Ocho firmas (y algunas ausencias) en el compromiso por una vivienda digna
PSN, EH Bildu, I-E, Geroa Bai, UPyD, Equo, Libertad Navarra y Representación Cannábica de Navarra han firmado el Compromiso PAH, un documento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra en el que reivindica “el derecho a una vivienda digna para todas las personas, de manera clara y efectiva”. Este documento había sido presentado a todas las siglas que se presentan a las elecciones forales para que se comprometieran a cumplirlo en la próxima legislatura.
El documento ha sido dado a conocer este viernes en un acto en Pamplona, donde representantes de la PAH han señalado que “el drama social de la vivienda está afectando a numerosas familias, tanto para aquel sector de la población que ve imposible el hacer frente al pago de su hipoteca, como aquellas familias que estando en régimen de alquiler sus ingresos no les alcanzan para pagar la cuota mensual, o en el caso de las personas que necesitan una vivienda y no tienen acceso a ella”.
En el documento, la PAH propone, en política de vivienda, “eliminar incentivos fiscales por la compra de vivienda; que el dinero destinado desde el Gobierno de Navarra a la subvención de la compra de vivienda se reconvierta a la promoción del alquiler; que el valor de los precios de alquiler protegido sea según las rentas relacionadas con ingresos, tipología familiar, etc.; elaborar y hacer público con urgencia el censo de viviendas deshabitadas, con fecha tope junio 2016; y requerir al Gobierno de España la retirada del recurso al Constitucional de la Ley Foral 24/2013, y hacer cumplir los artículos no recurridos de dicha norma”.
Viviendas sociales
En materia de viviendas sociales, el texto aboga por “destinar las viviendas de propiedad pública vacías, salvo uso de emergencia social justificada, al fondo foral de vivienda social; incrementar en 400 viviendas, a lo largo de la legislatura, 150 el primer año, 100 el segundo y 75 el tercero y cuarto año, las viviendas del fondo foral de vivienda social; un plan de rehabilitación de las viviendas públicas deshabitadas para su destino social que se ejecute al menos en un 30 por ciento de dichas viviendas durante esta legislatura; y la tutela efectiva del Gobierno de Navarra sobre las viviendas del parque público de viviendas en alquiler concedidas a distintas promotoras”.
Además, la PAH, en referencia a la pobreza energética, defiende que “se garantizarán los suministros básicos de funcionamiento de una vivienda a aquellas familias en riesgo de exclusión social antes de octubre de 2015”.
Asimismo, añade que “se establecerán convenios de 'tarifa social' con Mancomunidades de servicios y empresas suministradoras (agua-electricidad-gas) que permitan a las personas con dificultades económicas unas condiciones de habitabilidad dignas. En ningún caso se cortaran los suministros y la administración pública velará por regularizar la situación”.
Otra de las propuestas es la creación de un Observatorio de la Vivienda, que “estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil”. Entre sus funciones, estarían “hacer seguimiento de las políticas públicas de vivienda, elaborar informes, etc”. El observatorio, según la PAH, “estaría dotado de capacidades no sólo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia y de propuesta legislativa”.
Finalmente, el documento señala que “el Gobierno de Navarra protegerá y garantizará el derecho de las personas a luchar por el derecho a la vivienda, velará por que la policía esté al servicio de la ciudadanía y del cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos”.
