La auditoría a gestiones de anteriores ejecutivos en Navarra “no se limitará a los últimos cuatro años”
“Es un deber revisar lo que se ha hecho hasta ahora después de años y años de gobiernos monocolores”. La consejera navarra de Presidencia, Justicia e Interior, Mª José Beaumont, explica de esta forma cuál será una de las principales funciones de la Oficina de Buenas Prácticas y Corrupción, que dependerá de su departamento y que controlará las adjudicaciones de servicios públicos a empresas privadas o personas realizadas durante anteriores legislaturas. Porque, según subraya la representante del gobierno de Uxue Barkos, esa revisión de adjudicaciones de servicios públicos a empresas privadas o personas “no se limitará a los últimos cuatro años”.
El Gobierno Foral ha presentado este miércoles, en su conferencia de prensa semanal, los avances en la creación de esta oficina, que, según ha explicado la consejera portavoz, Ana Ollo, elaborará una propuesta de Código Ético, que defina conductas inadecuadas y fije un procedimiento sancionador, pero que también, según ha precisado el Ejecutivo, “regule garantías en la composición de tribunales y mesas de contratación, adjudicación y concesión de subvenciones”.
Porque otra medida trascendental de esta oficina serán la mencionada revisión de encomiendas y contrataciones con empresas externas, así como la realización de una auditoría de las actuaciones más destacadas en la gestión pública. Y, en concreto, según ha destacado el Gobierno Foral, en la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras.
La pregunta, entonces, es cómo se pueden compatibilizar estas funciones con las que ya realiza la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de la comunidad. Preguntada sobre ello, Beaumont, en declaraciones a eldiarionorte Navarra, asegura que la cámara seguirá adelante con sus funciones de fiscalización, pero que la clave de esta nueva oficina será “la revisión de esas encomiendas de gestión o contrataciones con empresas externas”. ¿Quiere eso decir que se centrará en la búsqueda de irregularidades? Beaumont asegura que el objetivo es “contar con información precisa”: “En algunos expedientes, se llegará a la conclusión de que, nos guste o no, estuvieron bien tramitados; en otros igual se detectan irregularidades”.
Empezar por los más ambiciosos o “contestados”
La cuestión ahora es por dónde empezará esta función, y el objetivo del Gobierno Foral es arrancar por aquellos proyectos de envergadura, cuya revisión ya está incluida en el acuerdo programático acordado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. En el apartado de proyectos “singulares” a revisar, el documento menciona el pabellón Reino Arena, el circuito de Los Arcos, el parque de Sendaviva, Osasuna o la autovía del Camino. La consejera reconoce que, de entrada, se revisarán aquellos proyectos que comprometieron más dinero público o que “han sido más contestados”.
Beaumont defiende que la realización de esta auditoría era una de las demandas ciudadanas a las que se comprometió el nuevo Gobierno, así como a gestionar de forma directa aquellos servicios que pueden realizarse con personal propio. No obstante, desde consejerías como Salud o Políticas Sociales han insistido en que, ante las dudas surgidas por la situación de los conciertos, habrá que estudiar cada proyecto y, como apuntó el consejero de Salud, Fernando Domínguez, “aplicarlos cuando hacen falta, y eso es cuando el sistema público no puede absorber la demanda de la sociedad. La idea de esta legislatura es externalizar lo menos posible y lo que está externalizado y se pueda revertir, hacerlo”. En este sentido, el Ejecutivo ha vuelto a hablar ahora de evitar las “externalizaciones sistemáticas”.
