Euskadi sortea la ley Wert con unos programas de FP ligeramente retocados
El Departamento de Educación va a tratar de sortear la aplicación de la Ley Wert en cuanto a la puesta en marcha de la Formación Profesional (FP) Básica. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como Ley Wert (por el nombre del ministro de Educación José Ignacio Wert), recoge la implantación para el curso 2014-2015 de la FP Básica, cuyo objetivo es sustituir a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs). El Gobierno vasco seguirá aplicando estos programas, destinados a chavales de 16 a 18 años desescolarizados que han fracasado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o que proceden de situaciones de exclusión social, aunque bajo el nombre de Programas de Formación Transitoria Integrada. Es decir, los mismos programas con un nombre diferente, pero que se sujetan sobre un limbo legal y con lo que el departamento espera eludir el probable recurso del Ministerio.
El Gobierno vasco se escuda en “la dificultad de promover” los cambios normativos que hagan posible la implantación de la FP Básica tal y como la contempla la Ley Wert al comienzo de curso por un problema de tiempo y en el hecho de que aún falta el desarrollo normativo del Ministerio. Por eso, aprobará en breve su propio decreto con los Programas de Formación Transitoria Integrada, que se impartirán en los mismos centros y con los mismos profesores de los PCPIs. Estos programas han permitido en la comunidad autónoma reducir los niveles de abandono temprano de la escuela y reintegrar a las aulas a un grupo de chavales refractario.
En Euskadi, cursan este tipo de programas destinados al aprendizaje de un oficio entre 4.500 y 5.000 alumnos de cada año. Después de cursar dos módulos (uno por curso de 1.050 horas), alrededor del 68% obtiene el certificado de profesionalidad (acredita unos conocimientos de aprendiz) y en torno a un 30% también alcanza el Graduado en Secundaria. En la actualidad, hasta 66 centros imparten estos programas en la comunidad autónoma. La mayor parte pertenece a mancomunidades, asociaciones o son centros privados concertados. La financiación corre a cargo íntegramente del Gobierno vasco.
