Tras encontrarse la semana pasada en la Asamblea Regional con los votos en contra de Vox, PSOE y Podemos-IU, el Gobierno regional ha anunciado este jueves que tramitarán como ley exprés el decreto de Vivienda Asequible: “La actitud de la oposición no va a parar a este Gobierno; la vivienda es una prioridad”, ha dicho el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en sede parlamentaria. Por lo tanto, el decreto -que no pudo salir adelante hace unos días- será tramitado como proyecto de ley de forma “inmediata”, aligerando los plazos “en todo lo que permita la ley”.
“Traeremos el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno de la Región de Murcia y ustedes tendrán que retratarse”, ha afirmado López Miras refiriéndose a la oposición. El presidente regional ha argumentado que su proyecto “pone 25.000 viviendas a disposición de las familias y de los jóvenes de la Región de Murcia” y ha considerado que se trata de una iniciativa “consensuada y dialogada con la sociedad”.
El jefe del Ejecutivo regional ha acusado a PSOE, Podemos y Vox de que no haya salido adelante el decreto, evitando que “se conviertan solares en hogares, que se revitalicen nuestros cascos antiguos o que se terminen urbanizaciones inacabadas que podrían ofrecer oportunidades reales de vivienda asequible para miles de familias, especialmente jóvenes”.
Una “basura” de decreto
La portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, calificó la semana pasada de “basura” el decreto y afirmó que “si los ayuntamientos tienen suelo público y constructoras municipales como Urbamusa, solo hace falta voluntad política que a la vista está que después de 30 años el PP no tiene”.
Por su parte, los socialistas murcianos exigieron tres condiciones para dar luz verde al decreto: que el suelo público que se done siempre sea público, es decir que no se privatice con el paso del tiempo, que se destine al menos un 30% de las viviendas a alquileres asequibles y duplicar los fondos dirigidos al aval joven. Pero ninguna de esas exigencias obtuvo respuesta oficial. Miguel Ángel Ortega, diputado socialista, explicó la semana pasada en la Asamblea Regional que el decreto del Gobierno “solo es bueno para hacer negocio, no contempla ni una medida para bajar el precio y no soluciona los problemas de la gente, ya que un piso de 90 metros a 170.000 euros, como propone el PP, no es asequible para nadie”.