La Comisión Antisida también denuncia que el Gobierno 'privatiza' parte de las ayudas a asociaciones
54.000 euros a través del Gobierno de Navarra, y otros 39.000 a través de la fundación La Caixa. Desde la Comisión Ciudadana Antisida confirman que desde 2013 esta ha sido la forma habitual de financiar los programas de la entidad para prevenir el VIH, y que la han aceptado para poder seguir financiando actuaciones que, de lo contrario, no realizan las instituciones públicas. Otra cuestión es que estén de acuerdo con el sistema, porque “no hemos presentado ningún proyecto a La Caixa para recibir esa ayuda y no hay nada firmado que demuestre que así se complementan las ayudas del Gobierno Foral”, apunta una de las integrantes de la entidad, Asun Roldán. Desde la Comisión ya han denunciado con anterioridad en sede parlamentaria que esta fórmula no es la adecuada para que el Ejecutivo contrarreste los recortes en las subvenciones a las asociaciones y piden que la partida sea asumida dentro de los Presupuestos del Gobierno.
Esta denuncia se suma a las ya realizadas por el Consejo Navarro de la Juventud y desde las federaciones deportivas, después de que fuentes de ambas entidades criticaran la semana pasada que desde el Gobierno se les plantearan soluciones similares para contrarrestar el descenso en las partidas del Presupuesto foral. En este caso, desde el Consejo de la Juventud se habló de una propuesta de convenio con la Fundación CAN, para la que tendrían que haber presentado un proyecto de empleabilidad para así acceder a alrededor de 10.405 euros que el Ejecutivo les exigía devolver, por “un error” en el sistema de las subvenciones, según han insistido desde el Consejo, cometido en 2013 y que se iba a solventar primero con una donación y, después, a través de un convenio con una fundación con el que ingresar esa donación. La fundación en cuestión resultó ser la Fundación CAN.
Fuentes de esta entidad, por su parte, defendieron la claridad y el rigor en el sistema de firma de convenios, confirmaron su interés en colaborar con ese proyecto de empleabilidad (que el Consejo no presentó, por lo que no se ingresó ese dinero) y alegaron que, si el Gobierno Foral daba por hecho que el Consejo recibiría ese dinero, es el Ejecutivo el que debe dar las explicaciones oportunas.
Y estas llegarán en sede parlamentaria. El grupo de Izquierda-Ezkerra ha presentado ya una petición de comparecencia de los y las representantes del Consejo Navarro de la Juventud para explicar esta situación, que denunciaron la semana pasada en un comunicado en el que censuraban los “tejemanejes” del Gobierno. Además, según adelanta el parlamentario Txema Mauleón, también se pedirá al consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, que dé su versión de lo sucedido. “Hasta ahora había rumores de que se estaban planteado este tipo de soluciones, con un uso clientelar de la Fundación CAN, pero no deberían buscarse apaños como estos para solventar los recortes en el presupuesto de Políticas Sociales”, apunta Mauleón.
“Nos hacen depender de financiación privada”
A la denuncia del Consejo Navarro de la Juventud se sumaron fuentes de las federaciones deportivas, unas entidades que a finales de 2014 se movilizaron para criticar el sistema de subvenciones del Ejecutivo y a las que, según apuntan estas fuentes, se les ofreció “una solución similar” a la expuesta por el Consejo de la Juventud. Las diferencias en torno a si se debía aceptar este sistema fueron, precisamente, unas de las razones por las que dimitieron los presidentes de las federaciones de rugby y de gimnasia como portavoces de las 41 federaciones deportivas.
Y, por último, desde la Comisión Ciudadana Antisida han recordado que ya han denunciado desde 2013 ante el Parlamento este sistema, en su caso ofrecido también para complementar a las ayudas del Gobierno, reducidas de forma importante. Por ejemplo, en el Presupuesto prorrogado para 2015, se contempla una inversión para convenios con ONG sobre el sida que ronda los 170.797 euros. En 2012, esa partida era de 399.924.
En el caso de la Comisión Ciudadana Antisida, el año pasado por ejemplo recibió 54.000 euros por parte del Gobierno, y 39.000 de la fundación de La Caixa. Con este montante, realizan tres proyectos sobre disminución de daños, campañas de información más específicas (por ejemplo, la dirigida a sexo de hombres con hombres) y de apoyo emocional. Desde la entidad aseguran que este sistema se ha convertido en habitual desde 2013 entre diversas asociaciones relacionadas con la prevención del VIH y, por ello, han exigido en el Parlamento que el Gobierno asuma las prestaciones directamente. “El sistema es criticable porque, al final, nos hace depender de una financiación privada”, apunta Roldán. No obstante, era aceptar este sistema o no poder sacar adelante sus proyectos, asegura, ante la importante caída presupuestaria.
