El Gobierno extenderá el Código Ético a los funcionarios autonómicos
El Gobierno vasco extenderá al conjunto del funcionariado de la Administración autonómica de Euskadi “los valores y principios” recogidos en el Código Ético y de conducta de los cargos públicos. Ésta es una de las recomendaciones recogidas en la memoria de 2017 de la Comisión de Ética del Gobierno, el órgano que vela por la aplicación de este catálogo, y el Ejecutivo la incluirá en el proyecto de Ley de Empleo Público Vasco que se prevé aprobar antes de finalizar el año.
Los principales datos de la memoria, que ha sido editada este verano, han sido repasados por el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, durante la sexta jornada de trabajo dirigida a las personas adheridas al Código Ético, organizada por el Instituto Vasco de Administración Pública en Vitoria, informa Europa Press.
El texto recoge los datos de actividad de este organismo en 2017 y formula recomendaciones para mejorar el Código Ético, que es “un instrumento vivo”, según ha destacado el consejero. A lo largo del pasado ejercicio, se analizaron once casos, de los que ocho fueron presentados por los propios cargos públicos frente a “dilemas éticos que se les presentaban en el ejercicio de sus funciones” y tres son consecuencia de denuncias presentadas por terceras personas.
De esos once casos, se abordan varios aspectos, entre ellos el régimen que el Código Ético contempla en relación con los cargos públicos que, durante el ejercicio de sus funciones, son citados a declarar como investigados o imputados en un procedimiento penal. Según ha recordado Erkoreka, el Código contiene la previsión de que obliga a formular una consulta a la Comisión Ética para que “caso por caso” haga un pronunciamiento.
El consejero ha explicado que “la doctrina establecida desde 2015 ha venido siendo reiterada durante estos años y viene a decir que las consultas deben ser analizadas singularizadas” porque las circunstancias de la investigación y en que puede ser llamados a declarar son “muy diferentes” en términos de su impacto social, gravedad de los delitos o la verosimilitud de las acusaciones.
Frente a quienes apuestan por “tomar medidas cautelares inmediatamente en cuanto un cargo es llamado a declarar”, se apuesta por “una posición exigente, pero prudente al mismo tiempo”, de manera que la apertura de juicio oral debe ser “motivo para acordarse la dimisión, pero no sólo por ser citado a declarar”.
Este criterio, ha indicado Erkoreka, se “avala” en la evaluación recogida en la memoria, donde se señala que, de las 15 denuncias judiciales contabilizadas desde 2015, sólo dos continúan investigándose, mientras que 13 han sido sobreseídas.
Por ello, según han destacado desde Gobierno Vasco, se recuerda la importancia de respetar la presunción de inocencia de las personas investigadas judicialmente por el ejercicio de sus cargos públicos.
Por otro lado, la memoria también recomienda establecer “alguna previsión” que impida que los cargos públicos que tienen pendientes formalizar la adhesión al Código Ético y de Conducta queden “materialmente exentos del cumplimiento de sus postulados”. Para ello, plantea que la adhesión se realice con la toma de posesión del cargo.
