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El PP pide expulsar de la RGI a los autóctonos sin vida laboral y a los 'sin papeles'

El Partido Popular, por boca del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, propone siete requistos de acceso a la Renta de Garantías de Ingresos y "evitar así el fraude y el abuso".

Estas exigencias imposibilitan también el acceso a estas ayudas a los condenados por algún delito o a quien envíe remesas de dinero al extranjero.

"Ahora hay abuso permitido por la norma, por eso hay que cambiar el sistema. Ayudas sociales, sí. Abuso, no”.

El alcalde de Vitoria Javier Maroto llevará antes de final de año al Parlamento para su debate en la Cámara vasca siete medidas “para evitar el fraude y abuso entre los perceptores de ayudas sociales”. Esta propuesta llega tras las acusaciones vertidas por el edil de Vitoria-Gasteiz y apoyadas por sus compañeros de filas en las que culpaba al colectivo magrebí de "vivir de las ayudas sociales" y de no tener interés en integrarse socialmente ni en trabajar.

Los cuatro primeros requistos propuestos restringen directamente el acceso a esta prestación a aquellas personas que se encuentren en una situación irregular, los ‘sin papeles’; también a aquellos que no lleven empadronados un mínimo de 10 años; a los que no acrediten una vida laboral y a los condenados por un delito grave.

Maroto ha argumentado que endurecimiento de los requisitos pretende combatir “situaciones de abuso permitido por la norma. Por eso hay que cambiar el sistema. Ayudas sociales, sí. Abuso, no”. Ha enumerado estas propuestas en una rueda de prensa ofrecida en sede municipal- no en el propio Parlamento-.Ha sido la primera intervención ofrecida por el edil tras su convalecencia provocada por una peritonitis aguda que le ha tenido alejado de la vida política unas semanas.

Con la primera de las mencionadas, referente a las persona en situación irregular, pretenden expulsar del sistema para que no se aprovechen de él a aquellos que no contribuyen con el mismo. “Los irregulares que acceden a la RGI se perpetúan en ella como un sueldo vitalicio, ya que nunca pueden dejar de cobrarla al no poder firmar un contrato de trabajo dada su condición de irregular”. El alcalde no ha sabido precisar qué número de personas se verán afectados por esta medida y tampoco ha planteado propuestas para atenderles una vez queden expulsados de este recurso social.

La RGI tampoco debe ser destinada a jucio del PP, a "los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla”, por ello solicitan la antigüedad mínima de diez años de empadronamiento para recibirla. “No pedimos que sean 10 años ininterrumpidos de padrón pero si un total de 10 años durante los que se ha estado empadronado en el País Vasco”.

Trabajos comunitarios: "Que devuelvan con su esfuerzo el sacrificio que hace la sociedad"

Tampoco debe concederse, según la formación popular, a “quien no ha contribuido a la sociedad con su trabajo previo”, de ahí el tercer requisito: acreditar vida laboral previa y haber cotizado a la seguridad social. “Es un abuso que haya perceptores en edad de trabajar que, sin embargo, no hayan trabajado nunca. Del cumplimiento de este requisito quedarían excluidas aquellas personas con situaciones especiales como discapacidad, enfermedad crónica, enfermedad mental…”. Atendideno a este planteamiento, las mujeres que nunca hayan cotizado- algunas en esta situación por dedicarse al cuidado de hijos o familiares o áquellas dedicadas al trabajo de hogar sin contrato laboral en regla- no pueden acceder a la Renta de Garantía de Ingresos. En situación similar quedarían los estudiantes que no han podido acceder al mercado laboral y demandan la ayuda para poder independizarse de sus padres y alojarse en un piso compartido.

Esta casuística particular y otras planteadas por los periodistas a Javier Maroto no están diferenciadas en la propuesta popular. El alcalde, a preguntas de los reporteros, ha contestado que "se tendrían en cuenta estas cirsunstancias concretas", que no aparecen matizadas en su batería de medidas.

Los delitos también darían motivo a la retirada de las ayudas, al menos, los delitos más graves y que generan mayor alarma social: aquellos contra la vida y la integridad de las personas, el tráfico de drogas, delitos contra la libertad sexual, la violencia de género y los delitos contra el patrimonio.

Proponen también otras tres modificaciones. En primer lugar el tratamiento del patrimonio. “Es una situación injusta que haya personas a las que se les deniegue la ayuda social por tener patrimonio sin un valor económico relevante cuando de ese patrimonio no se desprende una mejor capacidad económica que quien no lo tiene o se desconoce si lo tiene en otro país".

También solicitan que la RGI sea retirada a quien envíe remesas al extranjero y piden que los perceptores realicen trabajos en beneficio de la comunidad."Esta medida está recogida en  la actual normativa pero no se aplica. Busca garantizar que quien recibe RGI en edad trabajar y cuenta con condiciones para ello, pueda realizar trabajos que reviertan en beneficio de la sociedad que contribuye al sostenimiento de ese sistema de ayudas y devuelva así con su esfuerzo el sacrificio que hace el resto de la sociedad", ha explicado Maroto.

El alcalde ha hecho un llamamiento al resto de los partidos para que "tengan valentía política y el arrojo suficiente para abrir el melón que la sociedad pide que abramos. Lo que no funciona hay que cambiarlo. No podemos ponernos una venda en los ojos o dar la espalda a la sociedad. no se trta dfe eliminar nada sino de acometer un cambio. La normas no son inamovibles. Hay que mejorarlas", ha manifestado Maroto, que insistía en que el malestar por los criterios en la concesión de ayudas se percibe en la calle. "Es una realidad y el problema tiene solución", zanjaba el edil.

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