Rajoy recurre el decreto navarro de salud sexual

Las buenas relaciones que, al menos de cara a la galería, presiden las últimas negociaciones entre el Gobierno de Uxue Barkos y el de Mariano Rajoy brillan por su ausencia en relación con la política de salud sexual y reproductiva que el Ejecutivo foral quiere implantar en Navarra: el Gobierno central ha recurrido el decreto foral de salud sexual porque, en uno de sus artículos, la normativa reconoce como beneficiarias de los servicios que regula a las personas en situación administrativa irregular.

Tal y como ha hecho con otras leyes autonómicas que reconocen la asistencia sanitaria gratuita y universal, el Estado ha recurrido el decreto foral ante el Tribunal Constitucional para declarar este artículo contrario a la Carta Magna. El Gobierno foral dispone ahora de un plazo de 10 días para contestar al recurso del Estado. La presidenta Barkos ha expresado su deseo de que el alto tribunal no dicte la suspensión cautelar del decreto mientras se resuelve el recurso del Estado.

El recurso presentado por la Abogacía del Estado se dirige concretamente al artículo del decreto foral en el que se recoge que los servicios de salud reproductiva y sexual se prestarán a todas las personas residentes en Navarra que, de acuerdo con la Ley Foral de asistencia sanitaria universal, tengan reconocida dicha prestación por el Servicio Navarro de Salud.

Pero la citada ley foral también está recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional por idéntico motivo: reconocer como beneficiarios a las personas en situación de irregularidad administrativa. Y, aunque aún no se ha resuelto el recurso sobre la ley, hace dos años que el propio Constitucional levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre la norma, por lo que actualmente se encuentra en plena vigencia en Navarra.

Universalidad y gratuidad de la prestación

Desde los servicios jurídicos del Departamento de Salud señalan que el decreto foral se aprobó para dar cumplimiento a una ley que, aunque recurrida, está en vigor. Es decir, no podían aprobar un decreto de salud sexual que no se apoyase en la ley foral de asistencia sanitaria, y ésta recoge la universalidad y gratuidad de la prestación. En el departamento de Salud confían en que el Constitucional no suspenda la aplicación del decreto, entre otras razones, porque levantó la suspensión que pesaba sobre la ley.

Además, la suspensión del decreto podría ocasionar problemas de difícil solución, por ejemplo, en su aplicación en los colegios y otros centros en los que se imparten actividades educativas en torno a la salud sexual y reproductiva, entre cuyos alumnos se encuentran hijos de personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa.