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La Ley Municipal Vasca, 35 años tarde

Solo la vuelta del PNV a Ajuria Enea y el "ataque" a la autonomía municipal que ha supuesto la aprobación por Rajoy de la Ley de Racionalización de la Administración Local han facilitado un primer consenso entres los principales partidos e instituciones en Euskadi.

José Antonio Santano (Eudel): "El proyecto aclara las competencias, nos protege de la agresión de la ley de Rajoy. Pero no está tan claro que se asegure la sostenibilidad financiera. De hecho, más dinero para los ayuntamientos no va a haber".

EH Bildu, que controla en Euskadi 103 consistorios, la mayoría en Gipuzkoa, pide más tiempo para presentar sus alegaciones.

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Los municipios vascos tendrán "mucha más" autonomía que los del resto del Estado

Asamblea general de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

Euskadi es la única comunidad autónoma que carece de una Ley Municipal y, probablemente, sea uno de los territorios que, por la complejidad institucional que arrastra desde la aprobación del Estatuto de Gernika, más la necesita. Proyectos de ley municipales ha habido unos cuantos y de Gobiernos de signo muy diferente, pero todos han acabado en el cajón del olvido ante la imposibilidad de articular una mayoría transversal, tanto en el Parlamento vasco, como institucional, con unas diputaciones siempre renuentes a despojarse de competencias. Y sobre todo ante el miedo reverencial (y la oposición de las diputaciones) a tocar una de las leyes troncales que articula institucionalmente Euskadi: la Ley de Territorios Históricos (LTH)

¿Ha tenido algún efecto en la realidad institucional vasca que la ley llegue 35 años después de aprobado el Estatuto de Gernika? Sin duda. “Ha supuesto un debilitamiento obvio de las potencialidades de desarrollo institucional del municipalismo vasco y que habían provocado un cierre en falso de la articulación de un sistema razonable de relaciones entre los poderes públicos de carácter territorial”.

La frase la podría firmar cualquiera de los alcaldes de los 251 ayuntamientos que han visto durante todos estos años como su posición de “subalternos” en el entramado institucional vasco no parecía importar lo más mínimo a los partidos. Formaciones que han sacrificado durante décadas las potencialidades de los municipios, las instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Pero la reflexión está recogida en el anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi que aprobó el Ejecutivo vasco el pasado 1 de julio. Lo que de entrada implica una autocrítica por el hecho inapelable de que los partidos han embarrado conscientemente la discusión según el signo del color del Gobierno de turno en Ajuria Enea hasta hacer imposible su aprobación.

“Hemos estado a la intemperie durante todos estos años, y fue una pena que la legislatura pasada no cuajara la ley presentada por el lehendakari Patxi López porque era un buen proyecto y suponía un salto adelante del municipalismo. El PNV, por razones de estrategia, evitó su aprobación”. Quien se lamenta así es el vicepresidente de Eudel (la Asociación de Municipios Vascos) y alcalde de Irún, el socialista José Antonio Santano.

Ley de Racionalización de la Administración Local

Pero todo ha cambiado con la irrupción legislativa del PP y con la vuelta del PNV a Ajuria Enea. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el pasado 27 de diciembre de 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Socialistas y EH Bildu entendieron la reforma de los populares como un clara “regresión” en la capacidad de actuación de los municipios y un “ataque a la autonomía local”.

¿Dónde se situaba el PNV en este nuevo contexto político tanto en Euskadi como en España? El Grupo Vasco en el Congreso pactó con el PP lo que los peneuvistas consideran un blindaje de la autonomía municipal en Euskadi. E introdujo en la ley de la Administración Local varias disposiciones que permiten que los consistorios vascos tengan reconocidas competencias más allá de las que tienen el resto de municipios españoles. Municipios que han visto vaciadas sus competencias en materias tan importantes como los servicios sociales, de empleo, culturales, perdiendo de esta manera la cercanía y la proximidad que la ciudadanía tanto valora, como recogen varias encuestas.  

Y con ese salvoconducto, el Gobierno vasco ha elaborado un proyecto que su portavoz, Josu Erkoreka, considera que recoge “las aspiraciones de los ayuntamientos vascos” y diseña además un “modelo propio de sostenibilidad financiera”. En definitiva, articula un modelo que integra a los gobiernos locales en la estructura institucional vasca con una cartera de servicios “sostenible y eficiente”.

