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El Ayuntamiento de Pamplona toma medidas para poner fin a la 'okupación' de 43 viviendas municipales

43 de las 603 viviendas municipales están 'okupadas'. El Ayuntamiento de Pamplona articula medidas administrativas y policiales para su desalojo

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha un grupo multidisciplinar para coordinar las actuaciones en torno a la 'okupación' de viviendas municipales y conseguir que las medidas que se adoptan sean eficaces, ya que de las 603 viviendas propiedad del Consistorio, 43 están ocupadas. Estas actuaciones policiales, administrativas y jurídicas han derivado en que en los últimos meses no se haya incrementado el número de viviendas ocupadas. 

El grupo multidisciplinar lo compone personal del Servicio de Patrimonio, de la Oficina de Vivienda, de Seguridad Ciudadana, de Policía Municipal, del área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, y de los servicios jurídicos municipales. El Ayuntamiento cuenta así por primera vez con una única base de datos de uso conjunto del parque de viviendas municipales, con detalle de su situación actual. 

En los seis últimos meses, desde el pasado agosto hasta enero, se han realizado 199 intervenciones relacionadas con la ocupación de inmuebles, el 90% de ellas en viviendas municipales. De esas 199, un total de 14 derivaron en atestado, ya que se produjo la detención de las personas implicadas. Casi la mitad de las intervenciones, 99, han tenido lugar en Rochapea, otras 42 en Casco Antiguo y 27 en Buztintxuri, barrios donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las viviendas municipales. La Policía Municipal ha mantenido contactos y reuniones con las asociaciones de vecinos de Santa Lucía y San Pedro, ya que se ha detectado que el perfil de la persona que ocupa esas viviendas no es el de una persona o una familia en situación de emergencia habitacional, sino un perfil más conflictivo, que genera inseguridad, conductas incívicas, trapicheo de droga, amenazas, suciedad o rotura de las instalaciones. 

La concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, han explicado las actuaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo tanto para evitar nuevas ocupaciones como para recuperar el uso y la propiedad de los pisos ahora ocupados y destinarlos a fines sociales. El grupo multidisciplinar creado trabaja con un protocolo de actuación definido y con medidas coordinadas en tres ámbitos: policial, administrativo y judicial.

Medidas policiales, administrativas y judiciales

En los últimos seis meses se han realizado 199 intervenciones relacionadas con la ocupación de inmuebles, el 90% de ellas en viviendas municipales. De esas 199, un total de 14 derivaron en atestado, ya que se produjo la detención de las personas implicadas. Casi la mitad de las intervenciones, 99, han tenido lugar en Rochapea, otras 42 en Casco Antiguo y 27 en Buztintxuri, barrios donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las viviendas municipales.

La Policía Municipal ha mantenido contactos y reuniones con las asociaciones de vecinos de Santa Lucía y San Pedro, ya que se ha detectado que el perfil de la persona que ocupa esas viviendas no es el de una persona o una familia en situación de emergencia habitacional, sino un perfil más conflictivo, que genera inseguridad, conductas incívicas, trapicheo de droga, amenazas, suciedad o rotura de las instalaciones, ha añadido Labairu.

El grupo multidisciplinar creado trabaja con un protocolo de actuación definido y con medidas coordinadas en tres ámbitos: policial, administrativo y judicial. Las medidas policiales pasan por la revisión del parque de viviendas y por la vigilancia disuasoria.

Las medidas administrativas incluyen el tapiado de puertas y accesos a esas viviendas municipales siempre que no supongan un problema para la comunidad (accesos a patios o zonas comunes) y la colocación de alarmas en aquellos pisos municipales en proceso de reforma. Ese sistema de alerta conectado a Policía Municipal permita la detección in fraganti y la actuación policial inmediata para que no pueda ocuparse.

Por último, los procedimientos judiciales se centran en la recuperación de la posesión municipal de ese patrimonio propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Para ello, se ha favorecido un impulso de los procedimientos, de la coordinación entre áreas, con instrucciones concretas y respaldo a la labor del personal municipal en la ejecución. Se apuesta por una simplificación del procedimiento administrativo, acumulando algunas fases para reducir el tiempo de tramitación, y también se apuesta por la utilización del procedimiento civil exprés (denominado de recuperación sumaria de la tutela posesoria), ha precisado el Consistorio.

Los procedimientos que el Ayuntamiento de Pamplona ha emprendido para la recuperación son de tres tipos y con una doble naturaleza: administrativos, judiciales a través de demanda civil ordinaria y judiciales a través de demanda civil exprés. Existe una cuarta opción, el procedimiento judicial - penal, que el Ayuntamiento no utilizará por considerar que no se ha probado que sea más rápido y porque existe dudas de su posible archivo con remisión en su caso a la vía civil, según ha precisado Echávarri. Únicamente se valoraría utilizarlo en casos de circunstancias especiales, como empleo de violencia, riesgos para la seguridad...

A fecha de febrero de 2020, se han incoado 12 procedimientos administrativos en ocupaciones inferiores a un año; existen 6 demandas civiles exprés en preparación para ocupaciones inferiores a un año a las que se les añade la circunstancia del uso social de la vivienda ocupada; se está pendiente de sentencia en 5 demandas civiles interpuestas en ocupaciones superiores a un año y se está en fase de análisis preparatorio de otras 20 demandas civiles. En total, el Ayuntamiento abrirá procedimiento para recuperar las 43 viviendas municipales ocupadas en la actualidad sin consentimiento municipal.

Desde el último trimestre del año pasado han finalizado cinco procedimientos, tres de ellos administrativos (1 lanzamiento y 2 salidas voluntarias) y dos mediante demanda civil (en ambos se resolvió el lanzamiento de las viviendas ocupadas). En el lanzamiento, con la autorización judicial pertinente, una comisión lleva a cabo la desocupación de la vivienda.

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