Aburto: “No hemos sido capaces de atender todas las solicitudes de conciliación familiar que han llegado”
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha reconocido que finalizar las ayudas a la conciliación por falta de fondos ha sido “una de las decisiones más dolorosas” que le ha tocado tomar en el año y medio que lleva al frente de la Consejería. En una entrevista concedida a Radio Popular Aburto ha recordado que Euskadi es la única comunidad autónoma que tiene una política de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar, “pero no hemos sido capaces de atender todas las solicitudes que han llegado”.
En este ámbito, ha reconocido “tenemos que admitir la crítica, pero también tenemos que aprovechar el momento para hacer una reflexión seria y, seguramente, rediseñar las políticas de apoyo a la familia”. Aburto se ha comprometido a hacer, en el presupuesto de 2015, “todo los posible para que sigan existiendo esas ayudas y tengan una mayor dotación presupuestaria”.
Renta de garantía de ingresos
En relación a las declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y del diputado general de Álava, Javier de Andrés, sobre los inmigrantes y el cobro de ayudas sociales, Aburto ha dicho que le ha dado “mucha pena”. Según ha explicado, tras las primeras declaraciones del alcalde solicitó a Maroto una reunión y “el 23 de julio fui al Ayuntamiento de Gasteiz y mantuvimos una reunión para intentar encauzar esto de otra manera”.
Sin embargo, ha lamentado, “nos hemos encontrado con un verano con declaraciones altisonantes, que nos llevan a trasladar a la ciudadanía un conflicto, cuando lo que había hasta ahora era un consenso que pretendía, y que durante 25 años ha funcionado de manera extraordinaria, salvaguardar la dignidad de todas las personas, precisamente por la solidaridad con quienes son más vulnerables”.
“Parece que esto hay quien lo está poniendo en cuestión y es necesario recuperar el consenso, pero fuera de lo que es un debate mediático, que quizá a alguien le pueda reportar algún rédito electoral a corto plazo, triste sería esto, pero, sobre todo, puede poner en riesgo la convivencia en el medio plazo”, ha manifestado.
Sobre el fraude en las ayudas sociales, Aburto ha considerado que “el fraude siempre debe ser una alerta”, pero “nunca debiéramos confundir el todo con la parte”. Según ha dicho, recibe “constantemente” cartas de ciudadanos a quienes, por una razón o por otra, se les suspende la RGI, y “su queja, precisamente, es que los controles son exhaustivos”.
“Frente a esto, está la otra percepción que parece indicar que en Lanbide no existen controles”, ha indicado, para asegurar que en Lanbide “existen controles, muchos y exhaustivos, como tiene que ser, porque estamos hablando de más de 450 millones que salen de la solidaridad de la ciudadanía que deben ser gestionados adecuadamente”.
Por ello, ha dicho que con el fraude “lo que hay que hacer es menos hablar para confundir el todo con la parte y actuar de manera eficaz” y, en cuanto al caso concreto de Vitoria de señalar a colectivos concretos, Aburto ha indicado que “primero se señala a un colectivo concreto, de ahí pasamos a señalar a los denominados ilegales, de ahí pasamos a señalar a que no es justo que quien no contribuya tenga prestaciones, y terminamos en el juicio moral de que las ayudas lleguen a quien se lo merece”.
“Aquí no hablamos de ayudas, ni de juicios morales, sino que de lo que hablamos es de requisitos, en función de los cuales las personas pueden ejercer derechos de ciudadanía”, ha precisado.
A su entender, “los mejores instrumentos para la inserción de la ciudadanía y para la participación social son el empleo y la vivienda”, pero “cuanto estos fallan, y en este momento están fallando, es necesario un sistema de servicios sociales y de protección social que actúe como red para sostener a esas personas, que, normalmente, siempre son las más vulnerables”.
Además, ha señalado que de la RGI “siempre hablamos quienes, por haber tenido suerte en la vida, nunca hemos tenido que recurrir”, por lo que, en su opinión, “sería bueno dar la voz a los perceptores de RGI”. Asimismo, ha defendido que determinadas cuestiones, como es la RGI para aquellas personas que no tienen ingresos “estuvieran fuera del debate político y fuéramos capaces de articular un consenso entre todos, que ha durado 25 años y yo apuesto porque siga durando muchos años más”.