Es cierto que el proyecto de ley –ahora en periodo de exposición pública y que ha venido cocinado previamente entre las diputaciones y Eudel, donde están representados los cuatro partidos mayoritarios vascos- contiene en su artículo 17 un ambicioso listado de competencias exclusivas de los consistorios. “El proyecto aclara las competencias, que de alguna manera quedan como estaban frente a la reforma del PP. Nos protege de la agresión de la ley de Rajoy. Pero no está tan claro que se asegure la sostenibilidad financiera. De hecho, más dinero para los ayuntamientos no va a haber”, advierte el vicepresidente de Eudel.

El proyecto nos protege de la agresión de la ley de Rajoy. Pero no está tan claro que se asegure la sostenibilidad financiera. De hecho, más dinero para los ayuntamientos no va a haber. (José Antonio Santano)


Santano valora que por el camino no se haya perdido una de las aportaciones que ya se recogía en la ley non nata del Gobierno socialista: la participación en pie de igualdad –aunque solo en determinadas materias- de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF). Esta presencia con voz y voto va a obligar a cambiar la LTH. El PNV, por primera vez en su historia, se abre a modificar “sin temor alguno” y “con el consenso de todos la normativa que fuere necesario modificar;  lo que supone en algunas ocasiones complementar y, en algún caso, puntualizar y hasta corregir, por ejemplo el texto de la Ley de Territorios Históricos”, se admite en la exposición de motivos de la ley de Urkullu. El PP, en la comparecencia a puerta cerrada ante la ponencia de duplicidades del Parlamento vasco del diputado general de Álava y 'numero tres' de la formación conservado, ha abierto la puerta a una "redistribución competencial", lo que supone también una novedad. Consciente de que la Ley Municipal -cuya aprobación ha pedido de manera reiterada en esta legislatura- va a suponer de hecho cambiar la LTH, el PP no se cierra en banda a discutir sobre el reparto del poder entre los tres niveles institucionales.

El proyecto de ley incopora dos figuras que han sido saludadas por los representantes municipales: la alerta temprana y la garantía del principio de autonomía local. La primera es una suerte de luz roja que se emitiría desde el nuevo Consejo Vasco de Políticas Públicas locales antes de el Ejecutivo o las diputaciones aprueben una norma que les influya. La segunda reconoce el derecho de los consistorios a "participar activamente en los procesos de elaboración de normas de los distintos niveles de autogobierno de las instituciones vascas que incidan directamente sobre sus competencias propias". Jose Antonio Santano pone una pega a ese consejo: "En la ley socialista era un órgano paritario entre Gobierno vasco y ayuntamientos. Ahora es tripartito, porque entran también las diputaciones. No nos gusta nada ese consejo", avisa Santano desde Eudel. 

La coalición soberanista –que controla en Euskadi 103 consistorios, la mayoría en Gipuzkoa- no ha querido por el momento entrar al fondo del articulado y pide más tiempo para hacer alegaciones. En su camino hacia las instituciones, los representantes de EH Bildu –que desde la creación de Udalbiltza no han participado en Eudel- han retornado a la Asociación de Municipios Vascos que preside la peneuvista Ibone Bengoetxea. Pero no han llegado a tiempo de participar en la elaboración de un documento en cuya génesis la consejería de Erkoreka decidió externalizar su redacción. El Departamento de Administración Pública y Justicia subcontrató su primer borrador a la empresa catalana Estudi Consultoria Secto Públic, SLP. El encargo costó al erario público 17.900 euros.

Ahora, EH Bildu pide tres meses más para presentar alegaciones y sus representantes subrayan que “no se puede hacer una Ley Municipal sin contar con la mayoría de los ayuntamientos. No se puede hablar de consenso cuando se ha dejado de lado a más de 100 consistorios gobernados por nosotros”, señala el parlamentario Dani Maeztu. Por el momento, sus aportaciones al debate no dejan de ser meras declaraciones genéricas en favor de la defensa de una autonomía municipal que refuerce sus competencias y asegure su financiación. La Ley llegará al Parlamento en otoño.

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