Antidroga pide 22 años de cárcel para los responsables de un club de cannabis
La Fiscalía Antidroga ha acusado a cinco miembros del club cannábico Pannagh de tráfico de drogas por lo que solicita para cinco de sus miembros un total de 22 años de cárcel. La asociación, clausurada en 2011 tras la intervención policial, había permanecido operativa durante ocho años y está formada por personas usuarias de cannabis.
Como la propia asociación expone, sus actividades están encaminadas a evitar a sus miembros “los riesgos del mercado negro y prevenir los daños asociados al uso de la planta”. La fiscalía acusa a Martín Barriuso, presidente, a Igor Gaminde, tesorero, y a la secretaria de la asociación, de un “delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia”, para el que pide penas de cuatro años y medio de prisión, y otro de “integración en grupo criminal”, al que correspondería otro año y medio de condena. A los tres se les ha impuesto una fianza de un millón de euros, por lo que se les embargarán todos sus bienes. A los otros dos acusados, dos socios que trabajaban en la cosecha con contrato laboral, se le acusa de tráfico de drogas y se solicita una pena de dos años y multa de 1.000 euros para cada uno.
La petición de estas penas ha sobresaltado a los socios de este club cannábico y a los representantes de otras plataformas ciudadanas dedicadas al autocultivo (se calcula que en España funcionan alrededor de 700). A la espera de que se celebre la vista, Pannagh confía en poder frenar el proceso. Clubes cannábicos y diferentes asociaciones han transmitido su apoyo a Pannagh y hoy mismo lo escenificarán en Bilbao con un manifiesto. En él, estas asociaciones recalcan que Pannagh intenta “crear circuitos alternativos de abastecimiento de cannabis respetuosos con la legalidad vigente y que permitan reducir el tráfico ilícito”. Para ello, cultiva desde hace años cannabis en circuito cerrado. Cultivos que han sido declarados legales en varias ocasiones por distintos tribunales. “Todas las causas anteriores han sido sobreseidas y archivadas en resoluciones judiciales firmes, incluyendo sendos autos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo incluso llegado a serle devuelta en dos ocasiones la marihuana incautada”, recuerdan los simpatizantes de Pannagh.
Inseguridad jurídica
Según se apunta en el manifiesto, la imputación contra los miembros de Pannagh es “buena muestra de la inseguridad jurídica que rodea a sus actividades”, situación que la asociación viene denunciando desde hace años ante diversas instancias, y cuya existencia fue reconocida por el Parlamento vasco en la resolución que dio lugar a la creación de una ponencia para regular los Clubes Sociales de Cannabis. Durante años, sus actividades han sido del conocimiento general y toleradas de facto por los poderes públicos.
“Es especialmente preocupante que se impute a tres miembros de la junta directiva de Pannagh por integración en grupo criminal, cuando dicho grupo es precisamente una asociación legalmente constituida y registrada, y cuyas actividades se han desarrollado sin asomo de clandestinidad. No solo es injusto castigar con mayor dureza a quien intenta seguir los cauces de la legalidad, sino que puede hacer que otros crean que es más seguro apartarse de ellos”, se apunta en la declaración.
La peticiónde la fiscalía antidroga coincide con los trabajos que desarrolla el Parlamento vasco para intentar regular la actividad de los clubes sociales de cannabis en Euskadi. Desde hace unos meses, una ponencia trabaja en esta regulación atendiendoa las opiniones de diferentes expertos. La Cámara de Vitoria es el primer parlamento autónomico que aborda esta cuestión, y, por lo tanto, ha generado ciertas expectativas a nivel nacional en cuanto a los resultados que pudieran derivarse de su trabajo.
El País Vasco es una de las zonas de Europa con mayor uso de cannabis, una sustancia cuyo consumo individual no está sancionado, pero sí la venta y cultivo destinado al tráfico. En la actualidad, en Euskadi hay 54 asociaciones de consumidores de cannabis a las que pertenecen unas 5.000 personas que disfrutan de esta planta con naturalidad (el consumo no está penado) y no quieren acudir al mercado negro para conseguirla. El problema es que existe un vacío legal, una especie de limbo que rodea a estas asociaciones, como el concepto de consumo compartido (consumir cannabis entre varias personas). Además de Pannagh, en el País Vasco hay más clubes que están siendo investigados y se hallan inmersos en causas judiciales.
