable socialista manifestó que la normativa que se aprobó por anteriores gobiernos socialistas ha permitido que tras los incendios como el de las sierras del noroeste de la Región hace 20 años, o el de Calblanque en 2011, se garantice su protección ambiental y su regeneración, evitando la especulación urbanística.
Según el PP, se trata de un “supuesto excepcional” porque se mantiene la obligatoriedad de que transcurran 30 años en el cambio de uso de terrenos incendiados, “salvo que concurran razones imperiosas de interés público”. Con ello, afirman, se trata de “evitar incendios provocados que impidan actuaciones de interés general”.
Sin embargo, para el socialista Enrique Ayuso “es un regreso al pasado especulativo, ya que desde hace décadas nuestras leyes ambientales no permiten la construcción en los terrenos ambientales incendiados, precisamente con el objetivo de evitar la especulación y su transformación en otros usos de diferente carácter”.
Según la diputada nacional del PP por la Región de Murcia y portavoz adjunta de cambio climático en el Congreso, Ascensión Carreño, la Región de Murcia se beneficiará con el nuevo proyecto de modificación de la Ley de Montes, que se ha elaborado “con el objetivo de proteger la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático, así como el aprovechamiento de los recursos forestales, que puede contribuir a la creación de riqueza y empleo en el medio rural”.
Carreño ha explicado que “el Proyecto de Ley clarifica la clasificación de los montes dividiéndolos en cuatro categorías, lo que facilita su tratamiento y organización y la determinación del tipo de gestión más adecuado a su naturaleza”. La clasificación que se ha establecido, según Carreño, ha seguido dos criterios: “Por una parte, según la titularidad, los montes pueden ser públicos o privados; y según desempeñen un servicio público, que es lo que condiciona que un monte tenga que cumplir unos requisitos de gestión, se diferencian los montes afectados o no afectados por un interés general”.
La portavoz adjunta de cambio climático del PP ha resaltado que “un monte gestionado es un monte cuidado, y un monte cuidado tiene muchas menos posibilidades de ser incendiado”. Además, “un monte en buen estado contribuye a que todos tengamos un mejor medio ambiente y facilita el aprovechamiento de los recursos naturales”, ha añadido.
Los montes que cumplen una función de interés general, se declararán “protectores” y se redefinirán como aquellos montes privados que cumplen alguna de las condiciones que se exige a los montes públicos, para declararse de utilidad pública, y según Carreño “esto significa que se amplía el concepto vigente”.
Por otra parte, Carreño ha explicado que va a existir la posibilidad que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose estos montes ordenados. De este modo, ha asegurado la diputada, “se simplifican los procedimientos actualmente vigentes y se eliminan los costes asociados”.
El Proyecto de Ley incorpora la tipificación de las infracciones y sanciones correspondientes a los incumplimientos previstos en la legislación comunitaria, en materia de lucha contra la tala ilegal y la comercialización de la madera, y a ese respecto, Carreño ha argumentado que “se mejora la clasificación de las sanciones, para tener en cuenta tanto el tiempo que la zona afectada tarda en recuperarse del daño causado, como el coste económico de su reparación”.
Por su parte, Enrique Ayuso ha garantizado que el Partido Socialista recuperará las normativas de protección ambiental que el PP está destruyendo, como ocurre también con la Ley de Costas, que su partido ha recurrido al Tribunal Constitucional, o las que autorizan la técnica del fracking. “Debemos apostar por un modelo de desarrollo sostenible que se base en un crecimiento económico inteligente, con empleo cualificado, apoyando las energías limpias y con garantía de la protección de nuestro patrimonio ambiental”, ha concluido Ayuso.
