UPN, el líder de la opisición en Navarra al Gobierno de María Chivite, ha acusado a la presidenta foral de “mentir” sobre el contenido de los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrpución (OANA), que apuntaron “irregularidades” en distintas adjudicaciones a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. “Lo único que hace es aumentar las sospechas de corrupción”, ha solemnizado la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola.
“Tenemos una presidenta que miente sobre los motivos por los que no se le ha permitido personarse en la causa, una presidenta que miente sobre el número de reuniones que ha mantenido con Antxon Alonso, una presidenta que incluso miente sobre que no hay ninguna otra persona que pudiera presidir la Mesa de Contratación de Belate”, ha añadido para asegurar que el de Belate es “el mayor escándalo de posible corrupción en Navarra desde hace 30 años”. “Chivite ha terminado adjudicando 76 millones de euros a Cerdán; Cerdán sigue en prisión; Alzórriz está absolutamente apartado, y ella sigue siendo incapaz de dar explicaciones a todo esto”, ha indicado, para considerar “un insulto a todos los navarros que esquive cualquier tipo de explicación en torno a Santos Cerdán”.
A su juicio, “no se puede entender que la presidenta diga, ante todo este escándalo, que 'nos han puesto un poco colorados'”. “Se despacha con una modificación de la ley de Contratos, que no es garantía de nada porque la ley de Contratos es algo que ha incumplido reiteradamente en lo que estamos tratando de investigar”, ha dicho la líder regionalista.
Ha acusado a la jefa del Ejecutivo de “ocultar información” porque en el Parlamento “ocultó la información de más de 7 meses de sobrecoste en la obra de Belate, esquiva toda explicación de Cerdán, no comparece en la comisión de investigación, pone toda la maquinaria del Gobierno a desacreditar los informes que no le gustan de la Oficina Anticorrupción, una oficina creada por ellos y unos informes solicitados por ella misma”.
Ibarrola ha criticado además que la presidenta “trata de confundir a la opinión pública hablando de irregularidades, no de ilegalidades, lo que aumenta la sospecha de corrupción sobre ella”. “Y no son simples irregularidades administrativas, son ilegalidades porque son contrarias a la ley; y son ilegalidades que forman parte de una investigación de la Guardia Civil en relación con una trama de posible corrupción escandalosa a nivel nacional”, ha dicho.
Según ha continuado, “la UCO no está investigando irregularidades administrativas para modificar pliegos de contratos”. “Cada día conocemos informaciones más graves y nadie asume ninguna responsabilidad en todo este escándalo”, ha afirmado Ibarrola, quien ha incidido en que “cada día aumentan las sospechas de posible corrupción en torno a su Gobierno”.
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